La letra chica del proyecto para reformar la Legislatura bonaerense en medio del caso “Chocolate” y el escándalo Insaurralde

Al final, y en medio de la investigación por el caso “Chocolate”, la oposición de Juntos por el Cambio presentó el proyecto de ley de reforma constitucional que busca pasar al sistema unicameral a la Legislatura bonaerense, conformada, de aprobarse, por 80 legisladores -53 menos que la composición actual- que se deberían renovar cada cuatro años, es decir, promueve la suspensión de las elecciones de medio término.

“Proponemos que el Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires se organice con una Legislatura unicameral, conformada por 80 legisladores provinciales, la mitad (40) se elegirán por un total de 5 para cada una de las 8 secciones electorales en las que actualmente se divide la provincia de Buenos Aires, y la otra mitad (40) se elegirán por una lista de orden provincial. En todos los casos (representación provincial y seccional) la legislación electoral establecerá un sistema de representación proporcional”, resalta el texto al que accedió este medio y que fue presentado por mesa de entradas de la Cámara baja el pasado viernes, con la firma de Maximiliano Abad, el presidente del bloque de Juntos en ese recinto.

El proyecto plantea la “reforma parcial” de los primeros siete artículos de la sección VI de la Constitución bonaerense, y la convocatoria al electorado provincial para la elección de los diputados convencionales que, en caso de tener consenso, avanzarán en la modificación de la ley.

“Si analizamos el derecho público provincial observaremos que actualmente de los 24 Estados que conforman el Estado federal, solo ocho conservan sistemas legislativos bicamerales, mientras que 16 han adoptado sistemas unicamerales. En el marco de los distintos procesos de reforma política en curso, la tendencia parece indicar que el unicameralismo ha recobrado la predominancia en el ámbito legislativo provincial”, agrega la presentación.

La reforma legislativa no era una prioridad de la política bonaerense hasta que el puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau fue detenido in fraganti en un cajero automático del centro de La Plata con miles de pesos y casi medio centenar de tarjetas de débito de empleados y supuestos trabajadores de la Legislatura, una trama que desnudó el financiamiento opaco del sistema de poder de la provincia que terminó de comprobarse cuando la modelo Sofía Clerici publicó en sus redes las fotos de Martín Insaurralde en un yate de lujo en la costa del sol española.

La Cámara baja de la Legislatura es controlada por Federico Otermín, el candidato a intendente de Lomas de Zamora de Unión por la Patria, un legislador de extrema confianza de Insaurralde. En el municipio, el segundo más populoso del Gran Buenos Aires detrás de La Matanza, aseguran que los “chocolates” no pertenecían solo al peronismo, si no que los beneficios derramaban en todo el sistema político.

En diciembre pasado, la Legislatura aprobó para este año una partida de más de $36.000 millones para la Cámara de Diputados y algo más de $25.000 millones para el Senado provincial para el funcionamiento y el personal de plantas permanente y temporaria de ambos recintos. Una friolera fabulosa que lleva décadas de funcionamiento.

Fuentes del bloque opositor explicaron que en el proyecto trabajaron una serie de constitucionalistas y colaboradores y que del resultado del 22 de octubre dependerá el nivel de consenso que pueda alcanzarse en torno al texto. “Puede haber una chance”, remarcaron desde Juntos.

Lo cierto es que el primero en recoger el guante fue el gobernador Axel Kicillof, que fue sorprendido por el caso “Chocolate”, pero tuvo un shock mucho mayor cuando sus colaboradores le avisaron, mientras participaba de un acto de la UOM, que habían aparecido imágenes de su ahora ex jefe de Gabinete a bordo de un yate en Marbella. El gobernador estaba con el secretario general del gremio metalúrgico, Abel Furlán, en un plenario en San Vicente, casualmente, el distrito preferido de Insaurralde del Gran Buenos Aires para llevar adelante algunas de sus inversiones inmobiliarias.

“Creo que ya lo he dicho, pero es importante repetirlo: por supuesto que, puesto un título así, habría que ver la letra chica, pero sí, por supuesto que estamos dispuestos a dar el debate”, dijo Kicillof la semana pasada durante una recorrida de campaña. En La Plata remarcaron de todos modos que, en caso de ser reelecto, el gobernador quiere negociar una amplia reforma constitucional que incluya, por ejemplo, el financiamiento electoral que hoy no está regulado en territorio provincial por ninguna ley.

Según el proyecto de la oposición, entre los “objetivos de la reforma” se describen “mejorar la representación política, ahorrar tiempos legislativos para el tratamiento y la sanción de las leyes provinciales”, y “bajar el gasto público”.

Mientras tanto, a pesar de que Insaurralde copó la agenda pública con su reciente viaje por la costa del sol española, que le valió la renuncia no solo a la Jefatura de Gabinete provincial si no también a la candidatura a primer concejal de Lomas, la causa denominada “Chocolate” sigue su curso, a pesar de los intentos de parte del sistema político bonaerense para que termine archivada en un cajón.

La semana pasada, la fiscal Betina Lacki amplió el listado de personas investigadas más allá de los 48 dueños de las tarjetas de débito secuestradas al puntero Rigau después de encontrar un cuaderno con otras 25 personas que se secuestró en la casa del dirigente. La fiscal quiere saber si esas personas son empleadas legislativas y, en todo caso, quiere tener acceso a sus legajos.

Otermín ya le había mandado los legajos de los 48 titulares de las tarjetas: la mayoría, según trascendió, ingresó a la Legislatura para trabajar en el bloque del oficialismo, aunque algunos de los implicados estarían vinculados a la oposición.

La Justicia debe dilucidar además el contenido del teléfono secuestrado a “Chocolate”: es una de las medidas que más inquieta al sistema político provincial.