Asesinatos, desapariciones y torturas: el informe de los Estados Unidos sobre la dictadura de Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos publicó este lunes un informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. En el documento se enumeran asesinatos, desapariciones y torturas cometidas por las fuerzas de seguridad del régimen chavista.

“Cada vez más impopular entre los ciudadanos, el régimen de Maduro depende de los servicios de inteligencia civil y militar y, en menor medida, de las bandas armadas partidarias del régimen conocidas como colectivos, para neutralizar a la oposición política y someter a la población. Hay informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos. Un informe de la ONU de septiembre detalló el uso sistemático del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección de Contrainteligencia Militar para intimidar y controlar las actividades de los opositores políticos”, dice el documento de la Casa Blanca.

El informe denuncia que el régimen de Maduro no tomó acciones efectivas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los oficiales que pudieron haber cometido violaciones a los derechos humanos o que estuvieron implicados en casos de corrupción.

Asesinatos

El documento detalla de numerosos informes en los se dan cuenta homicidios arbitrarios o ilegales cometidos por el régimen de Maduro.

“Aunque el régimen no divulgó estadísticas sobre ejecuciones extrajudiciales, las organizaciones no gubernamentales (ONG) informaron que las fuerzas policiales nacionales, estatales y municipales, así como las fuerzas armadas y los colectivos apoyados por el régimen, llevaron a cabo cientos de ejecuciones durante el año”, denuncia el informe.

Entre las decenas de casos denunciados está una masacre cometida por Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El 20 de marzo de 2022 miembros de el ejército asesinaron a cuatro indígenes e hirieron a otros cinco de la comunidad yanomamis en el Amazonas venezolano. El altercado se habría iniciado cuando miembros de FANB se negaron a devolver un router de internet que pertenecía a los indígenas.

Washington señala que la Fiscalía de Venezuela, encabeza de Tarek William Saab, no ha investigado de manera oportuna los crímenes cometido por las fuerzas de seguridad chavista y se niega dar cifras de oficiales que están siendo investigados o que se encuentran en etapa de juicio.

El informe también señala asesinatos contra líderes ambientales, políticos e incluso un policía acusado de corrupción que murió mientras era torturado e interrogado.

“Según un informe de junio publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se sometió a una reestructuración en 2021 que resultó en la disolución de Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), entidad involucrada en muertes en el contexto de operaciones de seguridad. A pesar del anuncio de la ACNUDH, las ONG locales señalaron que el régimen nunca emitió una declaración oficial que confirmara la disolución de las FAES. En septiembre, PROVEA informó que la sede de la FAES reemplazó las siglas de la FAES por la Dirección General contra el Crimen Organizado (DGCO) y la Dirección de Investigaciones Criminales. PROVEA también señaló que el exdirector de FAES, José Miguel Domínguez, figuraba como director de la DGCO”, señala el informe.

Desapariciones

El informe señala 246 desapariciones o secuestros entre enero y junio en los estados fronterizos Táchira, Falcón, Zulia, Bolívar, Apure y Amazonas. Según las investigaciones que la ONG Fundaredes documentó en la región fronteriza, los grupos armados irregulares y las bandas criminales fueron cómplices con las fuerzas de seguridad del régimen en la violación de derechos humanos, incluidas desapariciones.

“El régimen de Maduro siguió negando las solicitudes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de visitar el país para realizar investigaciones. En 2020, el Grupo de Trabajo denunció 29 casos pendientes de desapariciones forzadas o involuntarias”, señala el documento.

Torturas

El documento publicado por la Casa Blanca señala de informes creíbles de que las fuerzas de seguridad de Maduro torturaron y abusaron regularmente de los detenidos.

“La Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, alineada con el régimen de Maduro, no publicó estadísticas sobre las denuncias de tortura por parte de la policía durante el año. Varias ONG detallaron casos de tortura generalizada y ‘tratos crueles, inhumanos y degradantes’. Los grupos de derechos humanos y la FFM informaron que el régimen siguió influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de manera selectiva y subjetiva”, denuncia el documento.

Muchos de los torturados son prisioneros políticos o miembros de las fuerzas de seguridad que han denunciado los aterradores métodos aplicados por parte del régimen de Maduro para torturar. Algunas personas han muerto mientras eran torturadas.

“El 6 de enero de 2022, el teniente coronel del ejército Igbert José Marín Chaparro, preso político detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), puso fin a una huelga de hambre que inició el 21 de diciembre de 2021, en protesta por las malas condiciones de detención y las torturas recibidas durante su detención. Marín Chaparro emitió una carta pública solicitando a diversas instituciones internacionales que investiguen el uso de mecanismos de tortura utilizados contra él y otros presos, como la Casa de los Sueños, celdas de castigo en el sótano de la sede de la DGCIM. Marin Chaparro también informó que fue torturado con bolsas en la cabeza, gases lacrimógenos y golpes repetidos que le rompieron las costillas”, señala el informe.

Presos políticos

La dictadura, señala el informe, Maduro utilizó el poder judicial para intimidar y enjuiciar a personas críticas con las políticas o acciones del régimen. Al 28 de noviembre, Foro Penal reportó 277 presos políticos en la cárceles y centros de detención venezolanos.

“Los datos de Foro Penal reportados entre enero de 2014 y noviembre de 2022 mostraron que 15.777 personas fueron detenidas por motivos políticos y 875 civiles fueron procesados inconstitucionalmente ante la jurisdicción penal militar. Foro Penal registró que más de 9.400 personas seguían sujetas a procesos penales arbitrarios por medidas cautelares de motivación política. El régimen mantenía habitualmente a los presos políticos en las instalaciones del SEBIN, la prisión militar de Ramo Verde o en la sede de la DGCIM en Boleita, Caracas”, señala el documento.

Libertad de expresión

De acuerdo con el informe y apoyado en los datos de la ONG Espacio Público, en 2022 se reportaron 228 casos de violaciones a la libertad de expresión en 128 casos entre enero y agosto, incluyendo censura, intimidación, hostigamiento verbal y judicial, amenazas, agresiones, una muerte y 14 arrestos.

“La ONG Un Mundo Sin Mordaza documentó 198 denuncias de abusos a la libertad de expresión de enero a julio. Identificaron siete casos de cierre forzado de medios de comunicación tradicionales; siete casos de censura vía bloqueo de medios; ocho casos de arrestos o detenciones de civiles y periodistas; y 387 casos de hostigamiento, agresión e intimidación hacia periodistas y civiles durante manifestaciones”, señala el informe.

El en el documento señala que el 18 de abril, Olga Mata y Florencio Gil fueron arrestados por “incitar al odio” luego de publicar un video en TikTok que criticaba a Diosdado Cabello y a la esposa de Maduro, Cilia Flores. El fiscal general del régimen, Saab, también mencionado en el video de TikTok, anunció el arresto y acusó a ambos de “instigar el asesinato de figuras públicas”.

“Desde 2017, la llamada ley contra el odio se utilizó para castigar los ‘delitos de odio’, incluidos los mensajes en las redes sociales. La ley se utilizó a menudo para arrestar a disidentes políticos y continuar con la intimidación, limitando sus derechos incluso cuando estaban en libertad al prohibir los viajes internacionales y exigir comparecencias periódicas ante los tribunales”, denuncia el informe.

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