El Gobierno bloqueó el ingreso de un narco colombiano y la Justicia analiza el caso

Ignacio Álvarez Meyendorff se encuentra desde el viernes bajo custodia en el Aeropuerto de Ezeiza. La Dirección Nacional de Migraciones le canceló la residencia pero su abogado presentó un habeas corpus y ahora el caso deberá ser resuelto por la Cámara Federal de La Plata

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Ignacio Álvarez Meyendorff, durante su extradición en 2013 (Foto Agencia Télam)
Ignacio Álvarez Meyendorff, durante su extradición en 2013 (Foto Agencia Télam)

Desde el viernes 23 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se encuentra bajo custodia el capo narco colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, quien tras haber estado casi una década detenido en Estados Unidos intenta ingresar a la Argentina. La Dirección Nacional de Migraciones bloquea la entrada, pero un abogado del criminal presentó un habeas corpus y ahora será la Cámara Federal de La Plata la que resuelva en las próximas horas la situación.

Álvarez Meyendorff había estado radicado anteriormente en el país entre los años 2005 y 2013. En 2011fue apresado cuando arribó en un vuelo procedente desde Tahití por requerimiento de la justicia norteamericana en el marco de una investigación por tráfico de ocho toneladas de cocaína en submarinos. Acusado de ser financista de una organización narco, dos años más tarde fue extraditado a Estados Unidos donde estuvo preso hasta que recientemente cumplió la condena.

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En este marco, Álvarez Meyendorff decidió volver a Argentina el pasado viernes, previo a Noche Buena, pero el Gobierno Nacional desde la dirección a cargo de Florencia Carignano le canceló la residencia bloqueando su ingreso al país. El abogado del capo narco es Juan José Ribelli, ex policía bonaerense que estuvo detenido más de 8 años en el marco de la causa AMIA, quien apeló la cancelación y presentó un recurso de habeas corpus que cayó en el juzgado de Federico Villena. El magistrado lo rechazó impidiendo una vez más el ingreso de Álvarez Meyendorff, sin embargo el abogado volvió a apelar y la causa pasó a la Sala 1 de la Cámara Federal de La Plata, que se espera que resuelva el caso en las próximas horas.

Entre las artimañas que utilizó Ribelli para forzar el ingreso del narcotraficante, reveló a las autoridades aeroportuarias que su cliente padece de una afección en su salud asociada a diabetes. Migraciones gestionó dos pericias médicas que descartaron la situación denunciada por el abogado, pero uno de los médicos sugiere suministrarle un diurético para mayor tranquilidad. Según pudo averiguar Infobae, al momento que fueron a darle la medicación Álvarez Meyendorff se encontraba comiendo unas ribs acompañada de una cerveza... En el medio de esta situación, la embajada de Colombia en Argentina presionó para que Migraciones ceda y permita el ingreso del criminal. La situación sigue en manos de la Cámara Federal de La Plata.

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Álvarez Meyendorff había estado radicado anteriormente en el país entre los años 2005 y 2013
Álvarez Meyendorff había estado radicado anteriormente en el país entre los años 2005 y 2013

En Argentina Álvarez Meyendorff estuvo vinculado a la causa de drogas conocida como Luis XV, iniciada tras el secuestro de 280 kilos de cocaína en muebles antiguos. En noviembre de 2019 el juez Nelson Jarazo, del Tribunal Oral Federal en lo criminal N°2 de La Plata condenó a 23 de los 27 imputados -entre ellos familiares de Álvarez- por el lavado de más de 5 millones de dólares.

Las personas involucradas fueron acusadas de lavar dinero proveniente del mercado de las drogas ilícitas a través de la creación de empresas, compra de campos, ganado, autos y propiedades en torres de lujo en Buenos Aires y barrios cerrados exclusivos, como Nordelta (Tigre) y Abril (Berazategui). Entre la veintena de condenados se incluyó a la esposa, a la madre, a dos hijos, dos nueras, un hermano un primo y un sobrino de Álvarez Meyendorff.

Todos recibieron penas de cinco años, excepto Sebastián y Mauricio Alvarez Sarría, ambos hijos del capo narco, quienes se llevaron la pena más alta: siete años de prisión efectiva y una multa equivalente a tres veces el valor de lo que lavaron. El procesamiento por lavado de activos le implicó a toda la familia un embargo de sus bienes estimado en $920 millones de pesos.

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