La deuda del Estado con los fondos de pensiones administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podrían superar los USD 12 mil millones al finalizar 2026, según la proyección del economista César Villalona. Durante una entrevista en YSUCA, sostuvo que esa obligación ejercerá una presión financiera sobre el presupuesto estatal de 2027.
Villalona estimó en USD 3,576 millones los intereses acumulados sobre la deuda estatal con los fondos previsionales entre 2022 y 2026. El economista presentó ese monto a partir de los saldos anuales de la obligación y de una tasa de interés de 7% que, según expuso, el Gobierno debió pagar.
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El economista indicó que la deuda previsional cerró 2022 en USD 8,197 millones y que los intereses de ese año ascendieron a USD 574 millones. Para 2023, situó la deuda en USD 9,495 millones, con intereses de USD 665 millones.
Según su exposición, la deuda con los fondos de pensiones alcanzó USD 10,526 millones en 2024 y generó intereses por USD 737 millones. Para 2025, afirmó que el saldo llegó a USD 11,241 millones y que el 7% de intereses representó USD 787 millones.
Villalona proyectó que la deuda superará los USD 12 mil millones al cierre de 2026 y estimó intereses cercanos a USD 840 millones para ese año. Al enumerar los montos que atribuyó a cada período, afirmó: “Los intereses acumulados son USD 574 millones, USD 665 millones, USD 737 millones, USD 787 millones y USD 840 millones. Eso da USD 3,576 millones”.
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El presupuesto de 2027 y el costo previsional
Villalona sostuvo que el Gobierno no podría incorporar el pago completo de esos intereses acumulados en el presupuesto de 2027. Según dijo, los USD 3,576 millones equivaldrían a más de 30% del presupuesto estatal de 2026, por lo que dudó de que el Ejecutivo pueda asumir esa obligación de una sola vez.
“Es imposible que el año que viene, sencillamente es imposible, el Gobierno diga: ‘Voy a pagar todos estos intereses acumulados’”, afirmó el economista en la entrevista con YSUCA.
El analista explicó que el presupuesto estatal antes incluía una partida denominada costo previsional. Ese rubro reunía las obligaciones derivadas de los préstamos otorgados al Estado por los fondos de pensiones desde 2007, durante la administración de Antonio Saca.
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Según Villalona, el costo previsional dejó de aparecer en los presupuestos desde 2023. Afirmó que tampoco figura en las cuentas de 2024, 2025 y 2026, aunque la deuda con los fondos administrados por las AFP ha seguido aumentando.
El economista consideró que incluso un pago parcial de USD 600 millones o USD 700 millones generaría un problema financiero para el Estado. Mencionó que el Gobierno tendría que buscar recursos mediante recortes en subsidios, empleo público, educación o salud, o a través de un aumento de impuestos.
Las reformas que podrían afectar a trabajadores
Villalona planteó que la futura reforma de pensiones podría modificar parámetros como la edad de jubilación, el número de años requeridos para cotizar y el porcentaje de aporte mensual de trabajadores y empleadores.
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El economista señaló que, de acuerdo con las reglas vigentes que mencionó, en El Salvador, los hombres se jubilan a los 60 años y las mujeres a los 55. También indicó que se requieren 25 años de cotización, equivalentes a 300 meses, para acceder a una pensión.
Entre las posibilidades que expuso, mencionó elevar la edad de retiro, ampliar el período de cotización a 30 años o aumentar el descuento aplicado a los salarios. Sin embargo, cuestionó que esas medidas permitan resolver la deuda estatal con los fondos de pensiones.
“No se va a resolver el problema financiero golpeando los parámetros”, sostuvo Villalona. Como ejemplo, calculó que si 3,500 personas dejaran de jubilarse durante un año por una elevación de la edad de retiro, el efecto financiero sería de poco más de USD 20 millones anuales.
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A juicio del economista, ese monto sería limitado frente a una deuda que superaría los USD 12 mil millones. También afirmó que una mayor cotización reduciría el dinero disponible para los trabajadores, sin solucionar por sí misma las obligaciones que el Estado mantiene con las AFP.
Villalona recordó que la reforma previsional anterior elevó el aporte patronal y las comisiones cobradas por las AFP. Según las cifras que presentó, las ganancias de las administradoras pasaron de USD 17 millones en 2022 a casi USD 40 millones en 2025.
Para 2026, proyectó que esas utilidades podrían acercarse a USD 55 millones. Dijo que las AFP ya acumulaban cerca de USD 30 millones durante los primeros siete meses del año.
