El juez Ariel Lijo firmó esta mañana una serie de oficios en el marco de la causa que investiga un presunto desvío de fondos a tres cooperativas vinculadas a ex funcionarios de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el magistrado pidió informes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que administra esos fondos, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), a la AFIP, y a la Inspección General de Justicia (IGJ).
Además de información sobre la constitución de las cooperativas sospechadas, el juez quiere obtener más datos sobre las firmas involucradas y las personas físicas denunciadas.
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Esa causa se inició por una denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lome, que llevó a la Justicia una investigación publicada en el sitio El Disenso.
Según la denuncia, las tres cooperativas involucradas son “De Trabajo La Estrella Limitada”, “De Trabajo Unión de Azul Limitada” y “De Trabajo Progreso Limitada”. En total, habrían recibido unos 535 millones entre 2020 y febrero de este año. Parte de ese dinero se habría desviado a firmas offshore con sede en Miami.
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Además de la intendenta de Quilmes, en esa causa están imputados el ex subsecretario de Hábitat del municipio Sebastián Raspa, que estaría vinculado a la Cooperativa “La Estrella” y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda; Martín Bordalejo, un abogado y ex funcionario de Quilmes que sería titular de sociedades y cuentas off shore; el contador José Alejandro Scozzari; Romina Cangelosi; Alejandro Gandulfo; y Cecilia Soler (Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y ex jefa de Raspa).
La semana pasada, el fiscal Ramiro Gonzalez amplió la imputación contra la intendenta de Quilmes y sumó a otros imputados: Claudio Hernán Carbone (Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Quilmes), Paul Brian O ́Shanghnessy (Subsecretario de Producción y Empleo de la Municipalidad de Quilmes), César Sebastián Daer (ex marido de Mayra Mendoza y actual empleado de la AFIP) y Anabella Galvan, quien trabajaría en la municipalidad de Quilmes.
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Las cooperativas fueron contratadas para brindar los servicios de “recolección de residuos”, “puesta en valor y embellecimiento de los espacios públicos”, “fumigación y control de plagas”, “adquisición de plantas ornamentales”, y “mantenimiento de plazas”, entre otros.
El contador Scozzari -defendido por el estudio de Fernando Burlando- es una pieza clave en la investigación porque aparece en diferentes empresas junto a varios de los ex funcionarios sospechados.
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La diputada de la Coalición Civica, Mónica Frade, detalló en una presentación que Scozzari creó la firma “Sur II SRL”, donde también aparecen el ex marido de Mendoza, Cesar Sebastián Daer, Anabella Galván y Claudio Carbone. Además denunció que recibió por parte de la Municipalidad de Quilmes $ 46.467.034,25 de una contratación por $ 54.450.650,62, “intermediando con la denominación societaria The Wolf Building SA”, a nombre de su hijo.
En tanto, el abogado Dupuy aportó otro dato llamativo sobre “The Wolf Building SA”: “Al hacer público el 14 de abril del corriente año su nuevo emprendimiento inmobiliario de “Cowork/Parking”, lo promocionó con carteles alusivos al gobierno municipal de Quilmes, dado que se trataría de un desarrollo inmobiliario privado”, sostuvo.
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La intendenta de Quilmes también está imputada en una causa abierta en el juzgado federal de Quilmes por una auto denuncia. En ese expediente, que apunta a las contrataciones con las cooperativas de Quilmes, el juez federal de Quilmes Luis Armella ya ordenó varios allanamientos y actualmente se encuentra procesando toda la documentación secuestrada.
Una de la hipótesis es que parte de los fondos se habrían desviado a offshore creadas por los ex funcionarios. De hecho, el sitio El Disenso reveló que “Raspa Investments LLC” y “Borda Investments LLC” habrían sido disueltas, mientras que “SCO Investments LLC” habría eliminado la presencia de Martín Bordalejo como manager de la empresa, siendo la nueva configuración gestionada por una agente conocida como “Wendy Silva”.
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En ese causa, la imputación incluye delitos como defraudación a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos.
El viernes, la intendenta de La Cámpora salió a denunciar una “operación mediática” en su contra. “Con mentiras buscan ensuciarnos y obstaculizar el trabajo que venimos realizando. Esta operación mediática no es la primera ni será la última, por eso quiero sostener este modo de contacto directo con mis vecinos, como cuando nos vemos en las reuniones vecinales”, dijo en un video y en un hilo de Twitter.
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A su vez, desmintió la supuesta fuga de dinero a cuentas en el exterior: “Es falso que la plata de los contribuyentes de Quilmes fue a parar a EE.UU. Yo no tuve ni tengo una cuenta en el exterior. Todos mis bienes están en Argentina y declarados desde el año 2009″.
Luego de ese video, Mendoza recibió el apoyo político del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de otras figuras del camporismo.
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