La captura de Matías Daniel Santana, el trístemente célebre “mapuche de los binoculares”, fue considerado por el Gobierno como un avance estratégico para desbaratar y desalentar a los grupos insurreccionales y organizaciones delictivas que, detrás de una reivindicación ancestral, buscan ocupar valiosos terrenos en las zonas más ricas y desarrolladas de la Patagonia. Son grupos que han cometido actos terroristas que provocaron daños a bienes públicos y privados y llenaron de temor a los vecinos del sur argentino.
La caída de Santana ocurrió un mes y medio después de la extradición a Chile de Facundo Jones Huala, el líder de más alto perfil de los grupos violentos que actuaban en el sur del país. Y de la detención, el 14 de enero, de Gonzalo Fabián Coña, quien también tenía vigente una orden de captura activa por usurpación, y era mano derecha del cabecilla de todo este grupo que se declaraba integrante de una “nación mapuche”.
“El éxito de esta operación fue posible gracias a meses de trabajo de inteligencia, que permitieron recopilar información detallada sobre las operaciones y los líderes del grupo mapuche. Esta información fue fundamental para identificar las debilidades del grupo y planificar los operativos de manera efectiva”, explicaron en el Ministerio de Seguridad después de la detención.
La propia ministra Patricia Bullrich tuiteó en la tarde del sábado: “Basta de terroristas disfrazados de mapuches en Argentina”. Y tras describir los casos de Santana, Coña y Jones Huala, agregó “se les terminó la joda”.
Lo cierto es que fuentes de la cartera de Seguridad resaltaron que en las últimas semanas “se llevaron a cabo una serie de operativos sorpresa en los campamentos y puntos de operación del grupo mapuche”.
La captura y posterior extradición de Jones Huala a Chile, junto con las detenciones de otros miembros destacados del grupo, “representan un golpe significativo para la organización criminal”, destacaron en el Ministerio y manifestaron que a partir de las últimas noticias “no solo se debilitó su estructura y capacidad operativa, sino que también se envió un mensaje claro de que el Estado argentino no tolerará la violencia ni el desafío a su autoridad”.
Terrorismo disfrazado de mapuches
La violencia insurreccional y separatista en la Patagonia atravesó los últimos tres gobiernos. Desde la época de Cristina Kirchner, durante toda la administración de Mauricio Macri -que tuvo un pico dramático con la muerte de Santiago Maldonado- y en la de Alberto Fernández, grupos autoproclamados mapuches vienen ejerciendo de manera violenta reclamos de tierras, con ocupaciones de predios públicos y privados. También cometieron ataques incendiarios contra inmuebles públicos, tanto de municipios como Villa Mascardi y Bariloche, y propiedades privadas.
Entre las agrupaciones mapuches donde surgieron esas acciones estaba la Lafken Winkul Mapu, a la que pertenece Santana. El “mapuche de los binoculares” se hizo conocido porque declaró ante la Justicia que investigaba la desaparición y luego el deceso de Santiago Maldonado que había visto, parado sobre un caballo y con largavistas, como supuestamente efectivos de Gendarmería se llevaban al joven que murió ahogado en un correntoso y gélido arroyo patagónico.
Pero Matías Daniel Santana no sólo fue quien en pleno gobierno de Macri -en la primera gestión de Bullrich como ministra de Seguridad- intentó responsabilizar a las fuerzas de seguridad por el fatal desenlace del joven artesano. Sobre él pesaba una orden de captura vigente librada por el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche sospechado de ser responsable de incendio, atentado a la autoridad y usurpación con fecha octubre de 2022, en pleno gobierno de Alberto Fernández.
Finalmente, fue arrestado cuando se encontraba en un automóvil detenido en la vía pública, acompañado de una mujer y dos menores de edad. Santana está vinculado a Betiana Colhuan, que es considerada “machi” o máxima autoridad espiritual de la comunidad, con quien tuvo dos hijos.
Tanto Santana como Gonzalo Fabián Coña eran parte activa de la organización mapuche que lideraba Jones Huala, que el 4 de enero fue extraditado a Chile, donde deberá cumplir una pena de prisión efectiva que terminará, se estima, en junio próximo. El Gobierno confía en que la detención de los dos lugartenientes fueron dos golpes importantes para la estructura operacional de ese grupo terrorista. Y se mantienen en alerta por la posibilidad de que puedan surgir nuevos líderes y grupos con la misma lógica de acción violenta.
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