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La deuda frente a los ingresos del Estado
Villalona cuestionó que la deuda pública se mida principalmente en relación con el Producto Interno Bruto (PIB). Explicó que el PIB representa el valor de los bienes y servicios generados en un país, pero no equivale a recursos que el Estado pueda utilizar directamente para cubrir sus compromisos.
El economista propuso comparar la deuda con los ingresos corrientes del Gobierno. “¿Con qué tú compararías tu deuda? Yo creo que la compararía con sus ingresos”, planteó durante la entrevista.
Según los datos que citó, la deuda del Gobierno central era de USD 19,054 millones en 2018, mientras los ingresos corrientes fueron de USD 4,953 millones. Con esa relación, sostuvo que el Estado podía cubrir el 26% de su deuda con los ingresos de ese año.
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Para 2024, Villalona situó la deuda del Gobierno central en USD 30,345 millones y los ingresos corrientes en USD 7,733 millones. De acuerdo con su cálculo, esos ingresos equivalían a cerca de 25% de la obligación.

Hasta julio de 2026, afirmó que la recaudación estatal llegaba a USD 5,860 millones y que la deuda del Gobierno central sumaba USD 33,112 millones. Con esa proporción, los ingresos solo permitirían cubrir 17.7% de la deuda. “La deuda está más pesada”, afirmó.
Préstamos para pagar deuda e intereses
Villalona afirmó que entre enero y julio de 2026 el Gobierno recibió desembolsos de préstamos por USD 1,460 millones. En ese mismo período, indicó, pagó USD 1,345 millones por obligaciones de deuda, por lo que la diferencia contable entre ambos movimientos fue de USD 115 millones.
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El economista sostuvo que 92% de los recursos obtenidos a través de nuevos préstamos se destinó al pago de obligaciones previas. Pese a esos pagos, afirmó que la deuda creció USD 1,211 millones hasta julio de 2026.
Según Villalona, 82% de los pagos realizados durante ese período correspondió a intereses. Explicó que esos desembolsos no reducen el capital adeudado, por lo que el Estado sigue adquiriendo deuda mientras destina la mayor parte de los fondos recibidos a atender vencimientos anteriores.

“Más del 90% del endeudamiento es para pagar deuda”, afirmó. El economista describió esa dinámica como un círculo de deuda para pagar deuda, debido a que el Estado obtiene financiamiento, paga obligaciones e intereses y termina con un saldo mayor.
Déficit fiscal, comercio exterior e inversión
De acuerdo a los datos presentados por el economista, el déficit fiscal del país fue de 3.2% del PIB en 2024, aumentó a 3.5% en 2025 y rondaría 3.1% en 2026.
A su juicio, la cifra prevista para 2026 se mantiene cercana a la registrada en 2024. Añadió que el problema financiero del Estado se agrava porque la deuda sigue creciendo, incluso cuando el déficit fiscal se mantiene o muestra variaciones menores.
Sobre el sector externo, señaló que el déficit de cuenta corriente pasó de 2.7% del PIB en 2024 a 3.5% en 2025. Explicó que esa cuenta reúne los ingresos y salidas vinculados con exportaciones, importaciones, servicios y remesas.
Villalona indicó que el déficit de cuenta corriente creció 27% durante el primer trimestre de 2026. Cuando las salidas superan a los ingresos por comercio, servicios y remesas, explicó, el país necesita cubrir la diferencia mediante endeudamiento o inversión extranjera.
El economista afirmó que el déficit comercial de bienes se duplicó entre 2019 y 2025. Hasta agosto de 2026, cifró la diferencia entre importaciones y exportaciones en USD 8,260 millones, un aumento de 13.4% frente al período anterior.
Villalona proyectó que el déficit comercial podría cerrar 2026 cerca de USD 12 mil millones. Como comparación, recordó que ese saldo negativo era de USD 5,699 millones en 2019.
Sobre la inversión extranjera directa, Villalona afirmó que alcanzó USD 826 millones en 2018 y que no volvió a llegar a ese nivel desde 2019. Según dijo, fue de USD 475 millones en 2025 y cayó 40% durante los primeros tres meses de 2026.
El economista reconoció el crecimiento económico de El Salvador y lo atribuyó a los rubros de construcción, transporte y finanzas. En contraste, afirmó que la actividad de enseñanza cayó 0.3% en 2025; agua y alcantarillado, 0.7%; salud humana y asistencia social, 2.5%; y los planes de seguridad social, 3.7%
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