La pelea por la distribución de los subsidios al transporte público de pasajeros en las principales ciudades del país suma un nuevo capítulo este miércoles 29 de junio. Disconformes por la distribución de los fondos que aplica el Poder Ejecutivo nacional, la Federación Argentina de Transportistas por Automotor de Pasajeros (FATAP) anunció la interrupción del servicio urbano y suburbano entre las 22 y las 6 en todo el país, al tiempo que condicionó el pago del aguinaldo y los próximos haberes para los trabajadores del sector.
El motivo de la discusión es lo que consideran una concentración desmedida de los subsidios que aporta el Estado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en desmedro del resto de los distritos en el país.
El planteó ameritó reuniones con el Ministerio de Transporte de la Nación, que aceptó la posibilidad de revisar el esquema de distribución de los fondos. En ese debate, las empresas reclaman un presupuesto cercano a las $60.000 millones de pesos, mientras que el Poder Ejecutivo asignó una partida de $38.000 millones en el presente ejercicio.
Ante la falta de avances en la negociación que devino, los empresarios anunciaron una medida en la que proponen dejar de prestar el servicio público, aunque en franjas horarias de menor circulación, esto es, entre las 22 y 6 horas de los días miércoles 29 y jueves 30 de junio. No obstante, la interrupción en la prestación del servicio público concesionado tensa la discusión y empieza a afectar a los usuarios.
Frente a este escenario, dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se expresaron en la misma línea de preocupación en relación al esquema de reparto de los fondos, aunque marcando diferencias respecto de quienes impulsan, en esta ocasión, las medidas de fuerza.
“Esto es un lock out patronal y no fuimos comunicados de que no tendríamos que prestar servicio”, aseveró el dirigente de UTA en Rosario, Sergio Copello, en declaraciones a De 12 a 14 (El Tres).
Por otra parte, tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior de Misiones, también surgieron voces disonantes con la medida impulsada por FATAP.
Pese a ello, el comunicado de los empresarios mostró contundencia.
“La medida es consecuencia de:
1) La publicación de la Resolución MT N°401/22, que asigna al sector un presupuesto de $38.000 millones para el año 2022, a pesar de que existe dictamen favorable de las Comisiones de Transporte y Presupuesto y Hacienda de la H. Cámara de Diputados de la Nación en asignar al sector $59.500 millones por el mismo período.
2) La imposibilidad material de atender salarios, aguinaldos y los costos erogables, tales como combustibles, lubricantes, neumáticos, reparaciones y seguros, elementos todos imprescindibles para mantener operables los servicios.
En efecto, la discusión escaló en las últimas semanas en la Cámara de Diputados de la Nación. Allí la comisión de Transporte recogió el pedido de los legisladores de los distritos afectados. Esto derivó en un proyecto que propone declarar “la emergencia del transporte público de pasajeros por automotor, urbano y suburbano del interior del país”.
El argumento principal es que, según la información de los legisladores de las provincias, la distribución del subsidio al transporte público del interior mantiene una notable brecha entre el AMBA que concentra entre el 85% y 75% de los subsidios, mientras que el resto de las jurisdicciones deben repartirse el 15% o 13% restante.
“Lamentamos los contratiempos que esta medida ocasionará a nuestros usuarios y a la población en general, sin perjuicio de que FATAP continuará incansablemente apelando a la responsabilidad de las autoridades competentes”, finalizaron en su comunicado.
La discusión por los fondos destinados a subsidiar el transporte representa un foco de conflicto paralelo a la problemática por la escasez de gasoil, que ya generado protestas en todo el país.
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