La causa de los seguros sigue en pleno movimiento. Este viernes, el juez Julián Ercolini ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de varias empresas satélites de Héctor Martínez Sosa y de otros brokers imputados en la causa como Pablo Torres García. Además, el magistrado ordenó operativos en una decena de organismos públicos como el Banco Central o la Fuerza Aérea para llevarse documentación sobre los contratos y los intermediarios involucrados.
Tras el freno que generó la recusación intentada por Alberto Fernández contra Ercolini, el juez decidió reactivar la investigación sobre varias empresas que figuran en un ranking elaborado por Nación Seguros sobre los 25 brokers más beneficiados durante el gobierno anterior. Ahí aparecen “Bri Brokers” y “Levelar”, dos sociedades ligadas a Martínez Sosa. También figura “Paris Broker”, ligada a Pablo Torres García, un empresario ligado al massismo y al PRO. “Los libros societarios de la firma indican la participación en la misma de Pablo Andrés Torres García y de otra persona con su mismo apellido”, explicó Ercolini.
El juez también decidió levantar el secreto bancario y fiscal sobre Emanuel Calvo, Laura Elena Crisafulli, Norberto Matías Garrido, y Fernando “El Turco” Salim, cuatro brokers ligados a Martínez Sosa. En paralelo, el magistrado le pidió al Banco Central, a la Unidad de Información Financiera (UIF), y a la AFIP que hagan informes detallados sobre todos esos productores. En total son 9.
En la primera etapa de la investigación, el juez había apuntado a los cinco principales brokers: Bachellier, Martínez Sosa, Castello Mercuri, San Ignacio y TG Broker. Esas empresas cobraron casi $2800 millones por comisiones en los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández. Ahora sumó a Bri Brokers y a Levelar que aparecen en puesto 8 y 11 del ranking elaborado por Nación Seguros, entre otras. “Además de su relevancia dentro del monto total de la maniobra, existen otros indicios que tornan conveniente profundizar la pesquisa sobre los mismos”, explicó el juez en una breve resolución a la que accedió Infobae.
La investigación sobre los seguros se reactivó la semana pasada cuando el juez Roberto Boico rechazó la recusación que había intentado Alberto Fernández contra Ercolini. Este lunes, el magistrado ordenó allanamientos en domicilios y oficinas que pertenecen a Martínez Sosa, casado con la histórica secretaria de Alberto Fernández. En total, fueron 11 procedimientos en Capital, Gran Buenos Aires y hasta en Tierra del Fuego, donde el broker mantiene los contratos con la provincia.
Entre la batería de medidas, Ercolini ordenó este viernes un operativo, a cargo de División Operaciones Federales de la PFA, en la firma “Service Risk SA” para secuestrar documentación, notebooks, CPUs y tablets.
También ordenó operativos en una decena de organismos para secuestrar documentación sobre las pólizas investigadas: 1) Banco Central, 2) Fuerza Aérea, 3) Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan O. Tesone, 4) Instituto Nacional del Teatro, 5) Junta de Seguridad en el Transporte, 6) Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación), 7) Policía de Seguridad Aeroportuaria, 8) Policía Federal Argentina, 9) Prefectura Naval Argentina, y 10) Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina.
En esos lugares, el juez pidió una copia de los convenios y de las pólizas de seguros contratados entre el 10 de diciembre de 2019 y 9 de diciembre de 2023, un listado de los intermediarios que intervinieron en esa póliza, y “los actos administrativos por los cuales se efectuó la selección y designación de dichos productores asesores de seguros y/o intermediarios”. No es un tema menor. El juez ya tiene comprobando que muchos de los intermediarios fueron puestos a dedo, como quedó expuesto en el caso de la ANSES.
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