Con el polémico aval del gobierno nacional, la líder espiritual de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, Betiana Colhuan, volverá junto a su familia y algunos colaboradores a las tierras de Villa Mascardi de las que fueron desalojados en 2022, debido a que el Estado Nacional se comprometió con reconocer al lugar como un “sitio sagrado para el Pueblo Mapuche”, a pesar de que este grupo no cuenta con los registros necesarios ante el el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y desoyendo los reclamos de los vecinos que fueron víctimas de ataques por parte de los miembros de esta organización.
La sorpresiva decisión es una de las conclusiones de la tercera mesa de diálogo que convocó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a instancias del presidente Alberto Fernández.
Incluso, el Gobierno, tal como adelantó Infobae, construirá tres edificios para albergar a la “machi” y su familia, colaboradores y también un espacio que utilizarán los mapuches “para ejercer sus tareas espirituales y medicinales”.
Pese a que aún falta “avanzar en el acuerdo”, Colhuan regresará “en las próximas horas” a las tierras que pertenecen a Parques Nacionales. La próxima reunión se realizará la semana próxima, en la que se buscará discutir las condiciones del convenio.
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El encuentro, que se realizó en el edificio de la ex Esma, se extendió durante algo más de siete horas. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, fue el funcionario convocante y también estuvieron los titulares del INAI y de Parques Nacionales, Federico Granato y Silvia La Ruffa respectivamente, y representantes de otros organismos públicos.
Tras un arduo debate, que incluyó varios cuartos intermedios, el organismo nacional propuso reconocer el sitio que usurpó ilegalmente la comunidad Lafken Winkul Mapu como territorio sagrado, permitiendo de esa forma el regreso de la “machi”, líder del grupo mapuche. Se trata de un espacio de siete hectáreas que pertenece a la Administración de Parques Nacionales.
El grupo tomó esas tierras en noviembre de 2017 y se instaló con la excusa de llevar adelante un plan de “recuperación territorial”. Desde allí, avanzó sobre propiedades públicas y privadas linderas, en las que provocó daños irreparables en sus estructuras, razón por la cual los vecinos comenzaron a hacer públicos sus reclamos.
La comunidad mapuche instaló una escultura de madera en forma de tótem, denominada rewe, que es utilizada por su guía espiritual para realizar curaciones y tratamientos. Cuando las familias fueron desalojadas por la Policía Federal de las tierras que habían usurpado, en octubre de 2022, la ex jueza federal subrogante Silvina Domínguez ordenó destruir las casillas que habían construido los mapuches, a excepción de esa escultura de madera.
Sin embargo, ahora, la líder vivirá, juntos a sus hijos y su pareja, Matías Santana, un hombre que tiene pedido de captura y se encuentra prófugo de la Justicia en una de las tres construcciones que edificará el Estado Nacional. Santana es conocido como “el mapuche de los binoculares” por su declaración durante el operativo de búsqueda de Santiago Maldonado.
En la segunda construcción se albergarán los “colaboradores indispensables” de la “machi”. El tercer edificio, por otro lado, será para los pacientes que acudan al sitio en búsqueda de curaciones y sanaciones, servicio que aparentemente ofrecerán los miembros del grupo mapuche.
En el tercer punto del acuerdo, el Estado Nacional admite que la agrupación Lafken Winkul Mapu carece de registros ante el INAI y manifiesta que “continuará con los trámites” para ser reconocida como comunidad. Los mapuches podrán volver al territorio desde el próximo lunes 5 de junio “para constatar la seguridad e integridad del Rewe”.
Libertad de las mapuches detenidas
Uno de los puntos salientes de la mesa fue la situación de las mujeres mapuches que permanecen detenidas – entre las que se encuentra Betiana Colhuan- y acordaron presentar un acuerdo de conciliación para lograr su liberación.
En ese sentido, la defensa de las imputadas y los representantes legales del organismo querellante, Parques Nacionales, se comprometieron a elaborar en los respectivos juzgados intervinientes “un acuerdo de conciliación en los términos del artículo 34 del Código Procesal Penal”, a través del cual las tres aprehendidas, quedarían en libertad.
El vocero del Parlamento Mapuche, Orlando Carriqueo, confía en que “la machi recuperará la libertad en los próximos días, y desde ese momento podrá regresar al territorio sagrado”.
Apenas trascendió la decisión del gobierno y a pesar de que los términos de la propuesta ya habían trascendido, los vecinos de Villa Mascardi expresaron duras críticas a las autoridades nacionales que la impulsan.
Varios de los damnificados por los ataques terroristas mapuches, incluso, estuvieron en la puerta de la Ex Esma para expresar su desacuerdo al regreso de los “encapuchados” a las tierras públicas.
“Es la locura más grande que podía pasar. A los violentos, usurpadores y terroristas, el Gobierno Nacional los premia con tierras públicas” dijeron.
El diputado nacional Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) recordó que la agrupación “manifestó en reiteradas ocasiones que desconoce al Estado Argentino. ¿Cómo se entiende que el Estado ahora los premie otorgándole tierras que pertenecen a todos los argentinos?”.
Además, dijo que “son violentos, usurpadores y que no están registrados ante los organismos correspondientes. Es inexplicable que el Estado busque beneficiarlos, a cualquier costo”.
El legislador del Pro Juan Martín, dijo que “no por previsible esto deja de ser una pésima noticia. Una vez más, el Gobierno mostró su actitud de complicidad frente a los grupos violentos que usurparon y destruyeron propiedad pública y privada en Villa Mascardi”.
Sostuvo además que “este acuerdo, hecho a espaldas de los vecinos de Villa Mascardi, le da legitimidad a una supuesta comunidad que no la tenía, por no estar comprendida dentro del marco legal, y abre las puertas para seguir regalándoles tierras que no les corresponden”.
Anticipó además que este viernes presentará un proyecto en la Legislatura de Río Negro para repudiar el acuerdo, mientras “evaluaremos otras acciones a tomar”.
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