Ruta del dinero K: los jueces de Casación seguirán debatiendo y la definición se postergaría para 2023

Si no hay sorpresas, la definición sobre el futuro de “la ruta del dinero K” quedará pendiente hasta 2023. Los jueces que integran la Sala IV de la Cámara de Casación para este caso todavía no se pusieron de acuerdo sobre aspectos centrales del fallo, tal como pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

Uno de los debates más intensos tiene que ver con el delito precedente de las maniobras de lavado de dinero. Dos de los jueces del Tribunal Oral Federal 4 habían determinado que el dinero provenía de la obra pública y de la evasión fiscal. Por el primero delito, ya hubo condenas en el caso Vialidad. En el caso de Lázaro Báez, recibió una pena de 6 años. El otro delito, el de la evasión, está desparramado en varias causas. Ninguna tiene fecha para empezar el juicio.

“Quedan solo cuatro días hábiles, es muy poco probable que se resuelva este año”, confirmó una fuente de los tribunales de Comodoro Py a este medio.

El veredicto por “la ruta del dinero K” se conoció en febrero de 2021, aunque los fundamentos recién trascendieron en abril de ese año. A partir de ese momento, hubo cinco meses de audiencias.

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Recién en octubre comenzó la etapa de deliberaciones y los jueces comenzaron a enviarse sus respectivos votos. Para este caso, la Sala IV de Casación tiene una composición diferente por la inclusión de Angela Ledesma, cercana al kirchnerismo. La jueza se sumó a Mariano Borinsky y Javier Carbajo, habituales miembros. Esa integración complicó más las discusiones internas.

De hecho, el plan original era resolver antes del Mundial de fútbol organizado en Qatar. No se pudo. Tampoco lograron un consenso antes del veredicto de Vialidad, donde la vicepresidente Cristina Kirchner recibió una condena a seis años de prisión. El último objetivo era sacar el fallo antes de fin de año, aunque solo quedan cuatro días hábiles.

Báez está muy pendiente de este fallo porque decidirá el futuro de sus hijos. En el juicio oral, Martín Báez recibió una pena de 9 años, mucho más alta de lo que esperaba el entorno y la familia. También fueron condenados Leandro (5 años), y las dos hijas mujeres.

Del entorno de Báez además fueron condenados su ex contador Daniel Pérez Gadín, como organizador de las maniobras de blanqueo, y el abogado Jorge Chueco. En tanto, a Fabián Rossi, señalado como partícipe necesario, se le dictó una condena de 5 años.

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Aunque el tribunal sigue deliberando, todas las fuentes coinciden que no habrá diferencias sustanciales con los montos de las penas impuestas por el TOF 4. Si hay reducciones de penas, no serán sustanciales.

Esas proyecciones se basan en algunos hechos concretos. En primer lugar, las querellas de la AFIP y de la UIF no fueron a las audiencias pero presentaron breves notas para pedir que se confirme la sentencia. Tampoco fue el fiscal de Casación Javier De Luca. Pese a que no tiene obligación, su ausencia se interpretó como un guiño al trabajo del fiscal de juicio, Abel Córdoba, quien había pedido duras penas para todos los imputados.

Además de revisar las penas, los jueces también deben resolver una “catarata” de apelaciones, nulidades y agravios.

La “ruta del dinero K” todavía tiene un tramo en primera instancia, donde resta definir la situación procesal de Cristina Kirchner. La vicepresidenta tiene falta de mérito desde 2018. A mitad de año, el juez Sebastián Casanello rechazó su sobreseimiento y ordenó nuevas medidas de prueba.

El abogado de la ex Presidenta, Carlos Beraldi, apeló ese fallo aunque a último momento, de manera sorpresiva, decidió “bajarse” ante rumores sobre el contenido de la resolución.

En el fallo, finalmente, el juez Mariano Llorens instó a avanzar más rápido y pidió una mirada “conglobada” de las otras causas penales que tiene la vicepresidenta frente a la hipótesis de un “único designio criminal”. Eso implicaría tener en cuenta la condena por la causa Vialidad, y el desarrollo de la causa Hotesur-Los Sauces, que también espera una definición de Casación para saber si habrá otro juicio oral.

Antes de avanzar, Casanello espera información pendiente de procesos de cooperación internacional.

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