
Diputados comenzará a tratar desde este martes la ley “ómnibus” enviada por el Gobierno de Javier Milei, que tiene un fuerte rechazo del bloque Unión por la Patria: en las últimas horas la bancada kirchnerista, que comanda Germán Martínez, pidió trasladar la Casa Rosada al Congreso para que todos los ministros del presidente asistan a dar explicaciones sobre el proyecto en cuestión, con el objetivo de dilatar la discusión en la Cámara baja.
“Quienes integramos el Bloque de Unión por la Patria que presido requerimos se cite de manera presencial a los Ministros y Ministras de las áreas competentes en la reunión informativa conjunta de comisiones, que se convocó para los días 9 y 10 de enero”, expresa la misiva que Martínez le envió al titular de la comisión de Legislación General de la Cámara baja, Gabriel Bornoroni.
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El bloque opositor advirtió: “Señalamos con preocupación que la nota de convocatoria, fechada el 5 de enero, refiere a la posible participación de funcionarios en forma remota. No encontramos en este sentido justificaciones que permitan dispensar a los Ministros o funcionarios de participar de manera presencial ante el plenario de comisiones, donde deberán fundar el proyecto y responder a las preguntas que planteen diputados y diputadas nacionales”.
Bajo esa premisa, Unión por la Patria exige, por caso, que “se cite al Señor Jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, para que exponga y responda preguntas sobre los siguientes temas: modificaciones a la Ley de empleo público; privatización de Empresas Públicas; declaraciones de emergencia en diversas materias; régimen de política de calidad regulatoria; régimen de control interno de la administración; modificaciones en la legislación sobre la Oficina Anticorrupción; régimen de solución de controversias; contratos vigentes; modificaciones a la ley nacional de procedimientos administrativos; delegación de facultades por el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo; y toda modificación legislativa o delegación de facultades incluida en el expediente de referencia, vinculada a sus competencias”.
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En cuanto al ministro del Interior, Guillermo Francos, el cristinismo quiere que diserte sobre “legislación electoral y circunscripciones uninominales; modificación a las PASO; financiamiento de Partidos Políticos; traspaso de los organigramas de la Justicia Nacional a CABA; modificaciones vinculadas a la legislación en materia de turismo; modificaciones en materia de medio ambiente, actividades de quema, áreas periglaciares, manejo de fertilizantes, bosques nativos; y toda modificación legislativa o delegación de facultades incluida en el expediente de referencia, vinculada a sus competencias.
Dentro de la masiva convocatoria se encuentra el titular de la cartera de Economía, Luis Caputo. A él le demandarán explicaciones sobre la “declaración de emergencia en materia económica, fiscal, financiera, tarifaria y energética; modificación al funcionamiento del Banco de la Nación Argentina; blanqueo de Capitales; modificación al Impuesto a los Bienes Personales; moratoria tributaria, aduanera y de seguridad social; financiamiento educativo; modificaciones a Ley de pesca; modificaciones en la legislación de impuestos internos; desregulación económica; modificaciones a la Ley de biocombustibles; modificación a la ley de Administración Financiera; y modificaciones en las alícuotas de derechos de exportación”.
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El temario a Caputo no termina allí, ya que la bancada de Martínez busca indagar sobre “modificaciones a la Ley de hidrocarburos 17.319; consolidación y regulación de la deuda sector público nacional; marco regulatorio del gas natural; privatización de empresas públicas; régimen de incentivos para grandes inversiones; eliminación de la movilidad jubilatoria de haberes por ley; modificaciones a ley de entidades de seguro y su control; modificaciones a la ley de asociaciones mutuales; modificaciones a la ley de sociedades; operaciones de crédito público y su regulación; modificación a los impuestos a las transferencias de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas; y régimen de promoción del empleo registrado”, entre otras cuestiones.
Dentro de la carta enviada aparecen los ministros Guillermo Ferraro (Infraestructura), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mariano Russo (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Diana Mondino (Relaciones Exteriores) y Luis Petri (Defensa).
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