El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, realizó hoy una presentación judicial para que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía firmado por el presidente Javier Milei, que entró en vigencia este mismo viernes.
El mandatario confirmó en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que la presentación será realizada por los abogados Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Ferreyra. Se trata de una “acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad” de la norma impulsada por el Poder Ejecutivo ya que “produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución Federal y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”, según afirmó Quintela.
Se trata de la primera presentación que se hace ante la Corte Suprema en contra del DNU, el que ya fue objetado a través de diferentes amparos en tribunales menores.
Quintela aseguró que también pidió que se dicte “una medida cautelar que disponga la suspensión total de efectos del decreto”, que ya entró en vigencia, “y que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación a no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa”.
“Con la vigencia del DNU N° 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales. Por eso, este reclamo que lo hago en nombre de mi provincia, busca en el Poder Judicial de la Nación un pronunciamiento que garantice la vigencia del estado de derecho y consolide los valores de nuestra Democracia”, escribió Quintela en su publicación.
Qué dice la presentación judicial de la provincia de La Rioja
En el escrito que inició la causa CSJ 2847/2023 LA RIOJA, PROVINCIA DE c/ ESTADO NACIONAL s/ ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA advierte que “el DNU censurado constituye un acto de suma gravedad institucional porque materialmente se trata de la asunción y configuración de funciones legislativas masivas por parte del Poder Ejecutivo que la Constitución en modo alguno admite, porque de admitirse se acabaría con el sistema de pesos y contrapesos y, en definitiva, con las bases mismas del respecto a las competencias de los poderes, que hace al esencia misma de la Escritura fundamental de la República y significa una condición para la coexistencia pacífica y democrática. No es conjetura la gravedad institucional. Con singularidad se presencia una de los acontecimientos de mayor gravedad institucional, dado que se propicia una ruptura de las formas y condiciones instituidas para un racional gobierno republicano”.
Asimismo, señala que “es una tentativa de demolición del orden jurídico de la Argentina, que no posee antecedentes en toda la historia constitucional argentina, sin observar a las dictaduras militares y gobiernos de facto. Sin dudas, el DNU al lesionar la forma republicana de gobierno y la orientación democrática del Estado argentino, afecta reglas de nuestra Constitución, que deben mantenerse inalterables. Porque, cualquier intento o tentativa de reforma de esa “forma republicana” de gobierno y de esa “orientación democrática” para la toda la política del Estado federal solamente podrá ser calificada como un intento de demolición de la Escritura fundamental.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025″, y que establece la reforma del Estado, comenzó a regir a las 0 horas de este viernes 29 de diciembre.
Titulado “Bases para la reconstrucción de la Economía argentina”, el DNU fue presentado por Javier Milei y su gabinete de ministros en cadena nacional el pasado 20 de diciembre. Horas más tarde -en la madrugada del jueves 21- fue publicado en el Boletín Oficial, pero por ley debe entrar en vigencia a los 8 días, que se cumplen este viernes 29.
La ambiciosa jugada del Gobierno contempla el fin de las leyes de Alquileres, de Tierras y de Abastecimiento, flexibilización del mercado laboral y la antesala a la privatización de empresas públicas, entre varias reformas que fueron explicitadas en los 366 artículos del documento de 83 páginas.
Pese al rechazo de la Confederación General del Trabajo (CGT), los movimientos sociales y un sector de la sociedad civil que viene realizando cacerolazos contra las primeras medidas de Milei, el DNU ahora deberá ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso, un organismo integrado por ocho diputados y ocho senadores que debe emitir un dictamen sobre el fondo y la forma del decreto que, luego, deberá ser analizado por ambas cámaras.
En esta instancia, el DNU puede ser rechazado u aceptado por mayoría absoluta de los presentes. No se pueden introducir modificaciones ni agregados. Si ninguna cámara lo trata, quedará vigente. Si una cámara lo acepta y la otra lo rechaza, sigue vigente. Solo quedaría nulo si tiene rechazo tanto en Diputados como en el Senado. La Corte Suprema de Justicia también puede desactivarlo-hay fallos previos que juegan en contra de la avanzada de Milei- pero mientras tanto el DNU sigue vigente.
Previendo trabas, el Poder Ejecutivo incluyó el mega decreto en la Ley Ómnibus que envió esta semana al Congreso. En el artículo 654 del proyecto se ratifica el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. De esta forma, el Gobierno busca asegurarse la aprobación de las reformas por otra vía.
Quintela había quedado en el centro de la polémica tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje, ya que en septiembre, luego de las paso y antes de las elecciones generales, había dicho que si el dirigente libertario era elegido presidente, él renunciaría a la Gobernación. Sin embargo, tras el triunfo y la asunción de Milei, el mandatario riojano se mantuvo en su cargo
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