La violencia múltiple continúa golpeando con fuerza a Honduras. En apenas los primeros cinco meses de 2026, el país ya registra al menos 13 masacres que han dejado más de 65 personas asesinadas en diferentes departamentos, evidenciando una creciente crisis de seguridad que mantiene preocupación nacional e internacional.
Los datos recopilados por Proceso Digital y otros medios nacionales reflejan que los hechos violentos se han registrado en Yoro, Atlántida, Lempira, El Paraíso, Olancho, Valle, Cortés, Francisco Morazán y Colón, departamentos donde las autoridades han reconocido la presencia de estructuras criminales ligadas al narcotráfico, pandillas y grupos armados.
El departamento de Yoro encabeza la lista con tres homicidios múltiples registrados en lo que va del año. Entre ellos destacan las masacres ocurridas en Olanchito, El Progreso y Sulaco.
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Según reportes preliminares, varias de estas acciones violentas estarían relacionadas con disputas entre bandas criminales como “La Kleivona” y el denominado “Cártel del Diablo”, estructuras señaladas de generar zozobra en la zona norte del país.
Sin embargo, el hecho que más estremeció a Honduras ocurrió el 21 de mayo en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, donde hombres fuertemente armados asesinaron a 20 personas en una finca palmera del Bajo Aguán. Entre las víctimas había campesinos vinculados a empresas asociativas agrícolas de la zona.
La masacre de Trujillo volvió a colocar bajo la lupa la crisis histórica del Bajo Aguán, una región marcada durante décadas por conflictos agrarios, narcotráfico, disputas territoriales y presencia de grupos armados. Tras el ataque, el Gobierno anunció operativos especiales y el despliegue de fuerzas de seguridad para intentar recuperar el control en la zona.
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Ese mismo día también ocurrió otro hecho sangriento en Corinto, Cortés, donde cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) fueron asesinados durante un operativo antidrogas en la frontera con Guatemala.
Las investigaciones preliminares apuntan a que los policías fueron emboscados por integrantes de una estructura criminal vinculada al narcotráfico internacional y presuntamente relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El caso generó conmoción nacional debido a la brutalidad con la que fueron encontrados los cuerpos de los agentes.
Tras lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad suspendió a la cúpula de la DIPAMPCO y ordenó una intervención administrativa y operativa de la unidad policial para investigar posibles fallas en la planificación del operativo.
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La ola de violencia también comenzó a generar reacciones fuera del país. En los últimos días, la Embajada de Alemania emitió una advertencia a sus ciudadanos para extremar precauciones en zonas de Colón y Cortés debido a los recientes hechos violentos registrados en Honduras.
Organismos defensores de derechos humanos y especialistas en seguridad han advertido que las masacres continúan siendo uno de los fenómenos criminales más alarmantes en el país, afectando principalmente a hombres jóvenes y comunidades vulnerables.
La directora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), Migdonia Ayestas, calificó recientemente estos hechos como una emergencia nacional y pidió fortalecer las investigaciones criminales mediante equipos interinstitucionales especializados.
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Mientras tanto, las autoridades aseguran mantener operativos en distintas regiones para capturar a los responsables de las recientes matanzas y frenar el avance de las estructuras criminales que operan en el territorio hondureño.
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