Juicio por la obra pública: “Ni Báez ni nadie de su empresa tenía injerencia en Vialidad”, la defensa del funcionario acusado de no controlar las obras

El ex jefe del distrito 23 de Santa Cruz de Vialidad Nacional, Mauricio Collareda, pidió hoy su absolución en el juicio oral por la obra pública en esa provincia que recibió el empresario Lázaro Báez, en el que la principal acusada es la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. “Ni Báez ni nadie de su empresa tenía injerencia en Vialidad. El pedido de 6 años de la Fiscalía es un ensañamiento contra mi asistido. Es escandaloso e inaceptable”, dijo en su alegato el defensor oficial Luis Alonso Martínez.

El Tribunal Oral Federal 2 realizó hoy la segunda audiencia de los alegatos de las defensas de los 13 acusados. Ayer, la de Héctor Garro, ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, había pedido su absolución. Y hoy hizo lo propio Colladera, para quien el fiscal Diego Luciani pidió que sea condenado a seis años de prisión por administración fraudulenta agravada porque fue contra el estado nacional, la pena más alta para ese delito.

La defensa del ex funcionario dijo en varias oportunidades que la acusación de la Fiscalía fue “arbitraria, escandalosa e inaceptable”. Alonso Martínez pidió la absolución y dijo que en caso de que los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso entiendan que Collareda sí cometió un delito, le apliquen dos años de prisión en suspenso, la pena más baja para del delito.

Ingeniero civil, Collareda estuvo al frente del distrito 23 de 2008 hasta enero de 2016 cuando fue desplazado por el gobierno de Mauricio Macri. La Fiscalía lo acusó de no haber controlado las obras que recibió Báez y de haber seguido los planes de Vialidad Nacional para beneficiar al empresario.

“No tuvo ninguna participación relevante en la maniobra que describió la fiscalía”, dijo el defensor oficial. Alonso Martínez explicó que el distrito 23 de Santa Cruz no decidía si una obra era necesaria o no para la provincia, no tenía tareas de controles previas, no elaboraba los presupuestos ni las licitaciones. “Tenía un control administrativo de las obras que remitía a Vialidad Nacional”, sostuvo.

“Las funciones del distrito 23 eran administrativas, un pase de papeles. Más allá que la Fiscalía haya dicho que cada firma de Colladera era criminal. Tampoco era tarea del distrito 23 controlar las obras. Los inspectores que debían hacer eso eran de la provincia”, agregó y dijo que los auditores que trabajaron en el caso no objetaron la tarea del ex funcionario en el caso.

La defensa oficial también sostuvo que Colladera no tiene relación con Báez ni trabajó previamente en sus empresas. “Ni Báez ni nadie de su empresa tenía injerencia en Vialidad”, explicó.

El alegato fue virtual y Colladera lo siguió de esa manera, al igual que el resto de las partes. El juicio continuará el próximo viernes a las 8:30 con la defensa de Raúl Daruich, también ex jefe del distrito Santa Cruz. Luego vendrá la del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y posteriormente la de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas. Esas tres no informaron al tribunal oficialmente cuántas audiencias utilizarán pero de manera informal adelantaron que pueden ser una o dos. Luego será el turno del alegato de Cristina Kirchner.

Si eso se cumple, la defensa de la vicepresidenta comenzará su exposición ante los jueces la semana del 19 de septiembre. Lo más probable es que use las tres audiencias de alegatos y que Cristina Kirchner participe de ellos. “Es una posibilidad que se sabrá en la misma audiencia”, le dijo a Infobae una fuente de la defensa. Para esta etapa del juicio, Cristina Kichner fue autorizada a no estar presente por su actividad como vicepresidenta. La expectativa del tribunal es dar a conocer el veredicto antes de fin de año.

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que recibieron las empresas de Báez para Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Para los fiscales Luciani y Sergio Mola se montó una estructura criminal para beneficiar al empresario que cobró todas las obras pero la mitad no las terminó. “Es justicia o corrupción, señores jueces”, dijo Luciani en el cierre de su alegato.

La Fiscalía pidió que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta. La misma pena solicitaron para el empresario Báez. Y 10 años para De Vido, para el ex secretario de Obras Públicas José López y para el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre las principales imputaciones, ya que pidió condena para los 13 acusados en el caso.

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