La ONG Poder Ciudadano anunció este jueves que iniciará una serie de acciones para controlar que el avance del juicio político contra los miembros de la Corte Suprema “se mantenga dentro de los cauces institucionales debidos, con estricto apego al Estado de Derecho”. Se debe a que el Frente de Todos logró una resolución de admisibilidad en la comisión de la Cámara de Diputados que deja abierta formalmente la investigación por mal desempeño contra los cuatro magistrados.
En concreto, Poder Ciudadano creará un Observatorio del Juicio Político con participación de organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia para monitorear todas las actividades del proceso en curso. Por otro lado, requerirán a la comisión legislativa a que “de manera urgente y de conformidad con el art. 114 bis, incisos a) b) y c) del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, se convoque en Audiencia Pública a las Organizaciones de la Sociedad Civil que deseen participar para hacer conocer su parecer sobre el asunto sometido a debate”.
También harán un pedido de acceso a la información pública a la Comisión de Juicio Político bajo el derecho que otorga la Ley N° 27.275 y exigir máxima divulgación de los procedimientos y documentos que se tengan en cuenta y elaboren. Generarán material explicativo a la ciudadanía sobre el significado de la constitución de la Comisión de Juicio Político, y de los alcances de la acción, y difundirán en medios periodísticos y redes sociales “toda la labor del espacio que se constituye, a fin de dotar de transparencia y control social a las acciones que lleve a cabo la comisión”.
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“Preocupa el intento de juicio político contra la totalidad del Supremo Tribunal ya que avasalla al poder del Estado cuya función es la de garantizar los derechos y el cumplimiento de la Constitución. Prestaremos especial atención a los motivos que han llevado a tan grave acusación hacia los cuatro jueces de la Corte. Recordemos que, de prosperar el juicio político, la Corte se quedaría acéfala”, expresaron en un comunicado.
En ese sentido, calificaron como grave la “ausencia de consensos en el Congreso de la Nación” y agregaron: “Los antecedentes en esta materia no son nada alentadores: cabe recordar que se mantienen sin titulares a la Procuración de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y el quinto ministro/a de la actual Corte Suprema de la Nación”.
“Nadie puede soslayar la evidencia de que el juicio político surge tras algunos fallos adversos al partido de gobierno, especialmente el que favorece presupuestariamente a la ciudad de Buenos Aires (expuesto inclusive como una de las causales) y luego de que la Justicia fallase en primera instancia en contra la actual vicepresidenta Cristina Kirchner en una causa de corrupción. Cabe señalar que el contenido de las sentencias no puede ser contemplado como fundamento para llevar adelante un juicio político tal y como lo establece la Ley N° 24.937 que indica que ‘queda asegurada la garantía de independencia de los jueces en materia de contenido de sus sentencias’”, manifestaron.
Además, recordaron que “la división de los Poderes del Estado permite a cada uno de ellos limitar y controlar la acción de las otras ramas” y que es fundamental porque “ayuda a la distribución del poder y a que no pueda actuar impunemente”.
“La división de poderes evita la acumulación y abuso de poder, mantiene un sistema político equilibrado y garantiza la libertad y los derechos fundamentales. Así, el planteo de un Juicio Político a la Corte Suprema de Justicia tiene un impacto significativo sobre la justicia y el sistema político del país. Debe considerarse una medida extrema para garantizar la integridad y la independencia del sistema judicial. Desde Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparencia Internacional, consideramos que no se encuentra debidamente fundado, ni motivado, el pedido de juicio político promovido por el Poder Ejecutivo y, en caso de prosperar, asumimos el compromiso cívico de controlar que ese trámite se mantenga dentro de los cauces institucionales debidos, con estricto apego al Estado de Derecho”, completaron.
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