Violencia narco en Rosario: el Gobierno dio un giro tardío y deja abierto el debate sobre el factor militar

El impacto por la amenaza mafiosa a Lionel Messi y la conmoción por la muerte de un chico de 12 años en un ataque narco terminaron por alterar de manera dramática la agenda púbica. El esquema inicial del Gobierno frente a la escalada de violencia e inseguridad que sufre Rosario estuvo atado a consideraciones internas, junto a declaraciones sobreactuadas de Aníbal Fernández. Duró menos de una semana. Y Alberto Fernández debió encarar un mensaje -grabado, para evitar riesgos verbales- con un anuncio central: mayor asistencia de fuerzas federales y despliegue del Ejército en tareas de urbanización. ¿Participación militar estudiada seriamente o cuestión de imagen? Como sea, reabre un debate de fondo, en un contexto de escasas chances para acuerdos políticos.

La cautela con matiz de malestar de arrastre marcó la respuesta del gobernador de Santa Fe y del intendente rosarino. Omar Perotti y Pablo Javkin dijeron cada uno a su modo que esperan ahora resultados concretos de los anuncios. El jefe provincial del peronismo viene de duros cruces con el ministro del Interior y tiene una relación política deteriorada con el Presidente. Y el intendente reclama desde hace rato que el cuadro de Rosario sea entendido como un problema nacional y es cuestionado desde hace rato por la historia del frente progresista en la provincia.

Con ese clima político y un marco social densos será recibido en estas horas Aníbal Fernández. Debe combinar el trabajo con los dos referentes que hasta hace unas horas ocupaban el centro de las críticas y de una rústica “estrategia” del Gobierno para despegar del problema. Se ha dicho: la intención es circunscribir el problema a la provincia, colocando la carga sobre la seguridad local -que vive de crisis en crisis-, y presentar todo como el resultado exclusivo de años de gestiones socialistas.

Está claro que existen viejas y actuales responsabilidades locales. Pero la magnitud de la expansión narco expone lo que señalan especialistas en el tema y el sentido común: es un problema de escala nacional -una cuestión de Estado- que tiene máxima o más cruda expresión en Rosario. A eso refieren las sucesivas autoridades locales, más allá de su juego para eludir o amortiguar culpas propias.

En ese punto, asoma el factor militar. El reclamo o los amagues de participación de las Fuerzas Armadas requeriría un debate político amplio y, llegado el caso, consensuar en el Congreso modificaciones a las leyes vigentes. Es un tema que divide aguas. El anuncio presidencial pone en guardia a sectores del frente gobernante. Y en la oposición, tampoco hay posición unificada. El ejemplo más reciente son las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Expresan diferencias: el jede de Gobierno porteño habla de asistencia -logística o complementaria, no operativa- y la titular del PRO, de un involucramiento más directo.

Por supuesto, en líneas generales existe consenso sobre el papel militar en tareas efectivas frente a la penetración narco desde el exterior. Y las supuestas intervenciones en aspectos de acompañamiento -por ejemplo, la labor de urbanización en barrios populares que anunció el Presidente- rozan, sugieren una cuestión de imagen. Es un hecho inquietante: sin mucho cuidado sobre el desafío de tales tareas en el terreno sin las medidas de contención sobre el accionar del entramado narco. Es sabido su poder de corrupción en fuerzas policiales y de seguridad, un poder expresado desde hace rato no en la “vista gorda” sino en la asociación en el delito.

El anuncio de Alberto Fernández causó algo de sorpresa por la velocidad del giro público y, sobre todo, interrogantes sobre la concreción de las medidas. El número de efectivos de las fuerzas federales y el ritmo de llegada e instalación constituyen el foco de las reacciones de Perotti -también, de Javkin- sobre los resultados inmediatos que esperan. Más conversaciones -en especial con la intendencia rosarina- demandará al ministerio de Defensa establecer con claridad qué harán los integrantes del Ejército en planes de urbanización, algunos ya iniciados.

Los movimientos del Gobierno nacional en la última semana habían expuesto la inercia de tres años de gestión alimentados por toma de distancia y por movimientos en la lógica de la interna. El ministro de Seguridad insistió con ese discurso incluso después del impacto enorme que provocaron el ataque al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo y el mensaje mafioso a Messi, cuyo origen y sentido siguen generando especulaciones variadas en medios políticos. A la sucesión de hechos de violencia, se sumó el tiroteo narco que dejó tres chicos heridos y mató a Máximo Jerez, de 12 años.

La designación de Agustín Rossi para acordar alguna respuesta con el gobernador de Santa Fe había asomado como un gesto presidencial, limitado pero dirigido a considerar la gravedad de la situación. Todavía, tenía pincelada de la interna, porque parecía pesar la consideración doméstica antes que la jerarquía ministerial. Rossi actuaría como jefe de Gabinete, pero lo haría por su conocimiento y andar en el peronismo santafesino.

El video del Presidente marcó entonces un giro algo más realista sobre la magnitud del problema y sus consecuencias, además de una lectura sobre la dimensión mediática. De todos modos, Perotti respondió de manera medida. Unas horas antes del mensaje de Olivos, había difundido su malestar por lo que calificó como una “desproporción grosera” en la asignación de recursos a la provincia. Y después, destacó que el hecho de que el Gobierno modificara su posición inicial y afirmó que ahora debería asegurarse que las medidas tengan resultado práctico.

Es probable que el sacudón provocado por los últimos hechos de Rosario motorice el tratamiento de un par de proyectos de ley, en Diputados, para mejorar en el mediano plazo el accionar de la justicia federal en Santa Fe. Se verá si algo similar ocurre en el Senado. Hasta ahora, el tema central del oficialismo en Diputados viene siendo el juicio político a la Corte Suprema, un trámite con objetivo de exposición y sin chances de avanzar más allá de esta etapa. Y en el Senado, la imagen sigue dominada por Cristina Fernández de Kirchner: ayer, aprovechó un acto para destratar al Presidente y reiterar el discurso que asimila los jueces al pasado de golpes de Estado. Todo llamativo en medio de estos espasmos políticos.

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