El oficialismo senatorial ya se prepara, de cara a la semana próxima, para sufrir un potencial rechazo al mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía. Mientras que por estas horas se define si funcionarios lo defienden pasado mañana, en la comisión bicameral de Trámite Legislativo, Victoria Villarruel busca avanzar, de manera discreta, en un acuerdo con la oposición antikirchnerista para dar luz verde a un paquete de leyes amigables a la norma, con el fin de amortiguar el impacto de una eventual derrota.
Durante el mes pasado, el kirchnerismo le solicitó a la titular de la Cámara alta ir al recinto para rechazar el mega DNU. Amparada por el reglamento, la Vicepresidenta no puso fecha y dilató el tratamiento del tema. La situación empeoró en los últimos días, cuando legisladores de la oposición no cristinista también pidieron sesionar para debatir la medida del Gobierno.
Bajo este escenario, Villarruel y autoridades del Senado analizaron la semana pasada, previo al discurso que dio Javier Milei para inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias, la posibilidad de realizar una activación exprés de diversas comisiones para empujar leyes amigables al mega DNU como, por ejemplo, una mini reforma laboral, la declaración de la educación como servicio esencial y la ya usual disputa por alquileres, entre otras cuestiones.
El plan original que planteó la oposición anti K contemplaba agilizar las comisiones esta misma semana y sugirió al oficialismo apurar dictámenes. Por caso, una de las opciones era firmar un despacho con dos puntos laborales que frenó la justicia sobre el mega DNU: extensión del período de prueba y un nuevo cálculo de indemnizaciones. De hecho, la Corte Suprema falló sobre este último punto días atrás.
Otra ley importante para aprobar y girar rápido a Diputados -también se mueven allí, aunque de manera más desorganizada- está relacionada con la declaración de la educación como servicio esencial para arrinconar al kirchnerismo y a sus aliados, los sindicatos. También se evaluó un dictamen para derogar y retrotraer el sistema de alquileres a 2019, es decir, antes de la leyes que macristas y gran parte de la entonces oposición acompañaron entre 2019-2020, y la última vigente -antes del DNU- de Alberto Fernández.
El problema con el que se encontró el oficialismo en las últimas horas es que, para conformar todas las comisiones y ponerlas en funcionamiento, tienen que consensuar siete legisladores oficialistas y 32 de la oposición anti K, con ganas de trabajar de algunos pocos senadores y muchos otros que exigen, con aires de superioridad, estar en varios lugares al mismo tiempo, o presidencias estelares.
Con los tiempos ajustados, la jugada debatida no prosperará estos días. No obstante, Villarruel espera para el viernes tener sellado un acuerdo final para la integración de todas las comisiones, con el fin de activarlas recién la semana próxima.
Mientras se espera la confirmación de la bicameral y de los funcionarios que, en principio, estarían este jueves para defender el mega DNU, el oficialismo analiza una sesión la semana próxima, salvo que saque una carta mágica bajo el brazo y pueda dilatar el asunto. Si no ocurriera ello, la norma aterrizará el recinto y, como aliciente, el oficialismo podría llevarse la sanción de la ley que mejora la lucha contra el lavado de activos, que ya tiene dictamen.
Para que el mega DNU pierda vigencia, necesita el rechazo de ambas Cámaras, algo que nunca ocurrió. Si el Senado le baja el pulgar, su destino final dependerá de Diputados. De ahí el apuro de la oposición no kirchnerista para votar leyes amigables a la norma en observación no sólo del Congreso, sino también de la Justicia. Sólo resta saber si el Ejecutivo accede a abrir esta ventana, o si considera que la medida de Milei puede perder sin problema en el plano legislativo para ratificar un conflicto que, a su modo de ver, es un activo a sostener. Incluso, a cualquier precio.
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