A pocos días de asumir, el presidente Javier Milei ultima los detalles de las designaciones de su Gabinete. En este contexto, oficializó a Rodolfo Barra como el procurador del Tesoro tras modificar el artículo de la ley 18.777 que ponía un límite a la edad de la persona que ocupe este puesto. Además, confirmó las designaciones de otros funcionarios que serán claves para su gestión.
A través del decreto 21/2023 publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, el mandatario modificó el artículo N°2 de la ley mencionada, que establecía: “El procurador del Tesoro de la Nación deberá ser ciudadano argentino, no menor de treinta ni mayor de sesenta años, abogado con el título habilitante expedido o revalidado por Universidad Argentina y contar por lo menos con ocho años de antigüedad en la profesión”, puesto que con esta normativa Barra no podía acceder al cargo.
Ahora, quedó redactado de la siguiente manera: “El Procurador del Tesoro de la Nación deberá ser ciudadano argentino, abogado con título habilitante expedido o revalidado por Universidad Argentina y contar por lo menos con ocho años de antigüedad en la profesión”. Luego, el Presidente oficializó la designación de Barra como titular de la Procuración del Tesoro, a través del decreto 23/2023. Su misión será dotar de blindaje legal al plan de reformas del jefe de Estado.
El ahora funcionario cuenta con una gran experiencia jurídica en el ámbito del Estado y también en el privado. Integró la Corte Suprema de Justicia y que fue luego ministro de Justicia durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, cargo al que renunció en 1996, después de una denuncia en la que se lo sindicaba como integrante en su juventud de la agrupación Tacuara, de orientación filonazi. Por esto mismo, cuando comenzó a resonar su nombre, la decisión fue cuestionada.
Otras designaciones claves
Además de oficializar a Barra al frente de la Procuración, el Presidente extendió la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por un plazo de dos años o hasta que cesen los motivos que dieron lugar a la medida, cuyo interventor será Silvestre Sívori, un abogado que trabaja desde hace tiempo junto al jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
Tal como indica el decreto, dentro de sus facultades se encuentran: elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción de la AFI ajustando su labor a las tareas de inteligencia y contrainteligencia previstas en la Ley N° 25.520 y sus modificaciones y a los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo Nacional; elaborar una propuesta de reformulación del Sistema de Inteligencia; evaluar, modificar y/o aprobar un nuevo régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas confidenciales de conformidad con la Ley N° 25.520; estructurar la Escuela Nacional de Inteligencia, adecuándola a los objetivos primarios establecidos; revisar la administración de fondos reservados y de compras y contrataciones en cualquiera de sus modalidades, entre otras metas enumeradas.
Como adelantó Infobae, en el entorno de Sívori habían anticipado que las chances eran muy altas de hacerse cargo de la AFI, pero esperaban el nombramiento a través del Boletín Oficial, algo que terminó de concretarse a través del decreto 24/2023.
Dentro de las nuevas designaciones, se encuentran también la de María Victoria Marcó, quien estará al frente de la Subsecretaría Técnica de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación. Bajo esta cartera, también estará la Subsecretaría de Asuntos Legales, que dependerá de Sergio Gabriel Iacovino, cuyo nombramiento también se publicó esta madrugada. En consecuencia, ambos trabajarán bajo la supervisión del secretario Javier Herrera Bravo.
Por último, Milei dejó firme la designación de Martín Rodríguez Giesso como escribano General de la Nación.
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