La amenaza de división del bloque oficialista condiciona la agenda económica del Gobierno en el Congreso

No todas las tensiones internas del Frente de Todos quedaron aplacadas tras la reestructuración del gabinete que llevó a Sergio Massa al Ministerio de Economía. En medio del pico inflacionario de agosto, el Frente Patria Grande redobló la campaña por la implementación del Salario Básico Universal. Un reclamo que ya había planteado sin éxito durante las gestiones de Martín Guzmán y Silvina Batakis.

“Sin los últimos, no hay Todos”, fue la velada advertencia de Juan Grabois a principios de esta semana. Dos días después, Ofelia Fernández fue aún más contundente: “El FDT prometió que iban primero los últimos; si van a seguir esperando, no sé qué sentido tiene seguir en los bloques”.

El Frente Patria Grande, cuyo principal referente es Juan Grabois -líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos-, tiene tres diputados nacionales (Itai Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho), una legisladora porteña (Ofelia Fernández) y una diputada bonaerense (Lucia Klug).

Los socios de Grabois adelantaron que si el gobierno nacional no implementa algún tipo de medida destinada a aliviar la situación económica de las personas por debajo de la línea de indigencia, conformarían sus propios bloques separados dentro de un interbloque. Sería una forma de “marcar una disidencia con la orientación económica” pero sin romper definitivamente con el Frente de Todos.

El día clave será el 3 de septiembre, cuando Patria Grande realizará un congreso que intencionalmente coincidirá con el primer mes de Massa al mando de la gestión económica. Allí definirán el futuro político del espacio, pero adelantaron que no van a apoyar un programa de estabilización que no incluya una contención para los sectores más vulnerables.

No obstante, aclararon que el Salario Universal no es la única salida posible. También ven con buenos ojos el proyecto presentado por la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio que promueve un “refuerzo de ingresos para reducir la indigencia” destinado a los 1.7 millones de adultos que no llegan a la canasta básica alimentaria, estipulada por INDEC en $15.057 en junio. Consideran que esta sería una suerte de política “a mitad de camino”, pero válida.

Dada la cercanía de Di Tullio con la vicepresidenta Cristina Kirchner, desde Patria Grande también advierten que su reclamo tiene un apoyo más amplio dentro del Frente de Todos. “Creemos que la propia CFK y sectores de La Cámpora están de acuerdo con nuestro planteo”, destacaron.

En la Cámara de Diputados es donde la eventual ruptura generaría mayor impacto dado que el oficialismo no tiene mayoría y suele tener dificultades para negociar con los bloques provinciales para llegar al quórum. Perder tres votos más sería un verdadero problema para el Gobierno a la hora de impulsar proyectos clave.

“Romper tiene un costo político, pero no hacer nada ante esta situación también tiene un costo, con nuestras bases y con las ideas que queremos representar”, explicaron cerca de Grabois.

Por lo pronto, el diálogo con el ministro de Economía es fluido. Massa no rechazó de plano los pedidos pero pidió tiempo para poder estabilizar las principales variables macroeconómicas. Los movimientos sociales se mantienen expectantes pero ya pusieron una fecha tope. “Se puede reforzar los ingresos de los indigentes y calmar a los mercados al mismo tiempo, de la misma forma que van a poder darle un bono a los jubilados y respetar la meta fiscal del FMI. Es cuestión de encontrar equilibrios”, señalan.

Para Patria Grande una eventual ruptura significaría “mayor autonomía a la hora de votar y de hablar en el recinto”. En concreto, las diferencias se restringirían al plano económico. Lo que podría complicar los planes del flamante ministro.

Mientras organizan el congreso del 3 de septiembre, los diputados de Patria Grande ya analizan qué harán en la sesión especial que podría convocarse para el 31 de agosto. “Si no hay ningún gesto, vamos a ver bien qué votamos y qué no. Con la ley de agroindustria -impulsada por Massa- lo vamos a pensar bien, no vamos a votar para favorecer solo a un sector”, advirtieron. Tampoco descartan que otros diputados que provienen de los movimientos sociales, como Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva (CCC/PTP), se sumen a una eventual escisión.

Dentro de la bancada del Frente de Todos caracterizan la movida del Patria Grande como un intento legítimo de que la respuesta económica del Gobierno ante la crisis ponga más el foco en los sectores postergados. Sin embargo, minimizan las posibilidades de que se concrete una división que afecte la dinámica del oficialismo en el Congreso.

Muchos consideran que los diputados díscolos no tienen mucho para ganar. Más bien todo lo contrario, se alejarían de la posibilidad de que el bloque respalde su agenda legislativa. Además, destacan que han podido manifestar diferencias en el pasado sin romper el bloque, como cuando rechazaron el acuerdo con el FMI.

Por el momento, el tira y afloje se restringe a la arena legislativa. En Patria Grande siguen considerando que el Frente de Todos es la única herramienta para encarar la disputa político el año que viene cuando haya elecciones. Restará ver si el rumbo de la economía suaviza las diferencias o lleva a una ruptura política más profunda.

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