El Gobierno decidió hoy postergar hasta febrero el estudio de incompatibilidades en la asignación de los planes Potenciar Trabajo y adelantó que la cuota de noviembre se pagará en los próximos días. Por su parte, los movimientos sociales cercanos al oficialismo se comprometieron a no profundizar el plan de lucha, que hoy los llevó a cortar el Puente Pueyrredón durante varias horas.
Esta tarde, el presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; al secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; y al secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro. Allí resolvieron que el relevamiento de los planes que se iba a hacer con los datos de la AFIP, a partir del levantamiento del secreto fiscal, se llevará adelante recién en febrero.
Los movimientos sociales salieron hoy a la calle ante la posibilidad de que no se abone la cuota de noviembre y de la amenaza de “desenganchar” los planes del salario mínimo.
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La decisión de la ministra Tolosa Paz de solicitarle a la Justicia que levante el secreto fiscal para que la AFIP entregue la lista nominal de los beneficiarios del Potenciar Trabajo que cobraban el plan con incompatibilidades (como haber comprado dólares o tener más de dos propiedades) había generado un fuerte malestar en los movimientos sociales. Ayer incluso dejaron trascender desde el Movimiento Evita que analizaban renunciar a los cargos que ocupan en el Poder Ejecutivo, principalmente dentro de la cartera de Desarrollo Social.
Durante la reunión, Alberto Fernández respaldó a Tolosa Paz ante las presiones y reclamos de los líderes de los movimientos sociales. “Victoria soy yo. Ella cumple mis órdenes. Y si la tocan a ella, me están tocando a mí”, dijo el Presidente frente a Pérsico y Castro.
Por su parte, la ministra Tolosa Paz explicó que hizo el pedido para evitar una imputación del fiscal Guillermo Marijuán. Sin embargo, el fiscal federal la denunció -junto con Pérsico- por los presuntos delito de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”. Fue por no haber dado de baja a los 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que habrían cobrado ese beneficio de manera irregular por tener alguna “incompatibilidad”, según el informe que el 24 de octubre envió la AFIP por pedido de su antecesor Juan Zabaleta.
Dado que Marijuán igualmente hizo la denuncia, Tolosa Paz se mostró de acuerdo con Alberto Fernández y Pérsico en esperar hasta febrero para depurar los listados.
Sin embargo, aclaró que las asignaciones que ya fueron canceladas porque los beneficiarios compraron dólares o están fallecidos, seguirán dadas de baja.
Ante estos planteos y la promesa de que se entregarán más alimentos a los comedores, Pérsico y Castro se comprometieron a no implementar en plan de lucha anunciado hoy en la asamblea que realizaron en el Puente Pueyrredón -bautizado “Navidad en la calle”- que implicaría varias movilizaciones la semana que viene en todo el país.
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