El caso del avión venezolano-iraní muestra limitaciones del Gobierno y lo pone a prueba en el tablero global

El Gobierno parece enfocado en apenas dos puntos frente al desafío que representa el caso del avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza. En principio, trata de minimizar la falta de reacción inicial y la descoordinación entre las áreas de gestión involucradas. Y al mismo tiempo, se preocupa por el impacto mediático local y por la disputa con la oposición. Son lecturas casi mecánicas, como si fuera un episodio más o menos habitual, de cabotaje, con el agregado de una inquietud especial sobre el origen de la información, es decir, las fuentes. Eso iría en línea con su liviana calificación de “novela periodística”. Parece no advertir la prueba que representa en el sensible tablero internacional.

El único registro de ese cuadro tal vez sea el seguimiento de la evolución judicial del caso. Desde el Gobierno, por boca de Aníbal Fernández y Agustín Rossi, buscan restarle trascendencia a todo el episodio, sobre todo a la llamativa integración de la tripulación, con catorce venezolanos y cinco iraníes. Está claro: preocupa la posibilidad de que se afirmen las sospechas de una operación de espionaje o de otra actividad que viole la legislación argentina. Eso tendría no sólo consecuencias judiciales, sino también proyección en el frente externo.

La intención de minimizar el tema es a la vez una señal a la interna: otro síntoma del ensimismamiento doméstico. El kirchnerismo ve el tema como una puesta en escena manipulada desde Estados Unidos. Algunos de sus referentes habrían recibido llamadas de la embajada de Venezuela en un intento de destrabar la situación, de entrada. Se buscaba habilitar la carga de combustible para que el Boeing operado por la venezolana Emtrasur -y antes por la iraní Mahan Air- dejara Ezeiza. Ya nadie quería dar ese paso frente a las sanciones establecidas por Estados Unidos para estos casos.

La respuesta negativa de las empresas petroleras -entre ellas, YPF- asomó como una reacción inmediata. En el Gobierno, habrían existido problemas de conexión entre áreas y cierto vacío en las primeras horas para procesar la información, en términos funcionales y políticos. No sólo se trató del papel de la Agencia Federal de Inteligencia, sino también de problemas de comunicación en la Cancillería: la embajada argentina en Paraguay derivó el alerta inicial por los canales de inteligencia y lo destacó en un muy posterior comunicado, pero sin transitar antes la vía diplomática. Hubo además movimientos internos para deslindar responsabilidades en otras áreas, entre ellos los ministerios de Seguridad y de Transporte.

Para entonces, alguna fuente del Gobierno parecía advertir la necesidad de prestar atención especialmente a la causa judicial, a cargo del cuestionado juez Federico Villena. Pero las declaraciones públicas y las explicaciones informales no consideraban el efecto externo, a pesar de la combinación expuesta por la nave y por su tripulación. Caracas mantenía un bajo perfil oficial. La primera respuesta de Irán había apuntado contra el caso como una “operación de propaganda”.

Las declaraciones del embajador de Estados Unidos y el comunicado de la embajada de Israel, esta semana, hicieron expreso el alcance del foco internacional sobre el Boeing retenido en Ezeiza. La sucesión de esas expresiones sugiere también el sentido de los mensajes.

El embajador Marc Stanley expresó su reconocimiento al accionar de las fuerzas de seguridad y destacó el “gran interés” de Washington en la investigación. Fue preciso: habló del avión y de la tripulación. Mucho más extenso, el comunicado de la embajada de Israel, además de un reconocimiento similar, señaló la “preocupación” por el caso y puso el acento en las empresas áreas iraníes. Sostuvo que existe relación directa con la Fuerza Quds -organización especial de la Guardia Revolucionaria iraní- y vínculos con “acciones terroristas”. Mencionó a Mahan Air y Queshm Fars Air.

Ese último es un dato de relieve por el caso del iraní Gholamreza Gahsemi. Según la información oficial de las autoridades de Paraguay, se trata de un integrante de la Fuerza Quds y no de un homónimo, como sostuvo el ministro de Seguridad. El punto no es la polémica, sino el sentido que le podría imprimir al caso por su impacto político, por su peso en la causa judicial y por su estribación en el frente externo.

Desde Asunción, dijeron que esa información, como era presumible, fue aportada por “agencias aliadas”. Es un eufemismo para referir a Estados Unidos y tal vez a algún aliado de Washington. El juez Villena pidió informes a agencias de Estados Unidos y hará lo mismo con Paraguay.

La historia no se agota en la trama judicial. El calendario juega también: Alberto Fernández logró agendar para fines de julio una bilateral con Joe Biden. La cita demandó un enorme trabajo previo para allanar el camino, como antes para cerrar trato con el FMI y después para desarmar el malestar generado por la visita presidencial a Moscú -y lo dicho allí-, poco antes de la guerra desatada por la invasión de Rusia a Ucrania. El caso del avión repuso el foco en Buenos Aires. Y, claro, concentra también la atención de quienes cultivan líneas con Washington.

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