Críticas de especialistas al insólito permiso que exige la ley para reuniones de más de tres personas en el espacio público

El capítulo sobre Seguridad Interior del proyecto de Ley “ómnibus” de reforma del Estado enviado al Congreso por el presidente Javier Milei endurece las restricciones y las sanciones penales para quienes corten el tránsito. Sin embargo, el texto se amplía con un insólito requisito para las reuniones en espacios públicos, en el que se debe pedir permiso al Ministerio de Seguridad de la Nación en caso de que participen tres o más personas.

Además de la modificación propuesta al Código Penal, a través del artículo 331 del proyecto, el Gobierno define a la reunión o manifestación como una “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”, con el propósito de ejercer el derecho a la protesta.

De ser aprobada la ley, estas reuniones o manifestaciones deberán ser notificadas al menos 48 horas antes de su realización al Ministerio de Seguridad, detallando las características; los datos de la persona u organización que la convoca, especificando “nombres y datos personales”; la finalidad de la movilización; el recorrido que tendrá; el tiempo de duración; y la cantidad estimada de participantes. Una vez recibida esa información, la cartera dirigida por Patricia Bullrich otorgará un comprobante que deberán tener los organizadores al momento de la realización de la convocatoria, siempre y cuando no estorbe, impida o entorpezca el tránsito.

El permiso para “reunirse” y las fuertes restricciones a la protesta llamaron la atención de los expertos y abogados en derecho constitucional. El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, admitió que este aspecto de la norma “va a traer polémicas”.

“Hay normas raras, como el tema de que las reuniones de más de tres personas tengan que ser informadas al Ministerio de Seguridad. Esta reforma aplica en todo el país, cuando la seguridad es un tema local y de cada provincia”, puntualizó en declaraciones a radio Mitre el letrado de la Unión Cívica Radical (UCR). “Por supuesto que todo el mundo está satisfecho en que se reestablezca el orden cuando ha habido abusos y excesos. Hay que tener mucho cuidado porque la protesta y el derecho de reunión son constitucionales, y hay que buscar de manera que no se llegue a criminalizar la protesta”, agregó Gil Lavedra.

Agustina Lloret, abogada coordinadora del área de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuestionó la exigencia de contar con una autorización oficial para llevar a cabo una manifestación pública o reunirse. “Para los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las formas que tiene el Estado de desincentivar el derecho de la protesta”, afirmó a Infobae.

Según la letrada, “se está imponiendo el previo aviso para la protesta organizada y programada, sin tener en cuenta que también las manifestaciones públicas pueden darse de manera espontánea o autoconvocadas, decididas de un minuto a otro en función de un determinado reclamo”. “Salir a la calle a protestar no tiene el tiempo de atravesar un proceso burocrático que implica el pedir autorización al Estado”, señaló.

Para Lloret, el ministerio de Seguridad de la gestión de Javier Milei también está incorporando concepciones “discriminatorias” para el ejercicio de este derecho. “El protocolo antipiquete da la pauta que son ellos (por el Gobierno) los que van a decidir de manera discriminatoria y discrecional a quienes van a dar autorización para ocupar las calles y quienes se las van a rechazar. Eso va a estar guiado por el contenido político de las manifestaciones”, aseguró a este medio. Y agregó que estas restricciones se complementan con el aumento de las penas de los delitos de resistencia de la autoridad, que pasarán de 4 a 6 años de cárcel, cuando anteriormente era un tipo penal excarcelable, lo que afectará a todo tipo de reuniones o circunstancias callejeras. “Esta figura se utiliza para la protesta social pero además lo suelen usar las policías para el ‘control poblacional’, que son las intervenciones que especialmente están dirigidas a hombres jóvenes de barrios humildes, migrantes, trabajadoras sexuales y es ampliamente utilizada en los casos de la venta ambulante”.

El ex juez de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni, también se manifestó de manera crítica a las restricciones para protestar y reunirse del proyecto de ley ómnibus. “Lo que se hace de manera directa o indirecta es prohibir las manifestaciones públicas. Esto no es nuevo con el asunto de la interrupción de las vías de comunicación que lo tenemos en el Código Penal, ahora directamente para que no se lo discuta se lo pone expresamente en la ley. Es el pretexto que se usó hace muchos años para criminalizar la protesta social”, señaló en sintonía con Gil Lavedra y Lloret.

“El problema es que si se reúne gente no es una reunión de almas. Las almas no se reúnen solas, se reúnen con cuerpos que ocupan lugar. Por ocupar lugar, se penaliza. Directamente estás impidiendo la protesta. Hacer una reunión de almas sin cuerpo no se puede”, ironizó el ex ministro supremo en declaraciones a El Destape.