Se reactiva la causa de los seguros: allanan oficinas y domicilios del broker Martinez Sosa

La causa de los seguros acaba de reactivarse tras el fallo de la Cámara Federal que ratificó al juez Julián Ercolini. Este lunes, el magistrado ordenó allanamientos en domicilios y oficinas que pertenecen al broker Héctor Martínez Sosa, casado con la secretaria de Alberto Fernández. En total, son 11 procedimientos en Capital, Gran Buenos Aires y hasta en Tierra del Fuego.

Uno de los allanamientos se llevó adelante en las oficinas que tiene la empresa del broker en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, ubicada en la calle San Martín al 800. “Entre 6 y 8 efectivos de la Policía Federal llevan a delante el procedimiento, realizando el retiro de documentación en el marco de la investigación por las contrataciones de seguros para la administración pública”, publicó FM Fuego. Según pudo saber Infobae, en ese lugar se llevaron documentación relacionada a los contratos con Nación Seguros.

También hay un allanamiento en las oficinas de Martínez Sosa ubicadas en la localidad de San Isidro.

La orden judicial apunta a secuestrar documentación y dispositivos de almacenamiento digital sobre los brokers y empresas asociadas al amigo del ex presidente. Esos satélites son Bachellier, Emanuel Calvo, Laura Elena Crisafulli, Norberto Matías Garrido, y Fernando “El turco” Salim, entre otros.

Hace tiempo los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que Bachellier, primera en el ránking de las empresas que cobraron comisiones por los contratos con el Estado, es un satélite de Martínez Sosa. Cuando allanaron la sede de la empresa, se encontraron con un departamento en Villa Crespo que “a simple vista no sería congruente con la sede de una empresa con negocios de tamaña envergadura”.

Durante las última semanas, el juzgado acumuló decenas de informes. El más importante es el entrecruzamiento de llamados ordenado a fines de abril. “Está muy avanzando aunque todavía hay teléfonos que no se abrieron”, respondió una fuente de la causa.

Ercolini pidió investigar las líneas que utilizaban el ex presidente Alberto Fernández, su ex secretaria María Cantero, el ex presidente de Nación Seguros Alberto Pagliano, y el broker Héctor Martínez, entre otros. La pericia determinará quiénes se comunicaban con mayor frecuencia. Pero también se analizaron decenas de conversaciones de WhatsApp y Telegram porque muchos de los teléfonos fueron secuestrados al comienzo de la investigación.

La investigación estaba estancada por la recusación que había presentado Alberto Fernández contra el juez Ercolini. Finalmente, la semana pasada el juez Roberto Boico rechazó la presentación. Opinó que no se pudo probar la “enemistad” que había argumentado el ex presidente. “La alegación de amistad/enemistad entre el Dr. Fernández y el Dr. Ercolini –pese a lo creíble del desarrollo de la relación profesional que los unió- contrasta con la expresa negativa del magistrado y la falta de elementos objetivos que desvirtúen ese rechazo”, fue uno de los argumentos del camarista.

En otro fallo, Boico y su colega Eduardo Farah votaron por revocar la inhibición de bienes de todos los imputados que había dictado Ercolini. El fallo fue festejado por los empresarios, pero casi no tuvo impacto en la realidad del ex presidente, que sigue viviendo en un departamento prestado.

Entre otras decisiones importantes, Ercolini debe decidir por estos días si autoriza que Nación Seguros pague las comisiones adeudados. Según reveló Infobae, se acumularon cerca de $1.040 millones por comisiones. De ese total, $210 millones corresponden a empresas investigadas en la causa judicial. Martínez Sosa es el principal, con $125 millones congelados. También aparecen empresas como Bri Brokers, con $50 millones, y Net Broker, con $13 millones.

Todos los pagos se frenaron los primeros días de marzo. Ahora, Nación Seguros le preguntó al juez si tiene que pagar. La presentación ya pasó por el despacho del fiscal Carlos Rívolo, quien opinó que solo se abonen las deudas a las empresas que no figuran en la causa. Eso implicaría liberar unos 820 millones de pesos.