Exclusivo: los documentos en los que Tenaris y Paolo Rocca acordaron pagar USD 9,5 millones en Nueva York para cerrar una causa por coimas

El 10 de marzo, el estudio Glancy Prongay & Murray (GPM) presentó una moción ante el juez Kiyo Matsumoto, de la Corte del Distrito Este de Nueva York para que homologue un acuerdo de más de 100 páginas que había firmado el día 3 en representación de un grupo de inversores que venían litigando desde diciembre de 2018 contra Tenaris y el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, por presentar formularios ante la SEC (el regulador de bolsa estadounidense) en los que decían prohibir y castigar la corrupción mientras, al mismo tiempo, participaban de un esquema de pago de coimas a funcionarios públicos argentinos en el marco de la causa Cuadernos.

El juez ya le dio admisibilidad formal y, con esa decisión, activó el plazo de 15 días que tiene Tenaris para depositar, por sí y por Rocca, un total de USD 9,5 millones en efectivo que quedarán en una cuenta bajo custodia del tribunal hasta que, cumplidos los plazos procesales pertinentes (notificar a otros inversores, escuchar objeciones en audiencia, aprobar definitivamente el acuerdo, deducir honorarios, impuestos y otros gastos, etc.), se empiece a distribuir el dinero.

Los abogados estimaron que, si ganaban el juicio, habrían obtenido daños por USD 236,4 millones, pero eligieron cobrar mucho menos por los costos, el riesgo y las demoras implicadas en un litigio como este. El caso, dado a conocer por la periodista Emilia Delfino en elDiarioAR, puede demorar años entre mociones y apelaciones, los testigos están en otros países y a esto se suma la dificultad de enfrentar a una mega corporación representada por un estudio de primera línea (Sullivan & Cromwell), explicaron en su presentación los abogados de GPM.

En la Argentina, Rocca está a salvo. La causa Cuadernos se terminó definitivamente para él en agosto de 2021, cuando el juez federal Julián Ercolini lo sobreseyó a él y a sus dos alfiles Luis Betnaza (director corporativo y virtual número dos del Grupo Techint) y Héctor Zabaleta (director de administración) por “razones humanitarias”. Dijo que habían actuado justificados por un estado de necesidad porque temían por la integridad física de sus empleados en Venezuela. El fiscal Carlos Stornelli y la Unidad de Información Financiera (UIF) podían apelar, pero no lo hicieron. El entonces titular del organismo que lucha contra el lavado de activos, Carlos Cruz, dijo que se había enterado por los diarios de que el sobreseimiento había quedado firme.

Pero, así como el escándalo de Odebrecht pasó por estas tierras sin pena ni gloria a pesar de que dejó tirados muñecos en el resto del planeta, Cuadernos también tuvo coletazos en otras latitudes. Con la corrupción pasa lo mismo que en muchos casos de delitos de lesa humanidad, cuando los países víctimas no querían o no podían juzgar crímenes aberrantes y había que salir a rogar jurisdicción universal en otro lado. Pinochet, recordemos, fue detenido en Londres por orden de un juez español.

Argentina en esa materia puede dar cátedra. No habremos ganado el Oscar, pero juzgamos a las Juntas nosotros solitos. Nada de andar persiguiendo genocidas en Europa. Ahora, con la corrupción, bueno, no nos va tan bien. El acuerdo que acaban de firmar Rocca y Tenaris con dos grupos de inversores para compensarles pérdidas por la caída estrepitosa del valor de la acción a partir de la causa Cuadernos es un ejemplo más de cómo tenemos que andar con la ñata contra el vidrio viendo cómo la Justicia de otros países avanza contra tipos a los que nosotros mandamos a la casa sin un día de cana ni un peso de multa.

¿De qué se trata el caso? La cosa fue así. La causa Cuadernos estalló el 1 de agosto de 2018. El primer funcionario arrepentido, Claudio Uberti, que había sido titular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI), dijo que Betnaza le había dado cinco o seis paquetes de US$100 mil dólares cada uno para Néstor Kirchner entre 2006 y 2007.

Betnaza y Zabaleta también declararon como arrepentidos: reconocieron pagos por US$1 millón de dólares en 2008 al segundo de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, para que el gobierno argentino intercediera ante la Venezuela de Hugo Chávez por la estatización de SIDOR, una siderúrgica de Tenaris. Betnaza dijo que le dio la orden de pagar a Zabaleta. En su indagatoria, Rocca dijo que él no sabía nada y que Zabaleta tenía autonomía para aplicar esos pagos a pedido de Betnaza.

