El Gobierno nacional encabezará el 31 de enero, en Bariloche, la segunda mesa de diálogo con referentes de agrupaciones mapuches. En tanto, los pobladores de Villa Mascardi nuevamente quedarán excluidos del encuentro.
Del primer cónclave participaron ocho agrupaciones indígenas de Chubut, Neuquén y Río Negro, aunque el eje de la reunión fue la problemática de Villa Mascardi, el paraje que está a 35 kilómetros de Bariloche y que hoy padece las secuelas del paso de la comunidad autoproclamada mapuche Lafken Winkul Mapu, que durante cinco años protagonizó numerosos hechos vandálicos, usurpaciones y atentados en edificios públicos y privados.
A pesar de que algunos de sus integrantes están prófugos de la Justicia desde el 4 de octubre, cuando se realizó el desalojo de todos los lotes que usurparon, el Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de la provincia reforzará su pedido para que los encapuchados regresen al territorio del que tuvieron que huir.
La cronología violenta de la agrupación comenzó en 2017 cuando, en el mes de noviembre, irrumpieron en dos predios pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales. No existe documentación que permita acreditar su presencia ancestral en las tierras. Sin embargo, las familias que integran la comunidad pretenden regresar al territorio nacional.
Las mesas de diálogo fueron convocadas por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a instancias de un pedido del presidente Alberto Fernández. En el primer encuentro, los pobladores de Villa Mascardi fueron excluidos del convite y lo mismo ocurrirá en la segunda reunión, que se realizará en Bariloche el próximo martes.
Los representantes mapuches exigieron al gobierno nacional la disolución del Comando Unificado de fuerzas que actualmente se mantiene operativo y custodia las tierras desalojadas. Está conformado por la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval, Gendarmería y la PSA, que custodian los lotes desalojados en octubre pasado, realizan recorridas de prevención y mantienen puestos de control en el paraje. Por ahora, el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, rechazó al planteo y ratificó su permanencia en la zona.
Los voceros indígenas, además, pidieron al Ejecutivo Nacional que se inmiscuya en los distintos procesos judiciales vigentes y, entre otros puntos, solicitaron la liberación de la autoproclamada líder espiritual de la comunidad, la machi Betiana Colhuan, quien permanece con prisión domiciliaria en una ruca mapuche.
Exigieron también la permanencia en el lugar del “rewe”, una escultura de madera tipo tótem que se erige en uno de los lotes de Parques Nacionales y que, para los indígenas, tiene un “alto valor espiritual”.
La estructura aún permanece intacta por pedido de la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, quien en la misma resolución en la que ordenó la demolición de todas las viviendas que habían construido los integrantes de la comunidad – empleando materiales y partes de los edificios que ellos mismos desmantelaron – dispuso su conservación.
“Las mesas de diálogo sólo incluyen a los terroristas y los damnificados son ignorados”, denuncian los pobladores del paraje, la mayoría de los cuales trabaja en la reconstrucción de las viviendas que vandalizaron los encapuchados. Varios días después de la primera reunión, Pietragalla convocó a los pobladores de Villa Mascardi, forzado por la presión que ejercieron los vecinos.
En Bariloche habrá un nuevo encuentro con los pobladores de la zona, aunque fuera del ámbito de la mesa de diálogo. De esa reunión participará otra comunidad mapuche de Villa Mascardi que, a diferencia de la Lafken Winkul Mapu, tiene reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y mantiene un vínculo cercano con la sociedad barilochense.
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