La Cámara de Diputados se prepara para una semana de intensa actividad con la visita del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el debate del proyecto para nombrar 50 jueces y fiscales que hagan frente a la escalada de violencia narco en la provincia de Santa Fe.
Tras varios meses con niveles mínimos de actividad -no hubo sesiones en diciembre, solo una durante el período de extraordinarias, y ninguna en lo que va de marzo-, oficialismo y oposición parecen haber encontrado una agenda acotada de temas de consenso.
Si bien el tiroteo al supermercado del suegro de Lionel Messi le dejó poco margen de maniobra al Frente de Todos, que tuvo que apurar el proyecto para fortalecer la Justicia Penal en esa provincia, también se destrabaron otras iniciativas de carácter económico, como el monotributo Tech, el fomento de las exportaciones agroindustriales y la problemático de las hipotecas UVA.
Juntos por el Cambio también tuvo que revisar su estrategia de no dar quórum mientras continúe el proceso de juicio político a la Corte Suprema. Si bien los sectores más duros buscaban mantenerse firmes en el bloqueo parlamentario, parte de la oposición comenzó a sentirse incómoda antes las críticas por la falta de actividad.
La ley de Agroindustrias es un claro ejemplo en ese sentido. El proyecto había sido presentado en las sesiones extraordinarias del año pasado. No se trató. Tampoco registró grandes avances durante el año ni se debatió en febrero pasado. Hasta perdió estado parlamentario a fines del mes pasado.
Tras nuevas negociaciones con el radicalismo, el Frente de Todos volvió a presentar el mismo proyecto y aceptó modificaciones sugeridas por Juntos por el Cambio. No obstante, la inclusión de una rebaja en las retenciones, reclamada por diputados del PRO, fue rechazada de plano.
Por su parte, lejos de las posturas más extremas del PRO, los diputados de la UCR darían el quórum para brindar respuestas a un sector que afronta un duro panorama por la sequía, incluso si implica que la coalición opositora vote dividida.
Desde la bancada oficialista hacen números y descuentan el apoyo de Ricardo Buryaile (UCR), presidente de la comisión de Agricultura. Creen que en el próximo plenario de comisiones el proyecto obtendrá dictamen y quedará listo para ser debatido en el recinto.
El proyecto apunta a lograr una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con mayor valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología (semillas, fertilizantes, genética, entre otros). El objetivo es alcanzar en 2030 exportaciones por USD 100.000 millones y la generación de 700.000 nuevos puestos de trabajo.
“Se ha mejorado mucho el proyecto. Se le ha quitado burocracia, se le ha dado mayor celeridad a la amortización acelerada, se han introducido incentivos para usar tecnología como fertilizantes, semillas fiscalizadas, genética bovina; y se introdujo un incentivo para la generación de empleo con la reducción de aportes patronales para las micro pequeña y mediana empresas”, dijo Buryaile tras la última reunión.
Por otro lado, el miércoles pasado se analizaron en comisión 11 proyectos para abordar la problemática de los deudores hipotecarios UVA. Oficialismo y oposición acordaron seguir analizando los detalles de cada iniciativa para buscar puntos en común.
El sistema de créditos UVA fue implementado durante la administración de Mauricio Macri y las personas que los tomaron ahora enfrentan serias dificultades para poder abonar las cuotas indexadas por inflación.
En términos generales, la mayoría de los proyectos propone utilizar algún tope a las actualizaciones (como el Coeficiente de Variación Salarial) y la creación de un fondo fiduciario con aportes de los bancos para financiar el desacople entre inflación y salarios.
“Tenemos que dar una respuesta urgente, si no lo soluciona la política, lo va a solucionar la Justicia”, advirtió el radical Julio Cobos, principal impulsor del reclamo de los hipotecados. La semana que viene habrá reunión de asesores para buscar puntos de síntesis entre todas las propuestas.
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