La comunidad mapuche que usurpó un campo de siete hectáreas ubicado entre El Bolsón y Bariloche decidió permanecer en el lugar a pesar de la orden de retirarse voluntariamente y obligó a la Justicia a planificar el operativo para proceder al desalojo forzoso de las tierras.
Se trata de la comunidad Coronado Inalef, que ignoró las dos advertencias de abandonar la propiedad privada. Este lunes expiró el segundo vencimiento para retirarse voluntariamente y sus integrantes reafirmaron su intención de permanecer en el sitio.
Agotadas todas las instancias de diálogo y sin más recursos judiciales por delante, la Justicia rionegrina comenzó el proceso de planificación para desalojar las tierras por la fuerza.
Así lo confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de la provincia sureña a Infobae. El fiscal de la causa Francisco Arrien realizó dos actas de constatación, la primera el viernes y la otra este lunes. En ambas ocasiones dialogó con los integrantes de la comunidad y con referentes de distintas agrupaciones que se congregaron en el predio para “resistir el desalojo”.
Sin embargo, la medida es inminente. El juez de garantías Juan Pablo Laurence ordenó el desalojo y el magistrado de la instancia superior, Juan Martín Arroyo la ratificó.
Para evitar la ejecución de la medida, Laurence emplazó a la comunidad – en reiteradas ocasiones – para que abandonen el sitio de forma voluntaria y de esa forma se pueda restituir los terrenos a sus propietarios. El último plazo es el que expiró este lunes.
Desde el Ministerio Público informaron que “hubo dos instancias para evitar el desalojo con el uso de la fuerza pública, la última expiró este lunes y la comunidad reafirma su intención de permanecer en el territorio que deben desocupar”.
El protocolo para la ejecución del desalojo involucra a distintas organizaciones sociales, de minoridad y salud. “Su elaboración podría demandar algunos días, pero la medida es inminente” aseguraron fuentes del organismo.
El litigio comenzó en abril de 2023 cuando el grupo irrumpió en un campo de siete hectáreas que está a mitad de camino entre El Bolsón y Bariloche. Durante el juicio, los propietarios documentaron la titularidad de las tierras y avalaron esa presentación con informes catastrales que la confirmaron.
Los mapuches, por su parte, dijeron que su planteo tiene relación con una preexistencia en el mismo predio, que incluso data de 100 años atrás, aunque sólo defendieron su teoría con testimonios e historias verbales. No hay documentos que su vinculación con el campo.
En el marco del mismo expediente por la usurpación, los damnificados incluyeron también amenazas y lesiones debido a que al intentar recuperar la posesión del sitio, fueron agredidos por los integrantes de las familias Coronado e Inalef. El ataque, incluso, quedó registrado en fotografías y filmaciones, elementos que fueron incorporados como material probatorio durante el enjuiciamiento.
Distintas comunidades mapuches y otras instituciones expresaron su rechazo al desalojo. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó su preocupación por la medida judicial y con el objetivo de revertir la medida judicial envió una nota al procurador general de la provincia patagónica, Jorge Crespo.
En el texto el director del área de Litigio Estratégico y Defensa Legal del organismo, Diego Morales, solicitó que “se tenga en cuenta el marco normativo correspondiente y se arribe a una solución que no implique vulnerar la normativa nacional e internacional que protege a los pueblos indígenas, y se respete sus derechos humanos, sobre todo el derecho al territorio”. Y agrega, entre otros puntos, que “de llevarse a cabo el desalojo se estaría provocando un gravamen irreparable a la comunidad indígena”.
El titular de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro y Chubut, Orlando Carriqueo, hizo un planteo similar y focalizó su preocupación en la cantidad de mujeres y niños que residen en la propiedad. “Una vez más el poder judicial es el brazo ejecutor del despojo territorial de las Comunidades Mapuche Tehuelche” cuestionó.
Ninguno contempló, al menos en sus expresiones públicas, los alcances del fallo en el que el magistrado de primera instancia menciona el derecho vulnerado de los propietarios de las tierras y donde ordena la “inmediata restitución” a los querellantes.
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