La Justicia sobreseyó por tercera vez a Nilda Garré en una causa en la que está acusada de tener dos ingresos simultáneos

¿La tercera será la vencida? La ex ministra de Defensa y Seguridad durante el kirchnerismo Nilda Garré fue sobreseída hoy en una causa en la que está acusada de haber tenido dos ingresos simultáneos durante varios años. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi consideró que no hubo delito. Es la tercera vez que opina lo mismo. Los dos fallos anteriores, en 2017 y en 2020, fueron revocados por la Cámara Federal. La causa se mantuvo abierta por las apelaciones del fiscal Carlos Rívolo.

Todo comenzó en 2013 con una denuncia de los entonces senadores Gerardo Morales, José Cano, Luis Naidenoff y Alfredo Martínez ante la designación de Garré como embajadora ante la OEA. En esa presentación acusaban a Garré de haber cobrado dos ingresos simultáneos. Ocurre que la ex ministra es titular del Registro de la Propiedad Automotor 57 de la Capital Federal desde 1989. A partir de 1995 ocupó diferentes cargos públicos (diputada, ministra y embajadora) y designó a una reemplazante en ese lugar, Olga Mercado. Sin embargo, según la denuncia, nunca habría dejado de cobrar los emolumentos, es decir los ingresos, del servicio registral.

Desde el comienzo de la causa, Garré sostuvo que estaba habilitada a cobrar esos ingresos por el decreto 644/89, que regula el sistema de los registros. Y que los emolumentos no se podían equiparar a un “haber” o “remuneración”.

La causa tramitó primero en el juzgado de Sebastián Ramos y recién en 2016 quedó en manos de Martínez De Giorgi. A lo largo de la investigación, declararon decenas de funcionarios del Ministerio de Justicia, que tiene a su cargo la Dirección Nacional de los Registros del Automotor, y otros testigos vinculados al sistema registral.

En 2017, Martínez De Giorgi sobreseyó por primera vez a Garré. Argumentó que al momento de la denuncia no estaba prohibido que el titular de un Registro pueda percibir los emolumentos mientras estaba de licencia. La aclaración fue porque ese mismo año, el Ministerio de Justicia reguló ese tipo de situaciones.

“Los ingresos dinerarios provenientes del Registro Seccional del cual la funcionaria es titular, no ingresan ni son considerados en ninguna instancia como parte del erario público, ni forma parte de las partidas presupuestarias asignadas para cubrir los salarios de los trabajadores y funcionarios estatales, ya que son fondos abonados por los particulares que realizan trámites del automotor”, sostuvo el juez en ese momento.

Apenas dos meses después, tras una apelación del fiscal Rívolo, la Sala II de la Cámara Federal revocó el primer sobreseimiento y sostuvo que la decisión del juez era “prematura”.

Martínez De Giorgi ordenó entonces una pericia sobre los emolumentos cobrados por parte de Garré desde 1995, cuando empezó con las sucesivas licencias. También le pidió informes a la Cámara de Diputados, a la Cancillería, y a los ministerios que tuvo a cargo Garré para saber si habían detectado alguna incompatibilidad.

Aunque la pericia no arrojó datos concluyentes, el juez sobreseyó a Garré por segunda vez en noviembre de 2020. El fiscal Rívolo otra vez se opuso al cierre. “Me parece importante aclarar en este punto que el hecho de que los Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no hayan podido establecer conclusiones sobre las deducciones correspondientes a gastos y/o costos propios del Registro de la Propiedad Automotor N° 57, en nada obsta a la pretensión de esta parte de que se le reciba declaración indagatoria a la Sra. Nilda Celia Garré, pues tal como lo expliqué en anteriores presentaciones en las cuales solicité que se le reciba declaración en los término del art. 294 del C.P.P.N., la imputación que este Ministerio Publico dirige a la nombrada no tiene que ver con un eventual enriquecimiento ilícito, sino que apunta, como adelanté en el párrafo anterior, a la evidente incompatibilidad por acumulación de cargos públicos y, en tal sentido, a la percepción simultanea de emolumentos y/o salarios procedentes del erario público”, sostuvo el fiscal.

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Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia revocaron otra vez el sobreseimiento y le ordenaron al juez que se tomen nuevos testimonios y que realice un nuevo peritaje contable sobre el movimiento económico financiero del Registro 57.

Recién en agosto de este año, Garré declaró por escrito y sostuvo que no había una regulación sobre el cobro de los emolumentos hasta 2017. Además, destacó que no se comprobó el ejercicio simultáneo de dos cargos públicos incompatibles entre sí ya que “durante todos los períodos en que ocupó cargos tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo Nacional gozó de la correspondiente licencia en el Registro Seccional n° 57, en el cual designó una Encargada Suplente”.

En su último dictamen, el fiscal apuntó a otro de los hechos que figuraban en la denuncia original: que Garré había cobrado aportes jubilatorios entre 1995 y 2001 pese a sus cargos públicos. “La Sra. Garré no solamente cobró los haberes correspondientes al beneficio jubilatorio del cual es titular, sino que, al mismo tiempo, percibió los emolumentos resultantes de la actividad del Registro de la propiedad del Automotor N°57 y, como si esto fuera poco, las remuneraciones correspondientes al ejercicio de sus funciones públicas en la Honorable Cámara de Diputados primero, y en el Ministerio del Interior después”, destacó Rívolo.

Sin embargo, Martínez De Giorgi volvió a insistir con el sobreseimiento de Garré por entender que el emolumento no equivale a un salario. “Como ya se explicó en oportunidades anteriores y se encuentra por demás acreditado por los elementos probatorios y testimonios reunidos a lo largo de esta profusa instrucción, que el emolumento no se trata de un salario o remuneración del Encargado Titular del Registro en uso de licencia”, sostuvo. Y destacó que la ex ministra siempre expuso su vínculo con el Registro 57 en sus declaraciones juradas.

Sobre las jubilaciones cuestionadas, el juez sostuvo que se trataron de “sumas ínfimas de dinero resultantes de un exiguo período” y destacó los montos cobrados entre mayo y agosto de 2001, cuando ya estaba designada en la Unidad Fiscal AMIA. “Del expediente jubilatorio aludido, se desprende que, en ocasión de que la ANSeS suspendiera el goce de haberes del beneficio jubilatorio, tal como fuera solicitado por la imputada, fundamentó en los considerandos de la resolución pertinente, que de los elementos de juicio aportados, no surgía en principio, violación al régimen de incompatibilidad instituido por el art. 34° de la Ley 24.241, ni a otra norma legal; no oponiendo objeciones a la suspensión del beneficio solicitada”, argumentó Martínez De Giorgi.

¿La tercera será la vencida? Fuentes judiciales aseguraron a Infobae que la Fiscalía tiene previsto apelar nuevamente el fallo.

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