Los mapuches insisten en condicionar la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y podrían afectar a las inversiones

El gasoducto Presidente Néstor Kirchner es considerado como la obra de infraestructura más importante de las últimas cuatro décadas. Permitirá el transporte del gas no convencional de Vaca Muerta con los principales centros de consumo y su relevancia se agiganta en medio de la crisis energética mundial y la falta de divisas que sufre Argentina. Sin embargo, su construcción está condicionada -y las inversiones amenazadas- por grupos autoproclamados mapuches que buscan apoyarse en una disposición jurídica de la Organización Internacional del Trabajo para poder exigir dinero o “beneficios” de la explotación en la zona alegando una supuesta reivindicación territorial.

El Convenio 169 de la OIT establece que los pueblos indígenas deben ser consultados sobre obras y procedimientos a ejecutar en “su territorio”. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, dio el primer paso con la presentación del “Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada (CLPI)” que le da a los referentes de las comunidades mapuches intervención y capacidad de veto en el proyecto energético más importante del país en los últimos tiempos.

El gobierno neuquino se amparó en dicho convenio de la OIT para presentar el protocolo mediante el cual la Provincia estará obligada a cumplir una serie de pasos administrativos en el futuro. Son justamente esos procesos, que demandarán al menos 60 días, los que condicionarían el avance de las obras si los referentes de las comunidades plantean reclamos.

En la última visita del Presidente de la Nación Alberto Fernández a Vaca Muerta, referentes de agrupaciones mapuches de Neuquén le advirtieron que sin la participación de los pueblos originarios, no sería posible avanzar con la ejecución de la obra del gasoducto Néstor Kirchner que el primer mandatario iba a presentar. El día anterior las mismas agrupaciones bloquearon el acceso a la gerencia que la estatal YPF tiene en la meseta de Añelo: “Queremos y exigimos que nos consulten porque (la obra) atravesará tierras pertenecientes a pueblos originarios”, argumentaron.

La amenaza mapuche prosperó y llevó a Gutiérrez a reunir en la misma mesa a empresarios, funcionarios políticos y mapuches. La decisión cosechó críticas del arco político opositor y la Confederación Mapuche de Neuquén no tardó en responder. “¿De qué se sorprenden?, si no están haciendo más que cumplir lo que dice una norma actual”, desafiaron.

La primera reunión entusiasmó a los indígenas. “Es un montón”, celebró Gabriel Cherqui, principal referente de la Confederación, en diálogo con Infobae. “El Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada (CLPI) se tiene que hacer, esté (Alberto) Fernández, (Mauricio) Macri o Cristina (Kirchner). ¿Quieren obra? Déjennos participar”, sentenció.

En efecto, les permite a los líderes de esas comunidades exigir dinero, beneficios u otras acciones en caso de que, por ejemplo, la obra atraviese un terreno que ellos consideren propio por tenencia ancestral. Sin embargo, de acuerdo a los especialistas que trazaron la obra no se detectó ningún derecho de propiedad vulnerado.

En un comunicado oficial se aclaró que “deberá instarse a este procedimiento antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos naturales existentes en tierras de comunidades indígenas”. “Siempre que se considere que su capacidad de enajenar sus tierras o transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad; en programas y servicios de educación destinados a las comunidades indígenas; sobre la organización y el funcionamiento de los programas especiales de formación profesional de aplicación general y para la adopción de medidas que permitan alcanzar el objetivo de enseñar a los niños de las comunidades indígenas a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo al que pertenezcan”, se agregó.

El vocero de la Confederación Mapuche conoce la actividad petrolera ya que se desempeña en ella desde hace más de 30 años. Su trabajo está en el ojo del arco político provincial. “Plantea una supuesta reivindicación territorial, pero en realidad busca hacer negocios, quiere financiar las comunidades mapuches con plata del gasoducto”, señalan desde Juntos por el Cambio.

Desde ese mismo sector repiten la frase de cabecera de Cherqui: “Los hidrocarburos de Loma de la Lata son la sangre de la Madre Tierra”.

El hombre –que cobró un enorme protagonismo al enfrentar al jefe de Estado y negociar con el gobierno neuquino la intromisión mapuche– esquiva las consultas sobre supuestos beneficios económicos para las comunidades: “Nos interesa el cuidado del medioambiente, que se respeten nuestros derechos ancestrales y no que nos pasen por encima, como si no existiéramos”. Aunque admite también: “Todos debemos disfrutar de los beneficios de Vaca Muerta”.

El yacimiento de Vaca Muerta es el 2º en el mundo de gas no convencional y el 4º de petróleo no convencional y más de 30 empresas locales e internacionales se encuentran invirtiendo en el mismo.

Un informe del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” (IAE) sobre Tendencias Energética indica que la producción anual de petróleo crece únicamente en la cuenca Neuquina, mientras que en el resto de las cuencas disminuye. De acuerdo a la Secretaría de Energía, en mayo la producción de petróleo y gas no convencional llegó a números nunca antes registrados en lo que se lleva de la explotación de este tipo de hidrocarburos.

Según el organismo, la producción no convencional diaria de petróleo y gas promediaron por día los 241 mil barriles diarios y unos 76 millones de metros cúbicos por día, respectivamente. Así, la producción de petróleo no convencional representó un 41% del total del país y su crecimiento interanual fue del 57%, mientras que el gas significó un 57% de la producción entera y, en relación a mayo del año pasado, aumentó un 39%.

El diputado Francisco Sánchez (JXC) criticó el protocolo de consulta que habilitó el gobernador Omar Gutiérrez y fustigó además los alcances del convenio 169. “Es un convenio vago en cuanto a las definiciones que contempla. ¿Qué aspectos vamos a contemplar o qué cuestiones pueden ser las que impliquen algo para las comunidades? Esto es algo absolutamente relativo”.

Además, señaló que dicho convenio, aprobado por la ley 24071 en el año 2001, no tiene rango constitucional: “La Constitución en su artículo 16 sí establece que todos somos iguales ante la ley y que no hay prerrogativas de sangre. Sin embargo, ahí se está generando una prerrogativa en beneficio de personas que dicen tener una determinada condición”.

Gutiérrez, por su parte, busca consensos para avanzar en la confección de un protocolo amplio y participativo para desarticular las trabas que puedan afectar la ejecución del gasoducto. Hace frente a las críticas e intenta viralizar su mensaje de “inclusión” a los pueblos originarios que ocupan tierras por donde pasará la traza de la nueva obra.

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