En el día internacional contra la corrupción, la Unesco advirtió sobre el peligro que corre la libertad de expresión

En el marco del día internacional contra la corrupción, la Unesco publicó este viernes un informe sobre el acoso judicial, que reveló algunos retrocesos en la mayoría de los países en materia de libertad de expresión y de los medios de comunicación, en general.

El documento, titulado “El mal uso del sistema judicial para atacar la libertad de expresión. Tendencias, desafíos y respuestas”, aborda las principales problemáticas que el organismo internacional considera que existen actualmente en diferentes partes del mundo, en relación con esta materia.

Se trata de un asunto que también fue abordado hace algunas semanas en la 78° Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la que se advirtió sobre un “enrarecimiento del clima periodístico” en la Argentina.

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En esta ocasión, la Unesco también se mostró preocupada por el tema y propuso algunas medidas, como derogar las leyes de difamación penal y sustituirlas por una legislación de difamación civil adecuada, en consonancia con las normas internacionales.

De acuerdo con este informe, que forma parte de la serie Tendencias Mundiales en materia de Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios de Comunicación, en el último tiempo hubo un aumento de la difamación penal y civil y de las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs, por sus siglas en inglés).

En este sentido, el trabajo señala que 160 Estados, es decir, el 80% de todos los que existen en el mundo, siguen penalizando la difamación, mientras que en algunos de ellos se han aprobado nuevas leyes para luchar contra la desinformación, la ciberdelincuencia o la incitación al odio, pero con consecuencias potencialmente nefastas para la libertad de los medios de comunicación.

Asimismo, al menos 57 normas y reglamentos adoptados o modificados desde 2016 en 44 naciones “contienen un lenguaje demasiado vago o castigos desproporcionados, poniendo en peligro la libertad de expresión en línea y la libertad de los medios de comunicación”.

El documento detalla, por ejemplo, que en Europa Occidental y América del Norte, la difamación penal permanece en los estatutos de 20 de sus 25 países, además de que la mayoría sigue conservando las sanciones privativas de libertad.

“Este análisis demuestra que la cuestión de la difamación, tanto penal como civil, debe abordarse en las legislaciones nacionales de acuerdo con las normas internacionales, desde el punto de vista de la protección de la libertad de expresión y de la labor vital de los periodistas. La Unesco sigue pidiendo la despenalización de la difamación y advierte contra las tendencias de utilización de los sistemas judiciales para atacar la libertad de los medios de comunicación”, explicó Tawfik Jelassi, subdirector general para la Comunicación y la Información del organismo internacional.

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Por otra parte, el estudio también destaca el aumento de prácticas abusivas como la “búsqueda del foro más favorable” (forum shopping, en inglés), que se refiere a la práctica de “seleccionar el tribunal en el que se va a presentar una demanda basándose en la perspectiva del resultado más favorable, incluso cuando no existe una conexión, o ésta es muy tenue, entre las cuestiones legales y la jurisdicción”.

En este sentido, la Unesco indicó en el texto que las demandas estratégicas contra la participación pública por parte de “actores poderosos que quieren silenciar las voces críticas y socavar el escrutinio” han aumentado en diferentes regiones.

La entidad remarcó que “el verdadero objetivo” de estas acciones “no es ganar un caso judicial, sino abrumar al demandado mediante procedimientos judiciales prolongados, costes excesivos -incluso con riesgo de quiebra- y la carga psicológica correspondiente”.

“El uso de procedimientos judiciales contra periodistas que informan sobre asuntos de interés público es una amenaza creciente para la libertad de prensa en todo el mundo. En los últimos años, poderosos individuos, empresas y funcionarios gubernamentales han adoptado esta táctica para silenciar y acosar a los periodistas independientes. Su defensa legal no solo es importante a nivel individual, sino más ampliamente para evitar que las ideas y la información sean eliminadas del espacio público”, comentó al respecto Pádraig Hughes, director jurídico de Media Defence.

Ante este panorama, la Unesco publicó una serie de recomendaciones, como “derogar las leyes de difamación penal y sustituirlas por una legislación de difamación civil adecuada, en consonancia con las normas internacionales” o que las organizaciones de la sociedad civil y los actores de los medios de comunicación participen “en campañas de promoción y sensibilización para movilizar al público y garantizar que las sentencias internacionales y regionales se apliquen plenamente a nivel nacional”.

Por último, señaló que “el litigio estratégico y el apoyo jurídico a los periodistas son también fundamentales para animarles a continuar su trabajo y pueden dar lugar a cambios jurídicos y políticos concretos y positivos”.

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