El 27 de noviembre, el juez Claudio Bonadio procesó sin prisión preventiva a Rocca por asociación ilícita y cohecho activo. Fue un escándalo mundial. Las acciones de Tenaris cayeron USD 2,64 por acción, casi un 10 por ciento. El 5 de diciembre los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron la decisión del juez y pidieron la detención de Rocca. Las acciones siguieron hundiéndose y perdieron otro 5%.

El caso en la justicia neoyorquina se inició pocos días después, el 12 de diciembre, cuando un grupo de inversionistas presentó una demanda contra Rocca y Tenaris, entre otros, a la que luego se sumaron nuevas demandas. En abril de 2019, el juez ordenó unificar todos los reclamos en una única acción de clase bajo la conducción del estudio Glancy Prongay & Murray LLP. La demanda consolidada, a la que tuvo acceso Infobae, se presentó el 19 de julio de ese mismo año.

Los demandantes acusaron a Tenaris de haber hecho afirmaciones falsas y de haber omitido información en su código de ética, en su código de conducta y en los formularios certificados que presentaba ante la SEC para cumplir con las exigencias de los reguladores para garantizar la transparencia del mercado financiero (por caso, la Sarbanes Oxley Act, conocida como SOX). Cada año, la empresa les decía a sus inversores que combatía la corrupción gubernamental para cumplir con la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y con la Convención Anticohecho de la OCDE mientras, según la demanda, ya sabían que Rocca, Betnaza y Zabaleta estaban involucrados en pagos ilegales.

Tenaris y Rocca intentaron frenar el avance de la acción de clase desde que comenzó el juicio en 2018. En febrero de 2020 todos los demandados presentaron una moción para que se desestimara la demanda, pero en octubre el juez Raymond J. Dearie, del distrito este de Nueva York, la rechazó. Solo aceptó dejar afuera del caso a Edgardo Carlos, a Techint y a otra empresa vinculada San Faustin, pero habilitó la continuidad del caso contra Rocca y Tenaris.

En relación al CEO de la compañía, el magistrado dijo que, según los demandantes, Rocca había hecho lobby ante los funcionarios argentinos para que ayudaran a SIDOR; que a los funcionarios los mandaron a contactar a Rocca para pedir coimas; y que él mismo estuvo en una reunión de 2007 en la que Uberti le pidió dinero ilegal a Techint. “Aceptando que esto es verdad, es plausible inferir que Rocca jugó algún papel en el presunto esquema de corrupción”, dijo Dearie.

Para ese entonces, Rocca y sus adláteres todavía no habían conseguido el sobreseimiento firme que les darían Ercolini, Stornelli y la UIF en agosto de 2021. Pero ya estaban en un lugar auspicioso para proteger sus bienes y su libertad: estaban todos con falta de mérito. ¿Por qué, entonces, el juez permitió que la demanda civil avanzara? Porque los estándares probatorios para una y otra cosa son completamente distintos.

No es lo mismo el estándar penal del tribunal extranjero que revocó el sobreseimiento, dijo Dearie, que las inferencias que se aplican en un caso civil de fraude financiero. En sus palabras: “el foco del defendido en la ausencia de alegaciones de que Rocca personalmente pagó o autorizó sobornos es equivocado. Para afirmar el dolo de Rocca, la demanda solo tiene que alegar que él conocía hechos que ‘sugerían’ que las declaraciones públicas de Tenaris eran inexactas”.

En diciembre de 2020, Rocca y Tenaris insistieron con un pedido de que se reconsiderase la moción para desestimar, pero el 1 de julio de 2021 el juez volvió a rechazar el pedido y la causa quedó lista para la etapa de discovery, en la que se produce la evidencia que se utilizará en el juicio. Un año después, en agosto de 2022, comenzaron las negociaciones que acaban de concluir, exitosamente, con el acuerdo que el nuevo juez interviniente, Kiyo Matsumoto, aceptó en forma preliminar.

¿Qué implica el acuerdo?

● Los demandantes desisten de todos sus reclamos a cambio del pago en efectivo de USD 9,5 millones de dólares que hará Tenaris en nombre de todos los demandados y en beneficio de toda la clase de inversores afectados por las pérdidas que sufrieron las acciones.

● El dinero debe depositarse en una cuenta bajo custodia del tribunal dentro de los 15 días desde la orden preliminar que apruebe el acuerdo (lo que ocurrió el 10 de marzo).

● El pago neto a los inversores será menor, pues deben descontarse honorarios, gastos e impuestos. Suponiendo que participen todos los miembros de la clase, el recupero promedio será de US$0,14 dólares por acción.

Fuentes vinculadas a Tenaris señalaron que el acuerdo prevé que la conciliación no implica admisión de responsabilidad de ningún tipo y que la empresa confiaba en todo momento que prevalecería en el juicio, pero que prefirió afrontar el valor acordado porque los costos de litigar en Estados Unidos son altísimos.

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