Avión iraní-venezolano: la Justicia ordenó que el piloto y otros seis tripulantes sigan retenidos en el país, pero les permitió irse a otros doce

El juez Federico Villena sostuvo que hay sospechas sobre dos iraníes y tres venezolanos, aunque todavía no ordenó que declaren como imputados. A otros dos iraníes los retiene mientras se terminan de hacer las medidas de prueba. El resto de los tripulantes podrán volver a sus países en vuelos de línea

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El juez Villena destacó los viajes a Damasco (Siria) del piloto Gholamreza Ghasemi (en la foto a la izquierda)
El juez Villena destacó los viajes a Damasco (Siria) del piloto Gholamreza Ghasemi (en la foto a la izquierda)

El juez federal Federico Villena decidió mantener vigente la prohibición de salida del país para 7 de los 19 tripulantes del avión de Emtrasur que llegó a Buenos el 6 de junio pasado. Se trata de cuatro iraníes, entre ellos el piloto y el copiloto, y tres venezolanos. En un resolución de casi 300 páginas, a la que tuvo acceso Infobae, el magistrado describió las pruebas que hay en su contra, aunque todavía no decidió si declararán como imputados. Los otros 12 tripulantes (un iraní y once venezolanos) podrán volver a sus países de origen en vuelos de línea porque todavía no se definió la situación del Boeing 747-300.

Entre los tripulantes que deberán quedarse en el país se destacan el piloto Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, y tres venezolanos: Víctor Pérez Gómez (gerente general de Operaciones), Mario Arraga Urdaneta, y el mecánico José Garcia Contreras. Sobre ellos cinco, el juez sostuvo que hay indicios concretos.

En cambio, sobre otros dos iraníes, Saeid Vali Zadeh y Mohammad Khosraviragh, no hay indicios puntuales pero el juez quiere que se queden en el país hasta que se termine la pericia sobre los teléfonos y las computadoras.

“El presente decisorio no tiene por objeto definir el grado de participación en los hechos investigados, por cuanto la instrucción aún no se encuentra finalizada. Por el contrario, únicamente se ha evaluado -tal como fue adelantado- si resulta razonable mantener la medida de prohibición de salida del país dispuesta”, destacó el juez en la resolución.

Hace diez días, el abogado de los tripulantes, Hernán Carluccio, le pidió al juez Villena que levante la medida cautelar y les devuelva el pasaporte. “No existe ni remotamente ni jamás existió siquiera un indicio de la comisión de delito alguno, lo cual luego de más de un mes de investigación secreta, en que esta defensa se ha tenido que manejar prácticamente a ciegas, ha salido finalmente a la luz, lo cual resulta inobjetable”, sostuvo.

Entre las medidas que están pendientes sobresalen las respuestas de Uruguay, Venezuela y Estados Unidos, y el resultado final de la pericia de todos los aparatos secuestrados en el hotel de Canning, especialmente de los que requieren una traducción del farsí. En total se analizaron 72 aparatos, entre celulares, notebooks y computadoras.

Si bien todavía no hay una acusación formal, Villena decidió mantener la prohibición de salida del país para 7 de los 19 tripulantes. El fallo detalla 118 medidas de prueba que se realizaron desde el 13 de junio, cuando se abrió la causa judicial.

En el caso del piloto Gholamreza Ghasemi, la prueba más valiosa sigue siendo el informe del FBI que lo vincula con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y con Hezbollah. “La Fuerza Quds ha tenido una larga historia apoyando la milicia de Hezbollah, paramilitares, y actividades terroristas, proveyendo liderazgo, financiamiento, armas, inteligencia, y soporte logístico. Las Fuerzas Quds operan un campo de entrenamiento para Hezbollah en el Valle de Bekaa en el Líbano y han reportado entrenamiento para más de 3.000 soldados en los cuarteles que tiene la Guardia Revolucionaria en Irán”, apuntó ese informe.

El fallo además describe las fotos y los videos encontrados en el celular del piloto.

El juez también tuvo en cuenta que el piloto y Abdolbaset Mohammadi realizaron al menos 7 vuelos a Damasco (Siria). Según el FBI, esos vuelos, operados por la aerolínea Fars Air Qeshm, eran utilizados para contrabandear armas desde Irán.

Villena sostuvo que también hay indicios para retener en el país a tres venezolanos. ¿Con qué argumentos? Dos de ellos, Víctor Pérez Gómez, Mario Arraga Urdaneta, están vinculadas a una serie de irregularidades financieras vinculadas a la carga del avión. Concretamente, el fallo menciona la apertura de cuentas bancarias en Panamá y en Singapur, utilizadas para cobrar parte del dinero de los traslados.

A Pérez Goméz la Justicia le secuestró una nota dirigida a Samir Maklad, quien “se trataría de una persona que podría estar vinculado a Hezbollah y que, de acuerdo a fuentes abiertas, la familia Maklad podría ser dueña del Aeropuerto Santiago Mariño de Nueva Esparta, ubicado en la República Bolivariana de Venezuela”. Y agregó: “Si bien se trata de meros indicios entiendo que deben profundizarse. No sólo la veracidad o no de los documentos hallados sino también el grado de relación comercial que podría existir entre el aquí imputado y el grupo de ciudadanos venezolanos-libaneses destacados y la organización terrorista Hezbollah”.

El tercer venezolano que deberá seguir en el país, José Gregorio García Contreras, es un mecánico que tenía mensajes sospechosos en su teléfono.

La historia del vuelo de Emtrasur comenzó a escribirse la última semana de mayo, cuando la automotriz SAS contrató a la empresa de logística Fracht para trasladar un cargamento de autopartes desde México a Buenos Aires. Fracht cotizó el vuelo con tres brokers internacionales y finalmente se llegó a un acuerdo con Aerocharter México.

El contrato entre la oficina de Fracht en Estados Unidos y la empresa mexicana finalmente se firmó el 31 de mayo y determinó un costo de USD 885 mil, que se pagaron por adelantado. Pero el costo final del vuelo terminó siendo mucho más caro por las demoras en la salida, en el aeropuerto de Caracas, y en la primer escala en México, donde estaban las autopartes.

Hay otro dato que no cierra: en el expediente hay un contrato entre la firma Alcux Air Spain, con sede en Barcelona (España), y Emtrasur por USD 600 mil. La diferencia, casi USD 300 mil, serían comisiones millonarias que quedaron en el camino.

A partir de ahora, 12 de los 19 tripulantes podrán abandonar el país en vuelos de línea pero seguirán vinculados al proceso judicial. Aunque Venezuela e Irán no permiten la extradición de sus ciudadanos, el juez estimó que no podrán evadir a la Justicia por mucho tiempo porque todos se dedican a la aviación civil y deben viajar todo el tiempo. “Esta circunstancia facilitaría su extradición, en tanto, resulta altamente probable que fueran sorprendidos en otro país distinto al de su nacionalidad. Ello, en el caso, claro está, que, en un futuro, el devenir de la investigación (fundamentalmente el resultado de los exhortos pendientes) modifique abruptamente su situación”, explicó.

El avión de Emtrasur por ahora seguirá retenido en el aeropuerto de Ezeiza. Su situación se analiza en un incidente aparte. Para los investigadores todavía hay muchas dudas sobre la titularidad de esa aeronave pese a los documentos aportados en el expediente por el abogado de los tripulantes.

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