La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el diputado Ricardo López Murphy reclamaron al Fiscal Federal de San Carlos de Bariloche que las acciones violentas de los grupos autodenominados mapuches tengan el agravante de haber tenido como finalidad “infundir terror en la población”.
El artículo 41 quinquies del Código Penal determina que cuando alguno de los delitos “hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.
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La presentación de los referentes de Juntos por el Cambio se da en el marco de la causa “Odarda María Magdalena, Pilquiman Luis Alberto y otros s/ Traición a la Nación Argentina y Asociación Ilícita” en la que se investigan más de 100 hechos penales que involucran a las comunidades Lafken Wikul Mapu, Lof Gallardo , Lof Millalonco-Ranquehue, Lof Che Buenuleo, Pu Lof Cushamen, al Movimiento Autónomo Mapuche del Puelmapu (MAP) o la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
Por otro lado, también reclamaron que el mismo agravante se aplique a quienes participan, promueven y apoyan los raids delictivos con el objetivo de formar una “Nación Mapuche”, en relación a la ex Presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, y Luis Pilquimán, actual vice del organismo.
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Según explicaron, el accionar de los grupos mapuches se ha visto potenciado en los últimos años “por el rol de ciertos funcionarios públicos y otras organizaciones afines” que han “quebrantado los deberes inherentes a su función y han contribuido de manera determinante a envalentonar el accionar de quienes actúan al margen de la ley para crear una nación paralela invadiendo territorio del que se apropian por la fuerza, sublevándose al orden público”.
A modo de ejemplo, destacaron los casos del Embajador en Chile, Rafael Bielsa, quien pidió la libertad condicional del hoy prófugo de la justicia chilena, Jones Huala; o el “llamativo error” del Ministerio de Defensa que casi provoca el despojo de tierras reclamadas por una de estas comunidades al Ejército Argentino.
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Asimismo, señalaron que los actos violentos de las agrupaciones mapuches son llevados a cabo con una “ultrafinalidad distinta de la finalidad propia de cada uno de los delitos en particular, cual es la de infundir terror para lograr su objetivo ‘superior’, que es lograr establecer la Nación Mapuche, dentro del territorio de la República Argentina, desconociendo el orden jurídico argentino en su totalidad”.
Bullrich, Lopez Murphy y la abogada María Eugenia Talerico también reclamaron la inscripción de la RAM y el MAP en el Registro Publico de Personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su Financiamiento (REPET), conforme el Decreto 918/12.
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Esta semana, un grupo de encapuchados, pertenecientes a una agrupación mapuche, incendió una casilla móvil que Gendarmería Nacional había instalado en Villa Mascardi para custodiar un predio que había sido vandalizado el 1 de agosto pasado.
Con piedras, palos e incluso disparos -de acuerdo a lo que afirmaron vecinos de la zona-, los agresores sorprendieron a los cinco uniformados que estaban en el puesto móvil, quienes tuvieron que retirarse para no resultar heridos.
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Por pedido de la Fiscalía Federal de Bariloche, Gendarmería Nacional custodiaba – desde hace dos semanas - una propiedad privada, lindera a la ocupación mapuche, que fue destruida por integrantes de la misma agrupación.
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