La localidad Misión Nueva Pompeya, en Chaco, fue protagonista este fin de semana de incidentes serios. El reclamo por la desaparición de un joven de 17 años perteneciente a la comunidad wichi desencadenó en una pelea que terminó con 12 policías heridos y 21 detenidos. Parte de las personas involucradas pertenecen a un grupo conocido como “Guardia Whasek”, que nació en 2018 en el Impenetrable chaqueño con el objetivo de defender a la comunidad indígena. Sin embargo, un fiscal federal denunció que detrás de esa bandera se esconde una suerte de fuerza parapolicial que porta armas y realiza controles.
“Ellos se autotitulan guardia ambiental, pero están todos uniformados, utilizan autos oficiales, cargan nafta con vales oficiales, hacen controles en las rutas, detienen a personas e incluso se involucran en procedimientos federales”, relató el fiscal Carlos Amad, quien ha denunciado a Whasek en diversas oportunidades.
Los incidentes de este domingo incluyeron un ataque a la comisaría local y del edificio del juzgado Miltifueros. Los agresores se quejan por las demoras de las autoridades para dar con el paradero del joven desaparecido Salustiano Giménez.
Según contó Amad, no es la primera vez que la “guardia” ataca a un edificio público. Ya en otras oportunidades tomaron juzgados e incluso lo incendiaron. En abril de 2022, por ejemplo, tomaron de rehén a la jueza de faltas Noemí Pérez dentro del Juzgado de Paz y Faltas de El Sauzalito. La mujer, que es insulino dependiente, se descompensó y terminaron permitiendo el ingreso de un médico.
“Es un grupo muy violento que no conoce el impero de la ley ni las autoridades. Yo los imputé en su momento por sedición, tenencia ilegítima de armas y privación ilegítima de la libertad; aporté información y se realizó una audiencia de conciliación en las que estos señores se comprometieron a abandonar las armas y los uniformes... pero ahora han vuelto a las andadas”, detalló el fiscal en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre.
Efectivamente, en abril de 2021 los referentes de la organización Ariel Manuel Fabián y Amancio Reynoso se comprometieron en un acta a abandonar la portación de armas y los uniformes de combate para reconvertirse en una brigada de protección ambiental de El Impenetrable. A cambio, se dejaba en suspenso por un año la persecución penal de sus integrantes. El objetivo del entendimiento fue garantizar la paz social, algo que evidentemente no se consiguió.
En febrero de este año hubo una muestra de que el acuerdo quedó totalmente desvirtuado: integrantes de la “guardia” cortaron el acceso a El Sauzalito y secuestraron cuatro camionetas del Ministerio de Salud de la Nación que realizaban un operativo de fumigación por chagas. Exigían a ccambio una ambulancia y módulas alimentarios. Y amenazaron: “Si no tenemos respuesta, quemamos los vehículos”. Por este hecho, Amad volvió a requerir que se abra una causa judicial por amenazas, intimidaciones, sedición, atentado y resistencia a la autoridad.
Como consecuencia de los hechos violentos producidos el domingo, el Superior Tribunal de Justicia anticipó que no habrá actividades presenciales en el edifición de Misión Nueva Pompeya, lo que implica que se suspendieron todas las audiencias hasta tanto las autoridades competentes “garanticen plenamente la seguridad e intgridad física de las personas y de las instalaciones y pueda asegurarse el funcionamiento normal del Poder Judicial”.
Sin novedades sobre Salustiano
El gobierno de Chaco aseguró desde el mismo día de su desaparición el joven wichí fue buscado por el Sistema de Búsqueda Provincial y por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, con la utilización de recursos técnicos como drones (uno térmico) y dos canes, y de recursos humanos especializados disponibles en la provincia.
Hasta el momento, sin embargo, no hay novedades de Salustiano Giménez. La última vez que se lo vio fue en las inmediaciones de Paraje Barrio Nuevo de la localidad Nueva Pompeya, Chaco. Fuentes de la investigación confiaron a Infobae que, en un primero momento, los padres del adolescente hicieron denuncia como “fuga”, aunque después hablaron de una “desaparición”.
Por el caso, se abrió una causa judicial que quedó a cargo de la fiscal de Investigación N°1 de Castelli, Raquel Maldonado. Según supo este medio, una de las primeras medidas que tomó la funcionaria fue cambiar la carátula de la causa como “presunto homicidio”, lo cual habría desencadenado el enojo de la comunidad wichí y el posterior ataque a la comisaría. Sobre esto último, de acuerdo con Diario Norte, Maldonado dio intervención al Gabinete Científico de Castelli para recolectar todas las pruebas e información necesaria que permita identificar a los responsables y constatar los daños ocasionados en esta escalada de violencia.
En el caso también interviene el Juez de Garantías de Castelli, José Luis Kerbel.
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