Correo Argentino: revés para Zannini en su pedido para llegar a la Corte y acelerar la quiebra de la empresa de los Macri

La Cámara en lo Comercial rechazó el pedido que había presentado la fiscal Gabriela Boquin y la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), a cargo de Carlos Zannini, en busca de llegar a la Corte Suprema para cuestionar ante el máximo tribunal la suspensión del trámite del proceso de quiebra de Correo Argentino, propiedad de la familia de Mauricio Macri. La decisión se tomó por dos votos a uno, a la hora de desestimar el recurso extraordinario.

Las juezas Matilde Ballerini y María Elsa Uzal conformaron el voto de mayoría contra la opinión de su colega María Guadalupe Vázquez. Vázquez, nombrada el año pasado. El fallo, al que accedió Infobae, rechazó las denuncia de arbitrariedad de los apelantes. A su criterio, “solo se puso de manifiesto una inteligencia distinta a la expresada en la sentencia resistida. El tenor de las refutaciones que se ensayan, muestra por sí mismo que al fallo preceden consideraciones suficientes para sustentarlo, y que no se encuentra fundado en la mera voluntad de los juzgadores”.

Y se añadió: “Parece que tampoco los recurrentes se han hecho cargo de los principales argumentos tenidos en cuenta por la mayoría de este Tribunal al tiempo de resolver la cuestión de la manera en que se lo hizo”. “El discurso de la recurrente procura enjuiciar el proceder de la Alzada, mas no hace sino trasuntar una diversa interpretación de los hechos analizados y de las conclusiones asumidas”. “Si se pretendió una interpretación distinta, se debieron probar los extremos que la fundamenten, pero no se hizo”, dice el voto mayoritario.

“En otras palabras, en la medida en que la resolución de este Tribunal resolvió sobre la procedencia de la suspensión de los plazos, la misma no puso fin al proceso, puesto que no extinguió su tramitación con una declaración de derechos, de manera tal que tampoco puede ser asimilada en sus efectos a una sentencia definitiva”, se añadió.

Todo versa sobre la decisión tomada el 4 de mayo pasado, por dos votos a uno, cuando el 4 de mayo pasado, por dos votos a uno, la Cámara en lo Comercial hizo lugar a frenar todo el expediente a la espera de resolver si la Corte porteña debía revisar los pedidos de recusación contra la fiscal Gabriela Boquín, la jueza Marta Cirulli y la flamante camarista María Guadalupe Vázquez.

En 1997 el entonces presidente Carlos Menem otorgó la concesión del correo a Franco Macri por un plazo de 30 años. Pero a los dos años la empresa entendió que el Estado había incumplido con su parte del acuerdo, entró en crisis y dejó de pagar el canon. En 2001 entró en concurso preventivo. En 2003, el presidente Néstor Kirchner rescindió la concesión y el Estado quedó con varios de los activos de la empresa. La empresa denunció que sólo se le dejaron los pasivos y avanzó con una serie de demandas judiciales, pero el expediente por la situación comercial siguió avanzando sin resolución.

El caso saltó otra vez a la luz publica en el gobierno de Mauricio Macri cuando la empresa hizo una oferta para pagar en cuota la deuda de 2001 y la fiscal comercial Gabriela Boquin aseguró que se trataba de un acuerdo era “abusivo”, con una quita del 98,87 por ciento de la deuda, y que aceptarlo perjudicaba los intereses del Estado. El acuerdo no llegó a concretarse por la oposición fiscal.

En marzo del 2021, en la Justicia comercial, la familia Macri había ofrecido pagar 1.011 millones de pesos de una vez, o lo que la Justicia determine, por la deuda del Correo para evitar la quiebra -a contramarcha de los 300 millones y en cuotas que había hecho en 2016-. Pero Zannini, en nombre del Estado, rechazó la oferta. Desde la perspectiva del Gobierno, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4.500 millones de pesos, un número que la empresa rechaza.

El 5 de julio de 2021, la jueza Marta Cirulli decretó la quiebra, pero dos semanas después la magistrada suspendió provisoriamente la ejecución. La Procuración del Tesoro apeló y además pidió que la quiebra se extendiera a otras empresas de los Macri. El fallo sobre la quiebra está en estudio de la Sala B de la Cámara en lo Comercial, que recientemente resolvió suspender todo el proceso hasta que se resuelva si la Corte porteña es una instancia de apelación

Frente a eso, Zannini sostuvo que debía avanzarse en la ejecución de la quiebra y solicitó llegar con ese planteo a la Corte. “Tras más de 20 años de duración del proceso concursal, la nueva suspensión no puede calificarse más que como un claro caso de denegación de justicia, lo que configura cuestión federal suficiente para habilitar la intervención de la CSJN por la vía del recurso extraordinario federal”, se resaltó. A su turno, la fiscalìa también se quejó porque, a su criterio, se omitió su intervención en el trámite del pedido de suspensión presentado por Socma S.A.

Ambos planteos fueron rechazados por Ballerini y Uzal, al negar que la decisión de suspender el trámite del proceso haya sido “arbitraria”, o genere “gravedad institucional”, presupuestos, junto con la “cuestión federal”, que habilitan el recurso extraordinario, porque, dijeron, no se advierten “cuestiones que excedan el marco de interés individual de las partes y afecten de modo directo al de la comunidad” .En disidencia, la camarista Vásquez hizo lugar a habilitar la llegada a la Corte Suprema por entender que la resolución era “equiparable a sentencia definitiva”

Ahora, los apelantes podrán llegar en queja a la Corte Suprema pero en la empresa celebraron el fallo y volvieron a cuestionar lo que entienden es “la vocación de presión política que el Poder Ejecutivo intenta con la justicia”, dijeron allegados a la firma Correo Argentino SA.

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