En su tercer día de mandato, el presidente Javier Milei ordenó una reestructuración de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Con dos decretos de necesidad y urgencia (DNU), oficializó el nombramiento del abogado Silvestre Sívori como jefe del organismo de los espías y dispuso de una intervención de dos años, en la que se avanzará con el achique del personal y otras medidas en el uso de los recursos.
La nueva etapa de la AFI quedó formalizada con decretos 22 y 24, publicados este miércoles en el Boletín Oficial. Con la firma del mandatario y el jefe de Gabinete de la Nación, Nicolás Posse, se reglamentó el procedimiento de normalización de la ex-SIDE por un plazo de dos años o “hasta que cesen los motivos” de esta medida.
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De acuerdo al texto del DNU 24/23, durante la gestión del Frente de Todos “se impulsó el desfinanciamiento del organismo, con el aparente objetivo de su posterior reasignación a las políticas públicas nutricionales y educativas para abordar la emergencia social instaurada, sin embargo no se evidenciaron modificaciones sustanciales debidamente acreditadas”.
Los puntos centrales de la reestructuración apuntan a los recursos de la AFI. Por un lado, el decreto establece un ajuste en el que se va pasar a disponibilidad a personal que el interventor considere conveniente y se dispone una “jubilación extraordinaria de aquellos agentes que, sin perjuicio de su edad, hayan reunido los requisitos para obtener la jubilación voluntaria, y no sean necesarios sus servicios”. Además se creará una “Comisión de Reencasillamiento del Personal” que implementará un régimen de retiro voluntario en el que se dictarán normas regulatorias y complementarias para reducir la dotación.
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La intervención tiene previsto “revisar la utilización de fondos reservados” y “las compras y contrataciones llevadas a cabo bajo el amparo del restituido Decreto N° 1311/15 y sus modificatorios y del Decreto N° 331/23″. La nueva gestión, según el decreto, apunta a detectar “alguna anomalía o incumplimiento” en las responsabilidades del organismo a fin de dar inicio a posibles investigaciones y denuncias.
El Presidente resolvió que “resulta imperioso reestructurar el Sistema de Inteligencia del Estado” que tenga como misión las actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia con el objetivo de “proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional”, señala los fundamentos del DNU.
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La vocación refundacional de la arquitectura estatal de los espías es persistente desde el retorno de la democracia. En 2001, la vieja SIDE se reemplazó por la Secretaría de Inteligencia (SI), con una norma que ratificó sus competencias de inteligencia interior, exterior y contrainteligencia, lo que le dio amplias atribuciones para operar. En 2015, último año de la presidencia de Cristina Kirchner, el Congreso reformó la Ley de Inteligencia Nacional, disolvió la SI y creó a la actual AFI con una reconfiguración de sus funciones y absorción de áreas de espionaje de otros ministerios.
Quien estará a cargo de la nueva gestión es Silvestre Sívori. El abogado es un letrado cercano al jefe de Gabinete Nicolás Posse y con pasado en el Gobierno de la Ciudad y en la gestión de Cambiemos en la Casa Rosada. Anteriormente, desempeñó funciones en la Secretaría Legal y Técnica porteña y en la Agencia de Protección Ambiental, así como también fue asesor en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad. En el Poder Ejecutivo Nacional, fue director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Transporte en el paso de Guillermo Dietrich en la cartera.
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Entre las varias misiones asignadas a Sívori, el nuevo interventor deberá “elaborar una propuesta de reformulación del Sistema de Inteligencia, el cual deberá ser puesto a consideración del Ejecutivo y reestructurar la Escuela Nacional de Inteligencia, adecuándola a los objetivos primarios establecidos”.
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