En medio de la tensión por el mega Decreto de Necesidad y Urgencia que desregula la economía y la decisión del Gobierno de no prorrogar las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo evalúa por estas horas publicar un nuevo DNU para dar luz verde a la ley que mejora la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La posibilidad de un DNU, según confiaron fuentes del Ejecutivo y del Congreso a Infobae, encendió las alarmas de la oposición no kirchnerista, que ayudó a la minoría oficialista a apurar el dictamen del proyecto en cuestión. La Casa Rosada necesita mostrarle al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) un avance sobre este tema, ante la inminente evaluación a finales del corriente mes. El objetivo es no quedar una vez más en la temida “lista gris” del organismo.
Desde el jueves, legisladores de bancadas anti cristinistas destilaron furia con el Gobierno, ya que existía un compromiso firme del Ejecutivo para prorrogar las extraordinarias y, el viernes 23, concretar la sesión preparatoria -por reglamento- y otra especial para sancionar la ley contra el lavado de activos. De hecho, además estaba la palabra de la oposición para no habilitar, con dos tercios, un eventual pedido del Frente de Todos para discutir el mega DNU que desregula la economía.
El proyecto en cuestión fue enviado por el gobierno de Alberto Fernández y aprobado en Diputados en 2023, aunque el cristinismo lo frenó después en la Cámara alta. Recién el 7 de febrero pasado, tras negociaciones entre La Libertad Avanza con el radicalismo, el Pro, los peronistas de Unidad Federal y legisladores silvestres como los renovadores misioneros, el oficialismo se llevó el dictamen de la iniciativa en un plenario que realizaron las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda.
La previa de dicho cónclave fue la intervención de la propia Casa Rosada para convencer a la oposición no kirchnerista de avanzar con un dictamen y saldar, con la reglamentación de la ley, algunos puntos que fueron advertidos no sólo en Diputados, sino también durante el plenario de comisiones concretado en el Senado. Uno de ellos es la manera de designar a las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), con injerencia clave del Ministerio de Economía.
En concreto, el artículo en lupa impone: “Créase la Unidad de Información Financiera (UIF), como organismo descentralizado de la administración pública nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, según las normas de la presente ley”.
Desde el Gobierno deslizaron días atrás la necesidad de sancionar la ley y solucionar inconvenientes con la reglamentación de la misma, así como su vigencia, como observó en su momento el peronista disidente y usual aliado del oficialismo Juan Carlos Romero (Salta). Con un DNU -que traerá polémica- podrían saldarse casi todas estas cuestiones excepto las de estricta índole penal que, como las electorales, tributarias, electorales o de régimen de los partidos políticos están inhabilitadas para ser activadas por esta vía.
“No se entiende. O nos mintieron deliberadamente en las comisiones o están haciendo las cosas muy mal”, señaló un experimentado legislador de la oposición no kirchnerista a Infobae. Y agregó: “¿Va a ser lo mismo para el GAFI, en cuanto a la estabilidad jurídica, un DNU que una ley con consenso de varias fuerzas? Casi que tenían la ley en sus manos y esto podría tener consecuencias en la ‘Casa’”.
Una eventual definición a favor de un DNU complicará aún más el equilibrio que fomenta desde el 10 de diciembre pasado la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, con la oposición que pretende mantenerse lejos del kirchnerismo pero que, cada vez más, critica las formas y modos de Javier Milei.
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