La jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió que, a partir de anoche, la custodia de las dos personas detenidas por su participación en el intento de asesinato de Cristina Kirchner pase de la Policía Federal Argentina (PFA) a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuyo titular es José Glinski. El funcionario dispuso que Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló un arma a centímetros de la cara de la Vicepresidenta, y su novia Brenda Uliarte, quien habría actuado como cómplice, sean alojados en dos celdas separadas ubicadas en el Aeropuerto Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. Las unidades están ubicadas entre el estacionamiento sur cubierto y el edificio que está al lado. Las medidas de seguridad que pesan sobre los dos imputados son estrictas, solo se acerca personal autorizado, se revisa los alimentos y el agua que ingieren y hasta ahora no recibieron visitas a pesar que no están incomunicados.
Hasta anoche, después de presentarse para declarar en los tribunales de Comodoro Py, Sabag Montil (35), un joven que tiene tatuado sobre su cuerpo simbología nazi, y Uliarte (23), que en las redes sociales se hacía llamar “Ambar”, entre muchos otros apodo, estaban detenidos a disposición de la PFA en sede policial de la calle Cavia 3350 en el barrio porteño de Palermo, el primero; y en Villa Lugano la segunda.
La jueza Capuchetti no solo confió en la PSA la seguridad de los dos detenidos, sino la investigación: desde el peritaje de los celulares de los sospechosos y varios de sus amigos denominados como “la banda de los copitos”, a la inteligencia sobre los movimientos previos al intento de magnicidio.
La decisión fue tomada después de varios yerros cometidos por la PFA, entre ellos las fallas en la reacción de los custodios de Cristina Kirchner, hasta la apertura del celular de Sabag Montiel y la revisión de las imágenes del 1 de septiembre a la noche cuando intentaron matar a la titular del Senado.
Glinski decidió, con autorización de la jueza Capuchetti, que el mejor lugar para mantener aislados y seguros a la pareja de sospechosos las celdas de la renovada Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOSP) Metropolitana ubicada en Aeroparque. Sin embargo, el padre de Brenda Uliarte solicitó que su hija fuera trasladada a una celda similar que la PSA tiene en Ezeiza porque le queda más cerca de su domicilio.
A mediados del año pasado, el 22 de junio, la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic (hoy a cargo de Cascos Blancos con rango de embajadora) junto al director de la PSA encabezaron en el mismo lugar en el que está alojada la pareja la ceremonia de puesta en funciones del nuevo jefe de la UOSP, Iván Graciani.
Ese día, la funcionaria que sería reemplazada por Aníbal Fernández dijo: “Quisiera agradecerle a la autoridad saliente por su trabajo durante tiempos difíciles en este Aeroparque, un lugar que tiene su complejidad y que estuvo cerrado para renovarse (...) Del mismo modo, quiero darle la bienvenida al inspector Graciani, porque asumirá una responsabilidad muy grande, de mucha importancia para el Estado Nacional en una época con nuevos desafíos para todas las Fuerzas Federales en general y particularmente para la PSA”.
Quince meses después, ese lugar es el centro de las miradas políticas y judiciales. La Unidad Operacional de Seguridad Preventiva cumple con estrictas medidas de seguridad internacional ya que están copiadas a imagen y semejanza de los principales aeropuertos del mundo porque allí quedan alojados, por ejemplo, desde terroristas a peligrosos narcotraficantes.
Según pudo saber Infobae, ni Sabag Montiel ni Uliarte presentan signos de depresión. No solicitaron comida especial ni libros, radio o autorización para recibir visitas. Ambos son vigilados las veinticuatro horas del día mientras los peritos de la PSA siguen trabajando sobre los teléfonos celulares secuestrados a la pareja.
Uliarte, al igual que Sabag Montiel, quien vivía en un monoambiente sucio, con mal olor y restos de comida en la cocina y en la mesa, ubicado en la localidad bonaerense de San Martín, no le facilitó a la jueza la clave de su celular. Sin embargo, esto no fue una dificultad para los técnicos de esa fuerza federal que cuenta con tecnología de punta para este tipo de tareas. En menos de 24 horas consiguieron abrirlo y por estas horas el juzgado espera las novedades que pueda arrojar el estudio forense del aparato y de la tarjeta SIM.
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