El “Human Rights Report 2022″, elaborado por el Departamento de Estado de EE.UU, alertó sobre los graves casos de corrupción en el gobierno de Alberto Fernández y por la embestida contra el Poder Judicial.
En el informe, que analiza la situación de los derechos humanos en el mundo, también se destaca que si bien “el gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o participaron en actos de corrupción”, no fueron las suficientes para lograr que los acusados fueran condenados.
“La ley prevé sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no aplicó la ley de manera efectiva”, sostiene el informe, que hace alusión a “un sistema judicial politizado” que “socavó los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”.
Incluso, mencionó que hasta septiembre de 2022 -que es el mes en que concluyó el informe- había varias investigaciones en curso contra figuras políticas de alto rango, como la vicepresidenta Cristina Kirchner, y ex personalidades políticas. Es decir, hace omisión la condena de 6 años de prisión que recibió la ex presidenta por la causa Vialidad, en diciembre del año pasado.
De todas maneras, el informe hace un resumen sobre la situación judicial de Cristina Kirchner y otros 9 imputados principales (de 45 en total), que fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015 cuando Fernández de Kirchner era la Jefa de Estado. “Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en USD160 millones”, señala el reporte de EE.UU, y “pidieron que sea condenada a 12 años de prisión y se impusiera una prohibición de por vida para servir para ejercer cargos públicos”.
En lo que respecta a la corrupción, el Departamento de Estado señaló a otros organismo donde predominan los delitos: “Hubo corrupción y la complicidad oficial en algunas fuerzas de seguridad”. Y agregó que “los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de las personas involucradas en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y la prostitución. Las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes”.
Además, advirtió sobre “las demoras prolongadas, los atascos procesales, las largas lagunas en el nombramiento de los jueces permanentes, el apoyo administrativo inadecuado y la ineficiencia obstaculizaron el sistema judicial” argentino.
En ese sentido, hizo referencia a que en la Argentina “la ley prevé un poder judicial independiente, pero los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetan la independencia e imparcialidad judiciales”. Y puso como ejemplo las investigaciones realizadas por ONG nacionales, que señalan que “los jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales a veces eran objeto de manipulación política”.
También se refirió a los procedimientos para llevar adelante las investigaciones, muchos de los cuales contribuyeron a que la opinión pública pensara que “algunas de las decisiones judiciales eran arbitrarias”.
El gobierno de Joe Biden señaló que entre las violaciones a los derechos humanos existentes había que hacer foco en “informes fidedignos de homicidios ilegítimos y arbitrarios, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales”.
En otro de los capítulos del reporte se hizo referencia a la libertad de expresión que hay la Argentina: “La Constitución establece la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y otros medios de comunicación, y el gobierno generalmente respetó este derecho”.
Sin embargo, destacó que hubo ataques a distintos sectores de la prensa por parte del gobierno que “socavan la libertad de expresión en el país” y que fueron alertados por el Foro Argentino de Periodismo (FOPEA). Entre ellos, mencionó las demandas contra la periodista Irene Benito (La Gaceta) y los periodistas Daniel Santoro (Clarín) y Daniel Enz (Revista Análisis). En todos estos casos, FOPEA argumentó que figuras políticas utilizaron el sistema legal para silenciar a estos periodistas.
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