
La política camina a contramano de pronósticos propios sobre cierta distensión como efecto del Mundial. Al revés, los conflictos vienen trepando a niveles alarmantes incluso desde el punto de vista institucional. El enfrentamiento de esta semana en Diputados sólo puede confundir si todo se reduce al ruido. Es, en rigor, el último capítulo de la pelea con foco en la Justicia y, especialmente, en la Corte Suprema. Puede paralizar del todo al Congreso y quiebra los mínimos puentes de diálogo entre el oficialismo y la oposición.
Cristina Fernández de Kirchner terminó de imponer su criterio y unificar a todo el oficialismo detrás de su ofensiva en continuado sobre la Corte. La pelea actual es por la representación legislativa en el Consejo de la Magistratura. Lo había sostenido en el Senado -y está judicializado- y presionó de manera directa para que Diputados diera marcha atrás con la designación, equilibrada, de sus integrantes en ese cuerpo. Resultado: traba el funcionamiento de la Magistratura y embarra a Diputados como nunca antes en esta gestión. Es un punto máximo de crisis.
El impacto es entonces político e institucional. También, interno. Lo registró la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau: el mensaje, intenso, le llegó desde su círculo más próximo. Terminó revirtiendo así un delicado juego de negociación que, con Sergio Massa, intentaba mantener el funcionamiento de la Cámara sin contar con número propio. No tenía margen para iniciativas consideradas inaceptables por la oposición, no sólo Juntos por el Cambio sino además sectores peronistas desalineados, algunos provinciales y, según el caso, la izquierda y últimamente, los “libertarios”. Eso explica el congelamiento de los proyectos judiciales motorizados por el kirchnerismo.
El conflicto estalló en la antesala del desenlace de la causa Vialidad. El martes próximo, el Tribunal Oral Federal que tiene a su cargo el caso dictará sentencia. En medios del oficialismo y de la oposición las conjeturas son similares en un punto: habrá condena. Las especulaciones varían sobre la extensión y la figura que aplicarían los jueces. Por supuesto, queda por delante un largo camino de apelaciones e instancias judiciales. Pero el dato político es otro e incluye la reacción del kirchnerismo duro. Nada indica que vaya a bajar la tensión política.
Fuentes con recorrido en el mundo judicial creen que la situación entró en un punto realmente crítico por la imposibilidad, al menos hasta el presente, de astillar a la Corte y, por consiguiente, de consagrar un mensaje de advertencia al resto de la Justicia. “A estos integrantes de la Corte no tienen cómo entrarle”, resumen, aunque no se trata de un bloque único. El kirchnerismo atribuye la situación actual a la falta de decisión de Alberto Fernández en su mejor momento político. Es un reproche a pesar de las declaraciones presidenciales cada vez más alineadas, en este terreno, con el kirchnerismo duro.

CFK vivió como un desafío personal la decisión de la Corte Suprema que rearmó la integración del Consejo de la Magistratura. Una respuesta suya sin destino efectivo fue la insistencia con el proyecto para ampliar el número de miembros de la Corte. Ocurrió lo mismo que con el intento de alterar las reglas de juego en el Ministerio Público Fiscal y con la “reforma” del fuero federal. En cambio, avanzó con los movimientos para complicar la Magistratura o asegurarse allí espacios de poder.
La ex presidente dispuso dividir el bloque de senadores oficialistas para quedarse con la mayoría absoluta en esa representación: tres de los cuatro asientos, restando un lugar a una de las minorías. Designó así a Martín Doñate en lugar de Luis Juez. La Corte rechazó esa movida y CFK desoyó la resolución. Después, ratificó la misma línea. El tema está transitando otra vez el camino judicial.
Diputados, en cambio, había mantenido el criterio de reparto en función de la existencia de bloques. El Frente de Todos no se dividió para ganarse un lugar más. Eso generó malestares internos, pero se impuso el criterio de garantizar una convivencia mínima, para avanzar con los proyectos considerados básicos, y conversables, con la oposición. Massa lo necesitaba también como piso para asumir en el área económica.
Pero la presión desde el principal despacho del Senado se hizo sentir. Y la disputa de CFK tiñó también a la otra Cámara. Cecilia Moreau anuló de hecho la representación de diputados para la Magistratura ya acordada (dos kirchneristas, un macrista y una radical) y estalló el conflicto. Por lo pronto, el oficialismo no logró reunir número para reelegir a la presidente de la Cámara y tampoco pudo sostener una sesión posterior, el mismo día. Todo, en medio de fuego cruzado.
Cecilia Moreau seguirá en su cargo, porque así lo dispone el reglamento, pero sin consenso elemental. Existen ahora pedidos de medidas extremas -expulsiones- entre los bloques de mayor peso. Nada dice que puedan ser efectivas, aunque expresan el estado de rotura. Es difícil, sino imposible, que Diputados vuelva a sesionar para consagrar autoridades -¿ratificarlas?- o tratar proyectos.
Esa es una pésima señal, concreta. Un ejemplo: Economía necesita la aprobación de algunas iniciativas, entre ellas una sobre lavado de activos -algo que trasciende las fronteras-, otra de impulso al sector agroindustrial y una virtual moratoria previsional. Las estribaciones del conflicto, como se ve, alcanzan a los tres poderes del Estado.
¿Puede agravarse aún más el cuadro? Una test cercano tiene fecha: el martes será expuesto el veredicto del TOF en la causa vialidad y habrá que ver la reacción del kirchnerismo. Por lo pronto, CFK planteó un discurso repetido -la recreación del golpismo por acción del “partido judicial”- y fue más lejos que nunca, por el eco del pasado trágico: calificó al tribunal como un “pelotón de fusilamiento”. El interrogante es como lo traduce en respuesta si, como todo indica, sobreviene una condena. Es la prueba que viene.
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