El gobierno nacional implementará antes de fin de año el pago de un bono de emergencia para los sectores más vulnerables de la Argentina. Aunque todavía no está establecida la metodología y falta definir el monto que se otorgará, una alta fuente de la Casa Rosada confirmó que la medida se confirmará en los próximos días.
La financiación surgirá en gran parte con lo conseguido por el denominado “dólar soja”, una medida que impulsó el ministro Sergio Massa para que las cerealeras liquiden divisas y que esas exportaciones engrosen las reservas debilitadas del Banco Central. En ese DNU -decreto 576/2022-, que dispuso un dólar a 200 pesos a los sectores del agro, se dejó explicitado que parte de la recaudación podría ser destinada a un pago extraordinario y a nivel nacional “que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”.
Según algunas versiones, el monto podría alcanzar un total de $ 50.000, a pagarse en tres cuotas en el último trimestre del año a través de la ANSES.
“Hay varios proyectos de legisladores y de funcionarios, se está viendo cuál es el mejor”, indicó la misma fuente en Balcarce 50. El universo que abarcaría es el principal tema de discusión. “Algunos, como Juan Grabois, dicen que debería ser para 1.600.000 personas”, indicó alguien con acceso directo al despacho del presidente Alberto Fernández.
Otros sectores sostienen que el alcance debería ser aún mayor, de alrededor de 2 millones que no reciben ninguna ayuda social. Desde hace dos días las organizaciones sociales vinculadas mayoritariamente a partidos de izquierda nucleados en el Polo Obrero realizan un acampe de protesta frente al edificio del ministerio de Desarrollo, en plena avenida 9 de julio.
Grabois, quien encabeza el Frente Patria Grande, uno de los partidos de la coalición oficialista del Frente de Todos, viene proponiendo desde hace varios meses la necesidad de establecer un salario básico universal que permita mejorar los ingresos de la población que está bajo la línea de indigencia. “Sería lo mejor. Transparentaría aún más los planes sociales”, admiten en Gobierno. También advierten que debería salir mediante una ley en el Congreso Nacional y que “los números no dan para que eso suceda”.
La portavoz presidencial Gabriela Cerruti admitió en la conferencia de prensa que dio este jueves que “la Vicepresidenta, el ministro de Economía y el Presidente conversan en forma permanente. Todos coinciden en la necesidad imperiosa de una redistribución del ingreso, el fortalecimiento de los salarios y de acuerdos que frenen la rentabilidad excesiva de las empresas”, reflotando la posibilidad de un debate legislativo sobre el proyecto de Renta inesperada que elevó el Ejecutivo hace unos meses.
El miércoles de esta semana el INDEC informó que la pobreza llegó a 36,5% y alcanzó a 17,3 millones de argentinos en el primer semestre de 2022. En tanto, indicó que el nivel de indigencia fue del 8,8 por ciento en los primeros seis meses del año. Tras esa publicación, la vicepresidenta Cristina Kirchner reflotó la idea de aumentar la intervención del Estado en el precio de los alimentos.
En Gobierno dicen que el diálogo interno entre los tres principales integrantes de la coalición (Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa) es “muy bueno” y que los todos están a favor de reforzar “el bolsillo de los que menos tienen”.
“El ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”, recordó Cerruti en la conferencia.
Según dejaron trascender allegados a Grabois, la Vicepresidenta intervino ante Massa para que avance la idea de otorgar el bono. Por eso los tres diputados de Patria Grande no concretaron su amenaza de abandonar el bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja.
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