Movimientos populares feministas protestarán por la falta de políticas asistenciales del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad

Para los movimientos sociales vinculados al Frente de Todos, Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, es una de las “funcionarias que no funcionan”. Así se lo harán saber hoy las principales organizaciones del feminismo popular enroladas a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que se movilizarán hasta las puertas del ministerio, ubicado en Balcarce 186, para exigirle “un programa de fortalecimiento integral para erradicar la violencia de género en zonas rurales y barrios vulnerables”. Un reclamo que ya lleva dos años y hasta ahora la titular de la cartera no dio respuesta. “Sin feminismo popular, no hay ni una menos”, es una de las consignas que se escucharán en la convocatoria.

“Solo recibimos reconocimiento simbólico que no sirve para resolver los problemas que enfrentamos todos los días”, sostienen las organizadoras de la marcha entre las que destacan Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán e integrante de la mesa directiva de la UTEP; y Nora Calandra, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la organización social referenciada en Juan Grabois.

Según la denuncia de las dirigentes sociales, Gómez Alcorta no estaría derivando las partidas necesarias para que las organizaciones “podamos contratar abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales que brinden asistencia a las víctimas de violencia de forma más accesible en los espacios que ya sostenemos en las zonas más pobres del país”, le dijo a Infobae Dina Sánchez, quien explicó que “muchos son refugios que dan alojamiento a las víctimas y sus hijos y que hoy no existen para el Estado”.

Las dirigentes le pedirán a la ministra de Alberto Fernández que “reconozca el trabajo de las promotoras y acompañantes de las víctimas” y llevarán una propuesta en la cual afirman que “con solo el 7% del presupuesto actual del ministerio permitiría acompañar más de 100.000 casos de forma integral”.

No es la primera vez que Gómez Alcorta es cuestionada. El 28 de diciembre de 2021, María Rachid, secretaria de Relaciones Institucionales de la Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans (FALGBT), le escribió una carta al Presidente en la cual le expresaba “preocupación por el triste desempeño del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades en nuestro país. Y decimos ‘triste’ no de manera despectiva, sino porque nos genera una profunda tristeza que un Ministerio, durante tantos años soñado por nuestras organizaciones, no haya dado las respuestas que debería dar, no solo a pesar de la pandemia, sino especialmente en el marco de una pandemia como la que atravesamos en nuestro país y el mundo”.

En el texto, publicado por Infobae, la FALGBT afirmaba que la cartera de Gómez Alcorta “no refleja la diversidad de identidades y organizaciones que componen el movimiento de mujeres y diversidades, no representa la federalidad de nuestro país, no valora el compromiso y trayectoria de muchos de sus militantes e incluso ha dilatado y postergado el debate sobre la incorporación de representantes de las trabajadoras sexuales, algunas de las más afectadas por la pandemia del COVID-19″.

Más cerca en el tiempo, el 2 de marzo de 2022, la oposición la criticó con severidad por un hilo de hilo de Twitter que publicó sobre el ataque sexual que sufrió una joven por parte de seis varones en el barrio porteño de Palermo.

Sobre el aberrante hecho, la ex abogada de la dirigente jujeña Milagro Sala expresó: “Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”.

Desde la presidencia del PRO interpretaron que la funcionaria justificaba la violación en grupo y solicitó su renuncia.

“Ministerio insensible”

Nora Calandra, a cargo de la rama de liberados y liberadas del MTE, le dijo a este medio: “Sentimos que el ministerio no es sensible a los problemas de las últimas de la fila, las villeras, las indígenas, las mujeres en situación de calle, las travas, las presas, y podría seguir”. “Las compañeras que viven en un paraje rural y sufren violencia de género, si no es por las organizaciones sociales, no tienen ningún tipo de acompañamiento. Y nosotras ya no podemos más, venimos sosteniendo nuestros espacios a pura militancia, con dos años de pandemia encima y con crecimiento de la pobreza”, expresó.

Calandra no se explica la razón por la cual los refugios y espacios de contención que sostienen las organizaciones populares no tienen ningún tipo de reconocimiento por parte de la funcionaria.

“Nosotras tenemos tres refugios que asisten a mujeres con sus hijos, que no les pedimos ningún papel para entrar, no tienen fecha de salida, porque entendemos que la vivienda es un tema crucial y tenemos que sostener los espacios a pulmón. No hay ninguna política para esos espacios”, refiere e insiste en que esta no es la primera vez que llevan el reclamo al ministerio creado el 10 de diciembre de 2019.

Según los datos públicos disponibles en el Presupuesto Abierto, en diciembre de 2021 cerró el año con un crédito vigente de $17.580. Hasta fines de noviembre de 2021, había ejecutado solo el 53% de los recursos, una cifra que se elevó al 96,73% al 31 de diciembre de ese año, según los datos del ministerio de Economía.

El crédito presupuestado para el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad era de $6.200 millones. Para septiembre de este mismo año, de acuerdo con un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el crédito vigente había aumentado a $7.900 millones, un 27% más que el crédito original. Para el 1 de diciembre, el presupuesto había ascendido a los $17.580 millones.

Según el mapa del área, del ministerio a cargo de la también abogada, dependen 69 “unidades”, “direcciones”, “secretarías” y “subsecretarías”.

“Desde el ministerio no hay ninguna articulación seria con las promotoras y acompañantes de las mujeres y diversidades que sufren violencia. Para nosotras el ministerio no está llegando y ya no podemos seguir esperando, porque somos las que ponemos el cuerpo, las que recibimos las amenazas, las que hacemos la escucha, las que vamos a la comisaría a cualquier hora para pedir que les tomen la denuncia pero el ministerio no nos acompaña”, destaca Calandra.

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