Milei tensa al máximo la política, se cierra en su círculo y por eso mismo necesita mostrar que tiene Plan B

Enojo, hasta furia presidencial, junto a la ofensiva sobre los gobernadores como un todo y a una gruesa descalificación de los diputados que votaron en contra de artículos centrales de la ley ómnibus. El foco está puesto en esos puntos, que unidos dibujaban el estado político del oficialismo. Javier Milei se cierra en su discurso y presenta el desenlace del megaproyecto como la expresión del enemigo a enfrentar. Ese un ruido buscado, pero en zona de riesgo si sugiere desconcierto y soledad en el Gobierno. Quizá fue advertido. El Presidente y algunos de sus funcionarios más cercanos salieron a transmitir que todo estaba en el cálculo inicial y que por eso existía un plan para esta contingencia.

La versión más elaborada de la reacción del Gobierno llegó casi 72 horas después del sacudón provocado por la sesión de Diputados que colocó a la ley en punto cero. Fue sintetizada en un texto presidencial, “Cambio de reglas”, una especie de segunda entrega, más completa, después del mensaje inicial bajo el título “La casta contra el pueblo”. En las dos declaraciones, se advierte igualmente una matriz que no es absolutamente nueva y que trasciende la identificación de derecha o izquierda.

No son pocos los consultores, y políticos, que advierten sobre la necesidad de evitar el análisis del quiebre producido por Milei con categorías más o menos tradicionales de la política. De todos modos, resulta significativo el núcleo del discurso y su reiteración. El Presidente coloca de su lado la representación del “pueblo” como conjunto, en base a la votación del balotaje; habla de la defensa de los “intereses nacionales” y le da cierta épica o sentido fundacional a su proyecto, con referencias a las “Bases” o la promesa de actuar con la “misma convicción que tenían nuestros Héroes de Mayo”.

Visto de ese modo, del otro lado no quedarían distintas expresiones opositoras, sino un enemigo, en esta caso una construcción amplia y bajo la etiqueta de “casta”, corrupta y complotada en contra del cambio. Llamativo. Nada absolutamente nuevo. Las etapas más criticadas por el oficialismo, es decir, las sucesivas gestiones kirchneristas, sostenían una estructura de discurso similar: se consideraban -lo sostienen- la representación del pueblo y de la patria, con sentido de continuidad en base a una forzada selección de próceres y contrafiguras de la historia nacional.

Milei ahora movió dos piezas al mismo tiempo. Escaló en el discurso de la “casta”, casi únicamente contra la oposición considerada “dialoguista”, representada por un archipiélago de bloques de lo que fue JxC, el peronismo no kirchnerista y algunas expresiones provinciales, en todos los casos con peso de los gobernadores. Y al mismo tiempo, buscó diluir cualquier interpretación sobre sorpresa y posibles efectos económicos negativos como consecuencia de la falta de sostén político para su primer y potente proyecto de ley.

La decisión de romper con lo que parecía ser un tejido para el funcionamiento legislativo, en la Cámara de Diputados y en el Senado, superó el discurso y llegó al punto de darle salida a funcionarios identificados con jefes provinciales que no se alinearon verticalmente con el Gobierno nacional. Los pedidos de renuncia fueron difundidos con un comunicado oficial. Dicho de otra forma: para destacar que fueron echados. Los nombres ya venían circulando bajo el argumento de que sus referentes políticos participaron de una “traición”. Se fueron así el jefe de la Anses, Osvaldo Giordano, y la secretaría de Minería, Flavia Royón. Mensaje para Juan Schiaretti -también para Martín Llaryora- y Gustavo Sáenz.

La idea de cerrarse políticamente ya había sido anticipada por versiones del círculo presidencial y, públicamente, por Milei, que habló de “no ser cómplices del juego de los parásitos de siempre”. Fuerte, pero sin respuesta sobre el modo de gobernar sin contar con posibilidades de acuerdos que aseguren leyes. Un mensaje seguido por medidas concretas, como el final de subsidios para el transporte de colectivos en las provincias, además de la poda de fondos por afuera de la coparticipación. Temas con algunos puntos considerados razonables, pero aislados, atados al ajuste sin discutir un nuevo pacto fiscal.

La idea de que es posible que se reabran puentes de diálogo circula entre algunos jefes provinciales. En sentido contrario, genera inquietud creciente la perspectiva de un enfrentamiento con ahogo financiero para las provincias y, por extensión, municipios. Eso mismo alimenta versiones y operaciones, incluso en círculos empresariales, sobre una prueba de gestión con plazos inmediatos.

La reacción económica fue evaluada hora por hora después del mensaje político que supuso el desenlace que tuvo la ley ómnibus. El mensaje de Luis Caputo, público y en reserva, apunta a sostener que no está en riesgo el plan económico, porque las medidas de coyuntura no dependían del megaproyecto. Eso, acompañado de advertencias de una profundización del ajuste, precisamente por la falta de esa ley. En esa visión, se trataría de una cuestión práctica ya prevista. Es cierto que estaba dicho -fue parte del mensaje previo a lo ocurrido en Diputados-, pero también lo es que cambió el sentido: ahora busca restar impacto a las consecuencias de un hecho político fuerte.

Milei, en su último comunicado, dedicó un tramo nada menor a asegurar que no hubo sorpresa sino previsión. “Sabíamos que iba a pasar”, dijo, y agregó que, por eso mismo, el Gobierno tenía diseñado un programa económico contra la inflación “sin necesidad del Congreso”. Hubo, en paralelo, una señal de giro más profundo en la relación con el PRO, elogiado por su actitud en Diputados y otra vez, en la hipótesis de un mayor compromiso de gestión. En otras palabras, la vuelta a un tema que quedó trunco en la transición.

Lo llamativo, según destacan en medios macristas, es que la versión surgió del círculo presidencial. Las conversaciones fueron reanimadas en los últimos días, pero la difusión sin cerrar acuerdo por completo nunca es un buen camino. No es un tema sencillo y tiene en primer lugar la instancia del trato con Mauricio Macri, más allá de la apuesta de Patricia Bullrich. Juegan además otros factores y no sólo cargos -ya se habla de la Anses-, como la relación de bloques en el Congreso. Y los reparos sobre la magnitud del gesto en el propio equipo de gobierno, teniendo en cuenta el modo en que operaron funcionarios como Nicolás Posse y Guillermo Francos.

Un capítulo que vuelve a ser escrito, pero en un contexto diferente, cuando recién se cumplen dos meses de gestión.