Salta suspendió el aumento de la tarifa eléctrica previsto para marzo y advierten que puede poner en riesgo el ordenamiento de las cuentas públicas

Horas después de recibir al ministro del Interior Guillermo Francos en la cumbre de mandatarios del Norte Grande realizada el martes en su provincia, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tomó una decisión con la que marcó una importante diferencia con el Gobierno nacional: suspenderá el aumento de la tarifa eléctrica previsto para marzo.

La medida -contraria al objetivo de la gestión de Javier Milei, que busca realizar un ajuste en el que se trasladen los precios reales del servicio al consumidor- fue ejecutada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos salteño y se aplicará por un lapso de 120 días.

Fue anunciada a solo dos meses de que el organismo aprobara una serie de actualizaciones tarifarias que hubieran significado una readecuación progresiva y un notable incremento en las facturas de los consumidores locales a partir de los próximos días, los cuales el mandatario provincial buscó frenar a fin de mantener estables los precios de electricidad por un tiempo más.

La decisión de Sáenz surgió en un contexto de fuertes críticas por parte de sectores de la oposición y representantes del sector comercial y hotelero de Salta, quienes argumentaban que los ajustes previstos en la tarifa eléctrica serían perjudiciales para la economía regional. Una de las voces que se alzó contra el incremento de tarifas había sido la del dirigente opositor Emiliano Estrada - ex candidato a gobernador y actual diputado nacional de Unión por la Patria - quien cuestionó los aumentos que estaban pautados en los cuadros tarifarios que se iban a implementar. Estrada se mostró en linea, además, con las Cámara Hotelera Gastronómica y Afines de Salta y la Cámara de Comercio e Industria de Orán.

Se trata de una controversia que se intensificó luego de la cumbre llevada adelante en las últimas horas, cuando se buscó, sin éxito, disminuir las tensiones entre la gestión salteñas y las directrices nacionales respecto a la política energética.

En este sentido, desde el Gobierno nacional advirtieron que esta postura puede generar un precedente contrario a la normalización de las deudas que distribuidoras provinciales públicas o privadas y cooperativas de todo el país mantiene con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) por la compra de energía.

Con respecto a esa problemática, las autoridades señalan que, si otras provincias replican el accionar de Sáenz, entonces las compañías sólo afrontarían los costos mediante la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), el único valor que fijan las autoridades provinciales.

Cabe destacar que el Ente Regulador había establecido a la Distribuidora de Salta un plazo de 90 días para regularizar su situación y presentar el convenio con la operadora de despacho del Mercado Eléctrico Mayorista a los fines de regularizar la situación de mora.

Los aumentos en la tarifa eléctrica

El Ente Regulador había resuelto a fines de enero aprobar un nuevo cuadro tarifario con una readecuación progresiva de los precios, estableciendo para febrero un aumento del 78%. La decisión fue tomada por el Gobierno luego de que alegaran que la empresa venía operando con costos a valores de marzo del 2023.

Según señalaron en aquel entonces, esta situación de falta de actualización del VAD -la parte de la tarifa que corresponde a los ingresos propios de la distribuidora para desarrollar su actividad- impidió que empresa pudiera cumplir con sus obligaciones por la otra parte de la tarifa, que son los costos de generación o precios de abastecimiento de la energía, contrayendo una deuda importante con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). En ese sentido, para marzo estaba previsto un incremento del 11,84% y para abril otro 11,84%.

De la lectura de la factura de luz, según se afirmó desde la empresa, el 60% del total se compone por el precio de la energía (37%), el precio del transporte (4%) y la carga impositiva (19%), en tanto que el restante 40% es responsabilidad de las distintas autoridades provinciales y corresponde al Valor Agregado de Distribución.

Por este motivo, desde febrero que el Gobierno nacional eliminó todos los subsidios a la luz, a excepción de los usuarios residenciales segmentados como N2 y N3 de ingresos bajos y medios, e incrementó el costo estacional de la energía de manera uniforme en todo el país. En el caso del VAD los incrementos desde marzo son dispares de acuerdo a las jurisdicciones, y están en distinta etapa de actualización.