El lunes por la tarde entró al Senado de la Nación un proyecto de ley impulsado por los presidentes de los dos bloques que conforman el Frente de Todos, Juliana Di Tullio y José Mayans. Bajo el nombre de Ley de Refuerzo de Ingresos para reducir la indigencia, el texto establece que, de aprobarse, se estaría “garantizando el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad”.
La norma, que vendría a ser una versión de los legisladores más cercanos a Cristina Kirchner del Salario Básico Universal que impulsan las organizaciones sociales en la Cámara de Diputados y que, frente a la negativa del Ejecutivo, podría hacer quebrar al bloque en la Cámara baja, establece una prestación monetaria mensual para las personas que están actualmente bajo la línea de indigencia debido a que no alcanzan la canasta básica alimentaria de un adulto, estipulada por INDEC en $15.057 al mes de junio de 2022. Es así que la asignación será equivalente al valor de dicha canasta, monto que según establece el proyecto podrá actualizarse de modo trimestral.
Según las estimaciones de la senadora Di Tullio, se prevé que esta política alcance a 1.7 millones de adultos que estarían en condiciones de acceder al refuerzo. Este universo comprende al grupo de personas adultas que, además de no tener trabajo registrado, no perciben ninguna prestación, jubilación, ni plan social y no cuentan con ningún bien.
Podrán inscribirse las mujeres de entre 25 y 59 años y varones de entre 25 y 64. Así se busca cubrir a la franja etaria que no está alcanzada por otros programas sociales entendiendo que las personas que quedan por fuera de ese rango pueden acceder a AUH y Progresar o ya han cumplido la edad jubilatoria y por lo tanto se presume que tienen cubierta la canasta básica alimentaria.
La norma en su articulado establece que el beneficio será de carácter temporal y se otorgará por un año con la posibilidad de renovación en cuanto se pueda verificar que las condiciones de vida de la persona siguen siendo las mismas.
En esa línea, también prevé promover la incorporación de los beneficiarios al trabajo formal a través de la articulación con empresas y sectores de la actividad económica.
Como sucedió con otros proyectos que surgieron del interbloque del Frente de Todos en la Cámara de Senadores, no fue consultado el Ministerio de Economía. No sucedía cuando estaba Martín Guzmán al frente del Palacio de Hacienda, no hubo tiempo con Silvina Batakis, y tampoco ahora que está al frente Massa, uno de los socios del Frente de Todos.
Así quedó en claro en el comunicado del bloque en donde se señala que el costo fiscal de la medida será “del 0.09 PBI para lo que resta del 2022 y 0,44 durante el año siguiente” y se especifica que el proyecto “recibió aportes de dirigentes sociales, se trabajó en su elaboración junto a diputados, senadores y senadoras y fue acordado con el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Anses y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”.
La iniciativa establece que sea Anses la autoridad de aplicación, creando a este fin el Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi) que tendrá a su cargo la inscripción. Posteriormente, el ente dirigido por Fernanda Raverta hará el cruzamiento de datos para definir quiénes podrán acceder.
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