Las empresas de colectivo le entregaron a Kicillof una carta en la que negaron haber recibido subsidios para cámaras

En la reunión que mantuvieron con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y miembros de su Gabinete, los representantes de un grupo de líneas de colectivo les entregaron una carta en la que negaron haber recibido subsidios para la instalación de las cámaras de seguridad en las unidades.

El mandatario local recibió el texto de parte de los enviados de la Cámara Empresa de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.), que agrupa a varias compañías que operan en el AMBA, en el marco de un nuevo encuentro que se llevó adelante entre las partes tras el asesinato de Daniel Barrientos, conductor de la 620, asesinado durante un hecho de inseguridad en La Matanza.

Puntualmente, la carta está dirigida al ministro de Trasporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, ante “la difusión que ha tomado el hecho referido a que las empresas del sector en la jurisdicción provincial y comunal” habrían “recibido los fondos necesarios” para el equipamiento de esos aparatos.

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“La C.E.A.P. quiere manifestar al Sr. Ministro el enfático rechazo de dicha versión, negando en consecuencia que, las mentadas empresas hayan recibido específicamente suma alguna de dinero, para equipar las unidades con Cámaras de Video y mucho menos es cierto que las empresas tengan alguna responsabilidad sobre el funcionamiento del Centro de Monitoreo y respuesta que está previsto para que el sistema impacte en la Seguridad Pública, responsabilidad inherente e indelegable del Estado Provincial”, señalaron las compañías.

La cámara empresarial consideró que, “en un claro intento de transferir la responsabilidad”, las autoridades de la provincia difunden “profusa e intencionadamente el tema de la instalación de Cámaras de Seguridad, Botón de alerta, y otras inversiones que podrían disuadir este flagelo, pero de ninguna manera evitarlo”.

“Esta entidad empresaria destaca, sin hesitación alguna, que no se opone a la instalación de las aludidas cámaras, ni a ningún otro dispositivo que tienda a disuadir el delito y a proteger a sus trabajadores y pasajeros, pero para que ello resulte posible, en una actividad sometida a ingresos regulados, deficitarios y pagos en flagrante mora, tales implementaciones resultan de imposible cumplimiento, y ello es del pleno conocimiento del Sr. Ministro”, se agregó.

En este sentido, la CEAP remarcó que “los servicios operan de manera deficitaria, sin cubrir siquiera los costos de operación, con una fuerte descapitalización de las empresas y obviamente incapacitadas de ejecutar inversiones que no sean sostener precariamente el servicio mientras el capital ya invertido lo soporte”.

Al respecto, el organismo señaló también que el Poder Ejecutivo local retrasa incluso la entrega de subsidios, ya que “se han percibido con mora y sin factor de corrección alguno, compensaciones que no solo resultan representativos de costos alejados de sus valores reales, sino que se encontraban ajustados al mes de agosto de 2022″.

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Sobre las cámaras de seguridad, las empresas argumentaron que “existieron varios intentos por promover este sistema de monitoreo”, pero que “nunca se logró superar el escollo inicial, a saber: la asignación presupuestaria para solventar la inversión inicial y mantenimiento” del mismo.

Sobre este punto, la entidad recordó que “hasta la fecha, el referido Monitoreo en la Provincia de Buenos Aires solo tuvo una implementación parcial en el año 2018 y 2019″, cuando el gobierno “instaló a su costo cámaras y botones de alerta en aproximadamente 1.000 unidades, siguiendo las prioridades que marcaban los mapas de las áreas críticas con hechos de inseguridad pública”.

“¿Por qué esta incorporación no resolvió el problema? En primer término, porque el costo fue prorrateado considerando una amortización en 10 años, es decir, se presupuestó pensando en compensar la inversión requerida en 10 años, y a la fecha solo ha transcurrido 1,5 años de dicho plazo de amortización”, cuestionaron las firmas operarias de más de 50 líneas de colectivos.

Asimismo, indicaron que, “en segundo término, como en la casi totalidad de los ítems que conforman los costos, se advierte que desde su incorporación en octubre de 2021 y hasta la fecha con costos definidos en marzo 2023 y hasta agosto 2023, no se consideró ninguna actualización de los mismos”.

“Y tercero, el costo de octubre del 2021, cuando se introducen por vez primera el concepto Cámaras de Seguridad (Res.504-21), en total fue ajustado respecto del costo precedente (Res.355-21) un 19,92%, cuando el incremento general (por ejemplo en SGI sin Cámaras de Video) fue de 19,79 %, poniendo en evidencia que el incremento asignado a las Cámaras de Video (1,69%) fue solamente figurativo y terminó neutralizado, reduciendo al costo en algún otro concepto”, agregaron las empresas.

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