La junta federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.) fue el primer organismo judicial del país en expresarse sobre el viaje que jueces y fiscales realizaron a Lago Escondido junto a empresarios de medios, hombres vinculados a la inteligencia y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
“La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante los hechos de público conocimiento, expresa su reafirmación de los principios éticos que deben guiar a la magistratura y la función judicial, particularmente aquellos tendientes a evitar conductas que pongan en crisis la confianza que la sociedad debe tener en sus jueces”, comienza el comunicado.
Y sentencia: “Debemos en todo momento mantener una conducta irreprochable porque el Poder Judicial es, y debe seguir siendo, el último refugio de los derechos, la libertad y los valores republicanos. No se puede ejercer la función judicial de tal manera que ponga en crisis el fundamento mismo del Poder Judicial”.
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“Finalmente destacamos el enorme trabajo que cotidianamente realizan los poderes judiciales provinciales y de CABA para garantizar el acceso a justicia, con independencia, transparencia e imparcialidad”, completa el texto.
Los funcionarios judiciales que viajaron a Bariloche son el juez federal Julián Ercolini; el camarista de Casación Carlos Mahiques; el juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials; el jefe de los fiscales de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; y el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola.
Otro de los involucrados que quedó expuesto es el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, que es quien habría sufrido el hackeo desde donde trascendieron las conversaciones de Telegram en las que los participantes del viaje coordinan una estrategia en común si la situación tomaba estado público. Sucede que el funcionario de Larreta apuntó directamente contra José Glinski, titular de la PSA, y escribió a uno de sus interlocutores: “Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar”.
El comunicado de JU.FE.JUS. también cita a la CIDH sobre la ética que deben mantener los jueces: “Uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia judicial. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, aunque también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular, se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de quienes ejercen funciones de revisión o apelación”.
El caso
Semanas atrás, el diario Página 12 reveló un viaje a Lago Escondido a la estancia del magnate británico Joe Lewis que realizó un grupo de jueces, fiscales, empresarios y funcionarios porteños. En las últimas horas, el tema cobró mayor difusión a partir de la filtración de supuestos chats de la aplicación Telegram entre los involucrados para coordinar una versión pública sobre los motivos del viaje.
El origen de la filtración es atribuida a un hackeo que sufrió el 19 de octubre el ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D’Alessandro, aunque también fue hackeado otro de los pasajeros del vuelo: el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola. Ambos hicieron denuncias penales.
En declaraciones a Radios Con Vos, D’Alessandro sostuvo que “el grupo de Telegram” no existió y habló de un “montaje”, con audios “editados y ensamblados”.
En los supuestos mensajes, los involucrados hablan -entre otras cosas- de falsificar facturas para justificar su presencia en la provincia de Río Negro. También aluden a una presunta “buena predisposición” de la fiscal federal de Bariloche Cándida Etchepare para “cerrar” la primera causa judicial que se abrió por el episodio.
Ese expediente comenzó el 24 de octubre a raíz de una denuncia del abogado Marcelo Eduardo Hertzriken Velasco. Lejos de cerrar la causa, la fiscal impulsó ayer la investigación e imputó a las diez personas involucradas. En el requerimiento, al que tuvo acceso Infobae, la fiscal reconstruyó cómo fueron los hechos desde la llegada a Bariloche hasta su regreso a Buenos Aires.
A raíz de esto, Alberto Fernández realizó una cadena nacional para instruir al Ministerio de Justicia a denunciar a los involucrados. Lo mismo ocurrió con el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, que denunció a los cuatro jueces federales que viajaron.
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