A tres años del gobierno de Alberto Fernández: las reformas judiciales que no logró aprobar

Alberto Fernández cumplió tres años en la Presidencia de la Nación y su gobierno tiene un alto déficit en el área judicial: ninguna de las reformas que propuso pudo concretarlas. No logró la designación del juez Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación, ni la aprobación de las reformas a la justicia federal ni al Ministerio Público Fiscal y profundizó su enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre quien propuso ampliar su integración a 15 jueces. Y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, fue condenada en el juicio oral por la obra pública.

Las iniciativas fueron aprobadas por el Senado pero no avanzaron en Diputados donde la oposición las bloqueó en la desconfianza de las verdades intenciones . El próximo año será electoral y nada indica que haya un descongelamiento de los proyectos. Sino, todo lo contrario. La pelea por la Presidencia de la Nación pondrá un freno seguro.

La primera iniciativa judicial de Alberto Fernández fue proponer a Rafecas como jefe de los fiscales. Ocurrió a poco de asumir, el 17 de diciembre de 2019. El Presidente mandó su pliego al Senado pero nunca avanzó. La oposición rechazó su nombre y sin esos votos no se alcanzaba los dos tercios que se requiere para la aprobación.

Pero la cámara alta, territorio político de Cristina Kirchner, ni siquiera avanzó con los trámites formales para el tratamiento ni en una negociación política con la oposición. Durante los tres años de mandato, Alberto Fernández insistió públicamente con la postulación de Rafecas pero no hubo eco en el Senado.

Rafecas fue propuesto para reemplazar al procurador interino Eduardo Casal, quien asumió el cargo en 2017 cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Casal tomó el cargo por ser el procurador ante la Corte Suprema más antiguo, tal como marca la ley. Y Casal es uno de los blancos públicos del oficialismo en la justicia. A pesar de eso, el kirchnerismo nunca avanzó con el nombramiento de Rafecas. Tal vez por ese antecedente, el Presidente no avanzó en cubrir la vacante que dejó en la Corte la jueza Elena Highton de Nolasco cuando renunció en octubre del 2021. El proceso para elegir a su reemplazante venció en febrero de este año sin que el Presidente haya enviado el nombre de su reemplazante al Senado.

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Lo que sí ocurrió es que intentó modificar la ley del Ministerio Público Fiscal para reformar la formas de elección del Procurador y ponerle un plazo al mandato. El Senado aprobó el proyecto en noviembre de 2020 con el rechazo de la oposición. En la cámara alta tenía los votos pero no en Diputados donde la ley quedó estancada.

Lo mismo ocurrió unos meses antes con el proyecto para reformar la justicia federal. En busca de licuar el poder de los jueces de Comodoro Py, el oficialismo planeó una iniciativa para ampliar el fuero federal de la ciudad de Buenos Aires. También aumentaba los tribunales federales en el resto del país. El Senado lo aprobó en agosto de 2020 pero no logró que pase por Diputados.

Una de las peleas entre el oficialismo y la justicia fue por el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y la acusación de los jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial de la Nación. La Corte Suprema declaró en diciembre de 2021 la inconstitucionalidad de su integración de 13 miembros y dispuso que vuelva a su composición de original 20.

La decisión era conocida en la política y el gobierno envió al Congreso un proyecto para que el organismo sea de 17 miembros. En este caso la iniciativa nunca llegó a tratarse.

Durante estos tres años, pero especialmente este que transcurre, fue de alta tensión entre el gobierno y la Corte Suprema de Justicia. “La Corte Suprema tiene un problema de funcionamiento muy serio”, dijo a principio de 2022. El último foco fue el Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema dijo que Cristina Kirchner, como presidenta del Senado, había cometido un “ardid” cuando aceptó que el bloque oficialista se divida en dos para quedarse con un lugar más en el organismo. Y el jueves ordenó tomarle juramento a los representantes de Diputados a pesar que sus nombres habían sido retirados. “Napoleón de pacotilla”, le dijo el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, cuando asumió como titular del Consejo en abril pasado.

El gobierno de Alberto Fernández tuvo dos ministros de Justicia. Primero Marcela Losardo, que estuvo en el cargo hasta marzo de 2021 y luego el actual, Martín Soria. Fueron dos perfiles distintos. Losardo venía del mundo judicial y tenía vínculo con todos sus actores, además de ser amiga de años del Presidente. Pero no logró ser el puente entre las dos orrillas. Soria fue mucho más confrontativo. “Mantuve una reunión con la Corte Suprema. Expresé mi preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia en los últimos 5 años, consecuencia directa de la Mesa Judicial que conformó el gobierno anterior para presionar jueces”, dijo el ministro después de la primera y hasta ahora única reunión que tuvo con los jueces de la Corte Suprema en diciembre de 2021.

Pero además el kirchnerismo impulso una reforma a la integración de la Corte Suprema. A fines de septiembre, el Senado aprobó un proyecto para llevar de los actuales cinco a 15 los miembros del máximo tribunal. Como en los otros casos, en Diputados no se consiguieron los votos.

Otro capítulo de los tres años de gobierno fueron las causas judiciales. Cristina Kirchner fue condenada a principio de mes a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso de la obra pública al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. “Mafia judicial”, respondió la ex presidenta después del veredicto. En ese sentido cerró líneas con Alberto Fernández que también criticó el fallo. Para el 2023 a Cristina Kirchner le esperan decisiones importantes en sus expedientes: se tiene que resolver si se confirma su sobreseimiento en las causas “Los Sauces-Hotesur” y la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y siempre está latente si se pone fecha para que comience el juicio oral por los cuadernos de la corrupción.

Alberto Fernández también tuvo su causa judicial. Fue por la fiesta de cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, en la quinta de Olivos en julio de 2020 cuando regían las restricciones más duras por la pandemia del coronavirus y la sociedad no podía salir de sus casas. En ese contexto, el Presidente se reunió con amigos de Yañez para celebrar su cumpleaños. Hubo una causa judicial que se cerró con la donación de parte de Alberto Fernández de 1.600.000 pesos al Instituto Malbrán.

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El último capítulo ocurrió hace pocos días por el caso de los jueces federales, fiscales, funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y directivos del Grupo Clarín que viajaron a la estancia “Lago Escondido” en Bariloche. Por cadena nacional, Alberto Fernández anunció la presentación de una denuncia penal -ya había una que se tramita en la justicia federal de Bariloche- y otra por mal desempeño contra los magistrados Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Alberto Mahiques y Pablo Gabriel Cayssials ante el Consejo de la Magistratura.

“Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”, sostuvo el jefe de Estado en la cadena nacional.

En el cierre del año el hecho acercó a las partes. El jueves en la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados Rosatti, sin nombrar el caso, hizo una clara referencia a lo ocurrido. Los buenos jueces tendrán siempre el apoyo de esta Corte que no negocia fallos, esta Corte que sabe que la peor consecuencia es aquella que se deriva de no aplicar la Constitución y las leyes, esta Corte que está compuesta por integrantes que no se cuecen en el primer hervor. Esta Corte es la que está dispuesta por supuesto apoyar a los buenos funcionarios para lo cual, desde ya, hay que dar el ejemplo”, dijo el juez.

Cierra un año de alto impacto en la relación de la justicia con el gobierno. En breve comienza otro que nada indica que sea distinto con el condimento que el 2023 será de elecciones presidenciales lo que hará que todo esté en más ebullición.

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