Facultades delegadas limitadas y restricciones en los fideicomisos: qué dicen la nueva Ley Bases y el paquete fiscal del Gobierno

A última hora del martes y luego de un largo día de expectativas, el Gobierno envió finalmente los borradores de la nueva Ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos y del pacto fiscal. Se trata de los textos que el oficialismo pretende que se debatan conjuntamente en la Cámara de Diputados en los próximos días y que, además de los cambios acordados durante las negociaciones con la oposición “dialoguista”, cuenta con otras modificaciones que no habían trascendido.

Las principales tienen que ver con el futuro de la obra pública, las normas que regulan los hidrocarburos, el flamante régimen de grandes inversiones y el impuesto a las Ganancias.

Entre las principales diferencias con respecto al proyecto original, y que no habían trascendido, se encuentran las limitaciones a las facultades delegadas, restricciones en los fondos fiduciarios y correcciones en la tabla de impuestos a los Bienes Personales.

Los documentos fueron enviados pasadas las 21:00, tanto a los gobernadores como a los jefes de los distintos bloques en el recinto, para la revisión final antes de que las iniciativas sean tratadas formalmente en el plenario de comisiones durante la semana próxima.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, que estuvo al frente de las negociaciones con los distintos sectores involucrados en estas reformas, recibirá este miércoles en la Casa Rosada a líderes sindicales de la CGT para conversar sobre la reforma laboral, otro de los puntos que se discutirán en el Congreso.

El borrador de la ley, al que pudo acceder Infobae, tiene un total de 279 artículos y contempla la posibilidad de que las autoridades nacionales les entregue a sus pares de las provincias el manejo de las obras públicas que ya estén avanzadas, para que las jurisdicciones las puedan completar con fondos propios.

En cuanto al Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI), se remarcó que serán considerados “Grandes Inversiones” los proyectos que involucren la adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos que cumplan ciertos requisitos, como “prever para el primer y segundo año, contado desde la fecha de aprobación del plan de inversión y de la solicitud de adhesión, el cumplimiento de una inversión mínima en activos” determinada.

Si bien se mantiene la delegación de facultades especiales para el Gobierno “en materia administrativa, económica, financiera y energética”, la misma será solamente “por el plazo de un (1) año” y sin posibilidad de prorrogarla.

Además, se insistió con que el Poder Ejecutivo nacional deberá informar “mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”.

En tanto, en las disposiciones finales se aclaró que “los decretos dictados en ejercicio de las facultades delegadas por el Congreso de la Nación en la presente ley, estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100, inciso 12 de la Constitución Nacional”.

Sobre los fondos fiduciarios, el Gobierno avanzó con una modificación que explicita la obligación de mantener la asignación específica de la finalidad original, que fue uno de los puntos discutidos el lunes con los dirigentes radicales.

Por otra parte, seguirá vigente la posibilidad de vender la mayoría de las empresas públicas, incluidos los medios de comunicación y Aerolíneas Argentinas; la iniciativa para simplificar y digitalizar varios trámites; la condonación de deudas para regularizar las relaciones laborales y la unificación de los Entes Reguladores, entre otros puntos.

En lo que respecta al paquete fiscal, el mismo tiene un total de 101 artículos, entre los que se destaca la modificación de Ganancias, que pasará a denominarse como Impuesto a los Ingresos Personales y que, aunque en la redacción no termina de quedar del todo explícito, tendría un mínimo no imponible para solteros será de 1,800,000 de pesos, mientras que para los casados con dos hijos, será de $2,200,000.

“Los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2025, inclusive, por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior.”, se precisó, tal como se había acordado con la oposición.

Como ya había adelantado este medio, la clave para el oficialismo en lo que respecta a este gravamen está en la progresividad del mismo, por lo que se decidió que el porcentaje inicial (para aquel que sobrepase por poco ese piso) será del 5%, seguido por un 9% para la escala superior y, luego, del 12, 15 y 19 por ciento.

Según anticiparon fuentes de distintos espacios, el Gobierno espera tratar el conjunto de reformas la semana que viene en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, que estará conformada por las mismas tres áreas que trataron el asunto en febrero pasado: Legislación General, Asuntos Constitucionales y Hacienda.

En este sentido, el oficialismo considera que, si bien todavía quedan varias comisiones sin formarse, no es necesario que se incorporen al debate ya que, incluso, los artículos involucrados son menos que los que estaban en el texto original.

Las autoridades nacionales aspiran a que la discusión comience el martes próximo y calculan que la misma durará tres días, por lo que el encuentro final está previsto para jueves, cuando se elaborará un nuevo dictamen que le permitirá a la iniciativa ser votada en sesión ordinaria en el recinto, afines de este mes.