Tras los cruces internos, Alberto Fernández, Martín Guzmán y Sergio Massa anunciarán mañana modificaciones en el Impuesto a las Ganancias

Después de dos semanas de ruidos internos por los pedidos del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al ministro de Economía, Martín Guzmán, para que se modificaran lo antes posible las categorías del Impuesto a las Ganancias en el contexto inflacionario, el Gobierno buscó unificar criterios y, aunque entre fuertes tironeos, logró un acuerdo que se anunciará en conjunto mañana, con presencia de Alberto Fernández y el miembro titular de la CGT, Héctor Daer.

El acto de anuncio será a las 11.30, en la Casa Rosada, informaron fuentes oficiales, aunque evitaron adelantar cuáles serán los montos, las fechas y las escalas que se acordaron. Massa viene presionando, desde el Congreso, para que se avance rápido con suba de la deducción especial, y quiere que sea de $275.000 desde junio, antes del pago del aguinaldo. Había dado el primer paso en este sentido hace dos semanas, al enviar una nota al ministro -que también hizo pública-, notificándolo sobre la necesidad de hacer la actualización de manera veloz en el marco inflacionario. Hoy, las proyecciones ubican el índice anual para el 2022 en torno al 80 por ciento.

En aquella carta, el titular de la Cámara baja había indicado que “según estimaciones de los equipos técnicos de Diputados, el nuevo piso pasaría de $225.937 a $265.000 de remuneración bruta, determinado en base a la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), teniendo en cuenta las actualizaciones salariales acordadas por los trabajadores durante este año”.

Aquel mensaje provocó malestar en Economía: dos horas después del publicitado reclamo, Guzmán respondió que la modificación de las escalas del gravamen era “obvia”, y que la llevaría a cabo de acuerdo a los tiempos que él mismo estimara.

Ante la demora, Massa fue más allá y hoy amenazó con presentar un proyecto de ley en el ámbito legislativo en caso de que el Ejecutivo no avanzara con una modificación por decreto. Y no sólo eso. Frente a la falta de respuesta, pidió que el piso pase a $ 275.000 mensuales, una cifra que estaba prevista, recién, para enero del año próximo.

Después del redoble de la presión hubo tensos tironeos con Economía, en los que tuvo que interceder el Presidente para calmar las aguas. Finalmente llegaron a un entendimiento, aunque los términos y los detalles sólo serán revelados mañana en el acto oficial.

De todas formas, los encontronazos no fueron gratuitos y agregaron tensión al aire denso que se respira en el Frente de Todos. Tanto en Economía como en la Casa Rosada están molestos con la actitud del Frente Renovador -tercera “pata” de la coalición- por haber hecho las apreciaciones de manera pública. “No fue un aporte de bien, como él dice. Fue un apriete para sacar ventaja”, dijo un funcionario muy cercano a Alberto Fernández en referencia a Massa, este mediodía, durante una conversación privada sobre la disputa.

El “alivio fiscal” es uno de los principales caballitos de batalla del tigrense en sus planes políticos para 2023 (aunque aún no están claros). Massa insistía desde hace semanas en que había que adelantar seis meses la decisión -que está en manos del Poder Ejecutivo por facultad delegada del Congreso Nacional- para que los aumentos salariales recientes no sean absorbidos por el fisco. Hoy parece haber ganado la batalla que, en este caso, coincidió con las exigencias que le hacen a Guzmán, aunque con mayor belicosidad, desde el kirchnerismo.

Sin ir más lejos, hace doce días el titular de La Cámpora, Máximo Kirchner, había apoyado el reclamo de Massa por Ganancias, durante un discurso en un acto partidario que estuvo cargado de críticas contra Guzmán, en Lanús, por la supuesta falta de cuidado del poder adquisitivo. Tanto el presidente de Diputados, como el hijo de Cristina Kirchner y la propia Cristina Kirchner presionan interna y públicamente al Presidente y a su ministro para que tome medidas para resguardar el bolsillo de los ciudadanos. En parte, para mantener la cohesión social, pero también -lo admiten sólo en privado-, para cuidar la consideración pública de cara a las próximas elecciones.

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