Coparticipación: el gobierno porteño rechazó el pago de la cautelar con bonos y denunciará a los funcionarios que deben ejecutar el fallo

La Ciudad de Buenos Aires rechazó la decisión del gobierno nacional de pagar con bonos los fondos coparticipables que surgen de la cautelar de la Corte Suprema de Justicia emitida la semana pasada.

Luego de una mañana con varias reuniones, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y su equipo técnico concluyeron que con el anuncio realizado por el presidente Alberto Fernández, el Poder Ejecutivo sigue “sin cumplir el fallo de la Corte”, según explicaron a través de un comunicado de prensa.

La diputada nacional María Eugenia Vidal fue una de las voceras que expresó en redes sociales el sentimiento de CABA: “Paguen como ordenó la Corte Suprema, no con bonos, dejen de hacer trampa, eso es justicia”. En otros términos, lo que espera el gobierno porteño es que se transfiera el dinero y no que se pague con títulos de deuda que vencen dentro de 9 años, tal como informó hoy la Casa Rosada.

Ante este panorama, el gobierno porteño decidió presentar un escrito ante la Corte denunciando el incumplimiento del fallo y pidiendo que se arbitren los medios necesarios para que el gobierno nacional transfiera los fondos. A la par, se instruyó al procurador general, Gabriel Astarloa, para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de ejecutar la cautelar.

“La Corte resolvió que se entregue al gobierno porteño el 2,95% de los fondos coparticipables. La sentencia no afecta los fondos que reciben las provincias. Además, los recursos de la coparticipación son extrapresupuestarios, se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento.Tal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes los fallos se cumplen, no se interpretan”, aseguró el gobierno porteño.

El presidente Alberto Fernández anunció esta mañana que le pagará a la Ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables ordenados la semana pasada por la Corte con bonos TX31. Se trata de títulos de deuda pública n pesos que pagan 2,5% por sobre el ajuste del índice CER. Nunca fueron licitados y efectivamente fueron emitidos para pagarle una deuda judicial al gobierno de Omar Perotti, tal como posteó este lunes el jefe de Estado.

El jefe de Estado instruyó además al ministro de Economía, Sergio Massa, a enviar un proyecto al Congreso que se debatirá en sesiones extraordinarias para que se prevean en el Presupuesto los recursos necesarios para hacer cumplir el fallo judicial.

El cambio de postura de la Casa Rosada no satisface los requerimentos del gobierno porteño, según quedó expuesto en el comunicado difundido esta tarde. Emmanuel Ferrario, vicepresidente de la Legislatura y virtual segundo de Rodríguez Larreta, aseguró: “El Presidente tiene que dejar de esquivar la Justicia. Lo único que logra es perjudicar a los porteños y degradar las instituciones. ¿Las demás provincias reciben los recursos de comparticipación en bonos? ¿Los salarios se pagan en bonos? Las respuesta es una sola: NO”.

El comunicado completo de CABA:

El Poder Ejecutivo sigue sin cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia al no acatar lo ordenado por el máximo tribunal en su respuesta a la medida cautelar presentada por el Gobierno de la Ciudad. Por otra parte, la reciente decisión del Gobierno Nacional no modifica el accionar de la Ciudad.

1. Se presentó hoy un escrito en la Corte informando el incumplimiento del fallo y pidiendo que se arbitren los medios necesarios para que se acate el mismo.

2. Se instruyó a la Procuración General para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo.

La Corte resolvió que se entregue al Gobierno porteño el 2,95% de los fondos coparticipables. La sentencia no afecta los fondos que reciben las provincias.

Además, los recursos de la coparticipación son extrapresupuestarios, se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento.

Tal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes los fallos se cumplen, no se interpretan.